En el 8M se cantó en “dominicano”, Feministas desmienten a Ministra y exigen dejar de distraer y atender la deuda histórica con las mujeres
Santo Domingo, 13 de marzo de 2025,-Las organizaciones y colectivos feministas, y defensores de derechos humanos que convocaron la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Parque Independencia rechazan las afirmaciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien en declaraciones sugiere que la actividad realizada por el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no respetó un “espacio de un gran valor histórico y simbólico para nuestro país” y afirmó que “en situaciones como estas, los organismos encargados del orden público deben tomar decisiones en tiempo real” y deben garantizar ‘‘la preservación del respeto y la seguridad de estos lugares solemnes’’.
Según las organizaciones, estas declaraciones desvían la atención del abuso de autoridad y la discriminación racial, y justificarían las actuaciones violatorias de derechos humanos cometidas por agentes de la Policía Nacional durante el evento.
"El Parque Independencia es un espacio público donde históricamente se han celebrado actos de reivindicación de derechos y expresiones culturales dominicanas. Pretender que la conmemoración del 8 de marzo es una falta de respeto es una manipulación inaceptable para justificar la censura y la represión policial", manifestaron las organizaciones en un comunicado.
Durante la actividad, mientras se interpretaba, en español, la canción "Aguacero, agua" por Corina y su grupo de Salve, los agentes identificados como Ramírez L. y Araujo C. desconectaron arbitrariamente los equipos de sonido, alegando de manera errónea y prejuiciada que la interpretación era en creole haitiano y, por tanto, inadmisible.
“Este acto no solo interrumpió una expresión cultural dominicana y completamente en español, sino que demostró un grave sesgo racial y xenófobo, desconociendo el valor patrimonial de la salve como género musical dominicano y patrimonio de la humanidad”, manifestaron las organizaciones en un comunicado.
Las organizaciones denunciantes recordaron que esta acción vulnera derechos fundamentales garantizados en la Constitución de la República Dominicana, tales como la libertad de expresión (artículo 49), el derecho a la reunión pacífica (artículo 45), la prohibición de la discriminación por origen nacional, raza o idioma (artículo 39), el derecho a la cultura (artículo 64), el derecho de las mujeres y personas defensoras de derechos humanos a una vida libre de violencia (artículo 42), el derecho a que la Policía Nacional salvaguarde la seguridad ciudadana, proteja el libre ejercicio de los derechos de las personas y garantice la convivencia pacífica (artículo 255).
Las organizaciones señalaron que este incidente no es aislado, ya que ambos agentes han sido denunciados previamente por impedir actividades del 25 de noviembre y de la comunidad LGBTIQ+. "No podemos seguir permitiendo que el abuso de poder y la discriminación racial sigan siendo prácticas comunes dentro de las fuerzas del orden", expresaron.
Este incidente evidencia no solo la xenofobia y el racismo institucional, sino también la misoginia que permea la política en nuestro país. Las mujeres que alzan su voz y defienden sus derechos son deslegitimadas, censuradas e incluso víctimas de intimidación y violencia estatal.
Las expresiones culturales de los pueblos no son, ni serán nunca, un irrespeto a los fundadores de la Patria. Por el contrario, son el legado vivo de nuestra identidad. Los Padres de la Patria lucharon por la libertad, no por imponer silencios. La Salve, patrimonio dominicano, cantada en español el 8M, honra parte de nuestras raíces y reclama la misma justicia que ellos defendieron: una donde la policía no confunda herencia cultural con amenaza, ni abuse de su autoridad.
Finalmente, instaron a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, a generar espacios efectivos de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y la institución; así como a tomar acciones concretas para garantizar que el discurso de odio y la violencia institucional sean erradicados.