Santo Domingo.– La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresaron preocupación ante lo que califican como una tendencia de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a facilitar espacios dentro de áreas protegidas para proyectos e inversiones privadas.

Las entidades identificaron tres casos que, a su juicio, reflejan esta situación: el Parque Nacional Valle Nuevo, el Monumento Natural Cabo Samaná y el Monumento Natural Isla Catalina.

En el caso de Valle Nuevo, cuestionaron que instalaciones y facilidades de uso público construidas con fondos estatales hayan sido entregadas para su administración a un gestor privado sin que, según afirman, se hayan ofrecido suficientes explicaciones públicas sobre las condiciones y el proceso mediante el cual se realizó la negociación.

Asimismo, manifestaron preocupación por el reciente plan de manejo del Monumento Natural Cabo Samaná, al considerar que contempla la posibilidad de desarrollar construcciones e infraestructuras privadas con fines comerciales dentro de la zona núcleo del área protegida.

Las comisiones señalaron además que la propuesta de zonificación de la zona de amortiguamiento entraría en contradicción con la Resolución núm. 0010/2018 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece los usos permitidos en esa zona y que, según las entidades, permanece vigente.

Cuestionan intervención en Isla Catalina

Otro de los casos señalados corresponde al Monumento Natural Isla Catalina, donde, según denunciaron, se ha anunciado una transformación destinada a actividades hoteleras y facilidades turísticas mediante inversión privada.

Las entidades afirmaron desconocer los detalles de la intervención y cuestionaron que las informaciones hayan trascendido cuando el proyecto estaría en una etapa avanzada.

Reclaman cumplimiento de la legislación ambiental

La Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD advirtieron que las actuaciones señaladas podrían contravenir disposiciones de la Constitución dominicana y de la Ley núm. 202-04 sobre Áreas Protegidas.

Recordaron que la legislación establece que las áreas protegidas y los ecosistemas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas constituyen bienes patrimoniales de la nación.

Ante esta situación, reclamaron el cumplimiento de la Constitución y la legislación ambiental, así como la protección del patrimonio natural y cultural del país.

Finalmente, solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ofrecer una explicación pública y detallada sobre los procesos relacionados con Valle Nuevo, Cabo Samaná e Isla Catalina, incluyendo los criterios, procedimientos y condiciones bajo los cuales se han promovido o autorizado las intervenciones señaladas.

Las entidades reiteraron que las áreas protegidas constituyen un patrimonio colectivo y que su manejo debe garantizar su conservación para las presentes y futuras generaciones.