Santo Domingo, R.D. – En camino a poner fin a una de las páginas más oscuras de la democracia y del sistema penitenciario dominicano, el Gobierno dio inicio al proceso de levantamiento técnico que marca el comienzo del cierre definitivo del Centro Penitenciario de La Victoria.
La comitiva estuvo conformada por ingenieros, arquitectos, agrimensores, especialistas en infraestructura y personal electromecánico que forman parte de los equipos técnicos de la Oficina Presidencial de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) y del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), así como por representantes de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE).
La delegación fue recibida por funcionarios del Sistema Penitenciario, quienes ofrecieron las explicaciones correspondientes y guiaron el recorrido por las áreas a intervenir, evaluación que permitirá identificar qué estructuras son rescatables y cuáles deben ser demolidas, como parte de una estrategia integral que da paso a la transformación definitiva del sistema penitenciario.
Como resultado del levantamiento, se proyecta el diseño de un nuevo centro penitenciario de menor escala, destinado exclusivamente a internos preventivos, bajo los estándares del modelo reformado. Este centro será operado por personal civil capacitado por el Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (INSEEPENC), antes conocido como Escuela Penitenciaria.
Este proceso coincide con la evaluación y futura reubicación de un segmento de la población interna de La Victoria al Centro Penitenciario Las Parras, próximo a ser inaugurado con una capacidad para 2,400 privados de libertad, lo que constituye un paso decisivo para reducir el hacinamiento y las condiciones inhumanas que han caracterizado históricamente a La Victoria.
El inicio de este proceso representa un avance trascendental para la República Dominicana en su camino hacia una reforma penitenciaria estable y orientada a la rehabilitación, que deje atrás décadas de inseguridad, hacinamiento, abandono y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, así como de irrespeto a las víctimas, es la meta consignada como la prioridad principal del próximo Ministerio de Justicia.