Por José Luis Ortiz Güell

Ortega no destruyó la democracia de un día para otro. La fue desmontando pieza a pieza, hasta conseguir que el poder pudiera presentarse como ley. Y ahora Nicaragua se enfrenta a la pregunta más difícil: cómo recuperar la libertad sin convertir la libertad en otra tragedia.

Hay países donde las democracias mueren entre disparos. Hay países donde mueren mucho más despacio.

Mueren en una reforma constitucional. En una ley aparentemente técnica. En una institución que deja de ser independiente. En un juez que aprende a obedecer. En un periodista que aprende a callar. En un ciudadano que descubre que puede votar, pero que su voto ya no puede cambiar el poder.

Nicaragua pertenece a esa segunda categoría.

La historia de Daniel Ortega es, precisamente por eso, mucho más inquietante que la de un simple gobernante que llegó al poder y decidió no abandonarlo. Es una historia que quizás pueda servir también de advertencia para otras democracias de Occidente y de la vieja Europa.

Porque Ortega conoció la democracia y también la dictadura.

En 1979 contribuyó a derribar la dictadura de Anastasio Somoza. Décadas después regresó a la Presidencia y, desde 2007, fue construyendo un sistema en el que la alternancia, la separación de poderes y la oposición fueron perdiendo progresivamente espacio.

La paradoja es extraordinaria: el hombre que ayudó a terminar con una dictadura acabó construyendo un sistema que ya no necesita una dictadura clásica para impedir que el poder cambie de manos.

Ese es el verdadero drama nicaragüense. No solamente que un hombre tenga demasiado poder, sino que el poder haya aprendido a vaciar la democracia.

Las dictaduras tradicionales suelen cerrar parlamentos, suspender constituciones y prohibir elecciones. Las nuevas formas de autoritarismo pueden ser mucho más sofisticadas.

Mantienen las palabras. Conservan las instituciones. Celebran ceremonias. Promulgan leyes.

Y, mientras tanto, modifican las reglas hasta que las instituciones dejan de cumplir la función para la que fueron creadas.

La reforma constitucional aprobada en 2025 profundizó la concentración del poder. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que los cambios aumentaban la concentración del poder en la Presidencia y debilitaban los mecanismos de control institucional.

Cuando el Estado comienza a confundirse con una familia, la alternancia deja de ser únicamente una cuestión electoral. Se convierte en una cuestión de supervivencia del propio sistema.

Y entonces aparece una pregunta que debería inquietar a cualquier demócrata:

¿Qué ocurre cuando un Gobierno deja de concebirse como temporal?

La respuesta es clara: el poder comienza a considerarse propietario del Estado y el ciudadano deja de ser soberano para convertirse en administrado.

Abril de 2018

La historia reciente de Nicaragua no puede entenderse sin abril de 2018.

Las protestas comenzaron después de las reformas al sistema de seguridad social, pero rápidamente se transformaron en una protesta política mucho más amplia.

Organismos internacionales documentaron graves violaciones de derechos humanos relacionadas con la respuesta estatal a aquellas protestas, incluyendo uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y denuncias de tortura.

Una sociedad puede soportar una mala ley e incluso un mal gobierno. Lo que resulta mucho más difícil de soportar es descubrir que manifestarse puede tener un precio que afecte la libertad, el trabajo, la familia o incluso el derecho a permanecer en el propio país.

A partir de entonces, el miedo comenzó a convertirse en una institución invisible.

Naciones Unidas ha documentado posteriormente expulsiones, privaciones de nacionalidad, confiscaciones y otras formas de persecución contra opositores y voces críticas.

Así se construye una sociedad silenciosa. No porque todos estén de acuerdo, sino porque demasiados han aprendido el precio del desacuerdo.

Nicaragua no necesita otra guerra

No se trata de llamar a los militares a rebelarse.

No se trata de enfrentar soldados contra ciudadanos.

El Ejército y los ciudadanos se deben a la Constitución, a la democracia y a sus instituciones. El Estado permanece y los gobiernos pasan.

Esta idea puede convertirse en una de las claves para una futura reconstrucción democrática de Nicaragua.

Las democracias no deben tener miedo a las elecciones libres.

Nicaragua no necesita otra guerra. No necesita que los ciudadanos salgan a enfrentarse con el Ejército. No necesita violencia. No necesita más mártires.

Necesita ciudadanos que vuelvan a creer que el país les pertenece.

La recuperación democrática comienza mucho antes de que aparezca una urna.

Comienza cuando una sociedad vuelve a distinguir entre Gobierno y Estado; entre patria y partido; entre obediencia y servidumbre; entre autoridad y autoritarismo; entre seguridad y miedo.

Y comienza cuando el ciudadano comprende que la democracia no consiste únicamente en introducir una papeleta en una urna cada cierto número de años.

Consiste en poder hablar, organizarse, discrepar, estudiar, informar, rezar, votar y hasta perder elecciones.

El día después

Cuando Ortega ya no esté en el poder quedará una sociedad que necesitará tiempo para reconciliarse.

Habrá que reconstruir instituciones, tribunales, universidades, medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones civiles.

Pero, sobre todo, habrá que reconstruir la confianza de un ciudadano que durante años ha aprendido que hablar demasiado puede costarle demasiado.

La ironía de la historia es evidente: Daniel Ortega llegó al poder después de haber contribuido a derrotar una dictadura y terminó encabezando un sistema caracterizado por una profunda concentración del poder.

Después de casi dos décadas consecutivas en la Presidencia, el deterioro de los contrapesos institucionales obliga a preguntarse por las condiciones en las que podrían celebrarse unas futuras elecciones realmente competitivas.

Las democracias no mueren solamente cuando los dictadores toman el poder. También pueden morir cuando una sociedad acepta que quienes gobiernan cambien las reglas hasta hacer prácticamente imposible cambiar al Gobierno.

El objetivo debería ser que un ciudadano pueda mirar a un soldado sin verlo como enemigo; que un soldado pueda mirar a un ciudadano sin verlo como amenaza; y que ambos puedan mirar la Constitución como el territorio común que está por encima de cualquier Gobierno.

Porque el poder pertenece al pueblo y no a quien consigue conservarlo.

Y cuando llegue ese día, la pregunta decisiva no será quién ganó.

Será algo mucho más sencillo:

¿Hemos aprendido, por fin, que ningún gobernante tiene derecho a convertir un país en su propiedad?

El exilio como fuerza para reconstruir Nicaragua

Miles de nicaragüenses han tenido que abandonar su país durante estos años. Entre ellos hay profesionales, empresarios, médicos, ingenieros, maestros, periodistas, investigadores, trabajadores, estudiantes y familias enteras.

Esa diáspora ha acumulado conocimientos, experiencia profesional y vínculos internacionales que algún día podrían convertirse en una extraordinaria reserva humana para la reconstrucción nacional.

La propuesta que podría encabezar Ariel Montoya parte precisamente de esa idea: contemplar el exilio no como una población perdida, sino como una nación exterior que conserva parte del capital humano que Nicaragua necesitará para levantarse.

Pero pedirles que regresen exigiría ofrecerles un país al que merezca la pena regresar: seguridad jurídica, propiedad protegida por la ley, independencia judicial, libertad de prensa, universidades abiertas, inversión nacional y extranjera y recuperación de la sanidad y la educación.

Sobre todo, un Estado capaz de garantizar que nadie vuelva a ser perseguido por sus ideas.

En ese momento Nicaragua no tendría que comenzar de cero. Podría recuperar parte del tiempo que le fue arrebatado.

Dos años para comenzar una reconstrucción nacional

Un Gobierno democrático de transición podría convocar un gran pacto nacional con empresarios, trabajadores, universidades, iglesias, organizaciones civiles, municipios, Fuerzas Armadas profesionales y, especialmente, con la diáspora.

Durante los primeros cien días habría que comenzar a reconstruir las instituciones.

Durante el primer año, recuperar la seguridad jurídica, atraer inversión, reabrir plenamente el espacio cívico e impulsar programas de empleo, vivienda, educación y sanidad.

Durante el segundo, avanzar hacia una Nicaragua abierta a la inversión, al conocimiento y al retorno de quienes tuvieron que marcharse.

El objetivo no debería ser simplemente volver a ser lo que éramos.

Nicaragua no puede permitirse regresar al pasado.

El objetivo tendría que ser más ambicioso: recuperar en el menor tiempo posible las oportunidades que años de autoritarismo, crisis y pobreza impidieron desarrollar.

Que un joven vuelva a creer que puede construir su vida en Managua sin tener que emigrar.

Que un médico pueda regresar. Que un empresario vuelva a invertir. Que un profesor pueda enseñar libremente. Que un agricultor tenga acceso al crédito. Que una familia pueda recuperar su hogar.

Que un exiliado pueda cruzar nuevamente la frontera y sentir que no está entrando en el país del que huyó, sino en el país que ayudó a reconstruir.

Porque quizá la mayor derrota de una dictadura no sea simplemente perder el poder.

Quizá sea contemplar cómo aquellos a quienes obligó a marcharse regresan con sus conocimientos, su trabajo y su esperanza para demostrar que una nación puede perder años de su historia y, sin embargo, recuperar su futuro.