Jueces de corte y un representante del Ministerio Público analizaron los principales desafíos de la reforma penal durante el I Seminario Nacional ADOCCO. Advirtieron sobre la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la fundamentación de las penas y garantizar los derechos de las partes.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — La aplicación del nuevo Código Penal dominicano plantea importantes desafíos para el sistema de justicia, especialmente en materia de capacitación judicial, calidad de las investigaciones, disponibilidad de recursos y determinación de las penas, según expusieron jueces de corte y un representante del Ministerio Público durante el I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).

Los planteamientos surgieron durante el Diálogo de la Justicia, celebrado como parte del seminario realizado el 30 de septiembre de 2026 en el Hotel Catalonia Santo Domingo.

En el conversatorio participaron Ysis Muñiz Almonte, Francisco Rodríguez, Rosanna Isabel Vásquez Febrillet y Daniel Julio Nolasco Olivo, bajo la moderación de Freddy Ángel Castro.

Los especialistas abordaron temas como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las dificultades de las investigaciones, la imposición de sanciones y el aprovechamiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Ysis Muñiz: la reforma exige un cambio de mentalidad

Ysis Muñiz Almonte planteó que la nueva legislación representa una transformación que va más allá de la modificación de las disposiciones legales.

«Nosotros no estamos frente a un simple cambio normativo. Esto no es una transición meramente técnica», expresó.

La magistrada sostuvo que la reforma requiere una nueva manera de comprender e interpretar el derecho penal, particularmente ante figuras jurídicas que introducen desafíos para los operadores del sistema.

Durante su intervención, examinó la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir del concepto de defecto de organización, entendido como la ausencia de medidas suficientes de dirección, control y supervisión para prevenir delitos cometidos en nombre o beneficio de una entidad.

También presentó argumentos a favor y en contra de responsabilizar penalmente a una persona jurídica sin que necesariamente se haya identificado a la persona física que ejecutó la conducta.

Explicó que el debate involucra principios fundamentales como la personalidad de las penas, la culpabilidad y el derecho de defensa.

Muñiz Almonte consideró que el Tribunal Constitucional tendrá un papel relevante en el examen de estas cuestiones.

Francisco Rodríguez pide fortalecer las investigaciones del Ministerio Público

Francisco Rodríguez sostuvo que la efectividad de la reforma penal dependerá, en gran medida, de la capacidad del Ministerio Público para desarrollar investigaciones sólidas, reunir pruebas y sustentar adecuadamente las imputaciones.

Destacó que los fiscales deben conocer en profundidad las nuevas disposiciones y contar con el apoyo de profesionales especializados en diferentes disciplinas.

Entre ellos mencionó contables, economistas y peritos forenses, cuya participación puede resultar determinante en investigaciones de mayor complejidad.

Rodríguez advirtió que «el aspecto de recursos» requiere atención especial, debido a que el Ministerio Público necesita medios suficientes para responder a las exigencias de la legislación y a las expectativas de la sociedad.

Consideró que el fortalecimiento institucional también debe abarcar la organización interna, la definición de lineamientos y la coordinación oportuna con las entidades que suministran información para las investigaciones.

Asimismo, defendió la formación continua de los fiscales y la disponibilidad de los elementos necesarios para procesar los casos dentro de los plazos correspondientes.

Vásquez Febrillet reclama mayor rigor en la imposición de las penas

Rosanna Isabel Vásquez Febrillet destacó los desafíos relacionados con la aplicación de las normas penales en el tiempo y la necesidad de determinar cuidadosamente cuáles disposiciones corresponden a cada caso.

La magistrada explicó que la coexistencia de situaciones sometidas a diferentes regímenes normativos obliga a jueces, fiscales y abogados a mantener una preparación permanente.

Uno de los aspectos que consideró prioritarios fue la fundamentación de las penas, etapa que, a su juicio, exige un análisis específico y detallado.

«Ahora tendremos que ser más acuciosos, minuciosos», expresó al referirse a las nuevas exigencias, particularmente en materia de acumulación de penas.

Vásquez Febrillet también valoró la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y exhortó a las organizaciones a establecer protocolos de supervisión, verificación y monitoreo para prevenir conductas ilícitas.

Asimismo, resaltó la importancia del control de constitucionalidad en el examen de las nuevas disposiciones penales.

Nolasco Olivo propone fortalecer las soluciones alternativas al litigio

Daniel Julio Nolasco Olivo defendió una mayor utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para reducir la sobrecarga del sistema judicial y ofrecer respuestas más oportunas.

Durante su intervención, cuestionó la existencia de una cultura profesional centrada predominantemente en el litigio, que puede prolongar innecesariamente los procesos.

A su juicio, esa práctica contribuye a la congestión de los tribunales y puede afectar la confianza ciudadana en la administración de justicia.

Consideró que ampliar el uso de acuerdos y otras vías alternativas, cuando legalmente correspondan, permitiría alcanzar soluciones más ágiles y reducir la acumulación de expedientes.

ADOCCO promueve debate sobre calidad y eficacia de la justicia

El conversatorio fue moderado por Freddy Ángel Castro, quien planteó interrogantes sobre la extensión de los expedientes, el cumplimiento de los plazos procesales y el papel de los jueces frente a los acuerdos entre las partes.

Sus intervenciones estimularon el debate sobre la calidad de las investigaciones y la necesidad de que las respuestas judiciales sean oportunas y estén debidamente fundamentadas.

El encuentro puso de manifiesto que la implementación de la reforma penal no dependerá exclusivamente del contenido de la legislación.

Según los participantes, también será necesario fortalecer las capacidades técnicas de jueces, fiscales y demás actores del sistema, garantizar recursos suficientes y aplicar las nuevas disposiciones con rigor y respeto a las garantías procesales.

El Diálogo de la Justicia formó parte del I Seminario Nacional ADOCCO, desarrollado como espacio de reflexión sobre los cambios legales y los retos institucionales que enfrenta la administración de justicia en República Dominicana.

Fuente: Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).