Santo Domingo, RD. — La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) destacó la importancia de que la implementación del nuevo Código Penal contribuya al fortalecimiento de la seguridad jurídica, la institucionalidad y la competencia leal, al tiempo que llamó al sector empresarial a prepararse ante las nuevas responsabilidades que introduce la legislación.
El planteamiento fue realizado durante el Encuentro Industrial “Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, organizado por la AIRD, con la participación de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y representantes del sector industrial y empresarial.
Durante las palabras de apertura, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, afirmó que la entrada en vigor del nuevo Código Penal constituye uno de los cambios institucionales más importantes de los últimos años, al sustituir una legislación concebida hace más de un siglo.
Brache señaló que, desde la perspectiva empresarial, la reforma requiere especial atención porque las empresas necesitan operar bajo reglas claras y dentro de un Estado de derecho que aplique la ley de manera previsible, proporcional y respetando el debido proceso.
“La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir”, expresó.
Responsabilidad penal de las empresas
Uno de los cambios destacados durante el encuentro fue la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que introduce una nueva dimensión en la gestión empresarial relacionada con el riesgo penal.
Brache explicó que las empresas tradicionalmente han gestionado aspectos regulatorios, tributarios, laborales, ambientales, societarios y financieros, pero que el nuevo marco concede mayor importancia a los deberes de organización, dirección, control y supervisión.
En ese contexto, sostuvo que los programas de cumplimiento deben trascender la existencia de manuales y protocolos.
“No basta con manuales, códigos o protocolos. Se requiere identificar riesgos, establecer controles, capacitar al personal, disponer de mecanismos de denuncia, investigar posibles irregularidades y documentar adecuadamente los procesos”, sostuvo.
A su juicio, el cumplimiento debe convertirse en una parte integral de la cultura empresarial.
Procuradora destaca cambios del nuevo Código Penal
De su lado, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso definió el nuevo Código Penal como un hito para la modernización del sistema de justicia dominicano.
La funcionaria destacó que la legislación incorpora nuevas herramientas jurídicas y fortalece los derechos y garantías de las personas jurídicas.
Reynoso señaló además que el Ministerio Público ha desarrollado durante más de un año un proceso de capacitación y formación continua de los fiscales para prepararlos ante las exigencias del nuevo marco normativo.
La procuradora reconoció que toda legislación puede ser mejorada, pero calificó el nuevo Código Penal como una pieza importante para la modernización del sistema de justicia.
Protección del buen nombre de las empresas
Durante su intervención, Reynoso también destacó el reconocimiento de derechos fundamentales a las personas jurídicas.
Recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido jurisprudencia sobre el derecho de las empresas al buen nombre, por lo que estas pueden acudir a los tribunales cuando sean afectadas por acciones que lesionen su reputación comercial.
Según explicó, el nuevo marco contempla mecanismos para proteger a las empresas frente a daños derivados de campañas maliciosas que puedan afectar significativamente su posición en el mercado.
Programas de cumplimiento y responsabilidad penal
La procuradora explicó que las empresas pueden responder penalmente cuando se cometa un delito en su beneficio o interés como consecuencia de fallas en los deberes de dirección, control o supervisión.
Al mismo tiempo, señaló que la legislación contempla eximentes y atenuantes vinculados con los programas de cumplimiento, siempre que las organizaciones puedan demostrar la existencia de controles, mecanismos de prevención, una cultura laboral adecuada y capacidad de reacción ante posibles irregularidades.
Reynoso también destacó el principio de culpabilidad y sostuvo que tanto las personas físicas como las jurídicas deben actuar con dolo o culpa para que pueda configurarse responsabilidad penal.
El nuevo Código Penal, agregó, incorpora 70 nuevas tipificaciones delictivas, además de reforzar figuras ya existentes.
Empresas enfrentan un nuevo escenario
Brache reconoció que una reforma de esta magnitud genera interrogantes para las organizaciones productivas.
Entre las inquietudes mencionó la forma en que será aplicada la responsabilidad penal de las empresas, las obligaciones de sus órganos de dirección, los estándares de cumplimiento exigibles y la manera en que se determinará si una organización cuenta con controles suficientes.
También planteó la necesidad de establecer cómo funcionará este régimen para las pequeñas y medianas empresas.
Para la AIRD, estas interrogantes hacen necesario mantener espacios de diálogo entre las autoridades y el sector productivo, con el propósito de que las empresas conozcan sus nuevas responsabilidades y puedan prepararse adecuadamente.
Brache reiteró que la implementación de la legislación debe estar acompañada de información, prevención, orientación y diálogo.
“Ese es el país que queremos seguir construyendo: con instituciones fuertes, empresas responsables, competencia leal y confianza para invertir y producir”, afirmó.
El encuentro incluyó un panel conducido por el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, durante el cual la procuradora general respondió preguntas e inquietudes planteadas por representantes del sector industrial.