Por Ariel Montoya

En 2021, durante la Conferencia Anual Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, organizada por el condado de Miami-Dade y la Universidad Internacional de Florida (FIU), conversé con Roberto d’Aubuisson, entonces alcalde de Santa Tecla, El Salvador. Le pregunté sobre la posibilidad de una ruptura diplomática con Nicaragua después de la brutal represión contra los opositores al régimen de Daniel Ortega durante la insurrección de 2018.

—Eso es imposible —me respondió tajantemente.

El dirigente de ARENA argumentó que la relación comercial entre ambos países hacía inviable una ruptura.

Aquella respuesta resume una realidad que todavía persiste: para buena parte de los gobiernos centroamericanos, los intereses económicos parecen pesar más que las violaciones a los derechos humanos y los atropellos contra el Estado de derecho cometidos por la dictadura sandinista.

Así piensan también empresarios, alcaldes y hombres de negocios en toda la región. Pesan más los granos básicos, las manufacturas, la carne y otros productos nicaragüenses que la sangre derramada durante esta prolongada tragedia nacional.

Hay una pregunta que los gobiernos centroamericanos prefieren evitar: ¿cuánto vale para Honduras y El Salvador la libertad de un pueblo sometido a una dictadura?

Nicaragua vive bajo un régimen represivo encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, hoy autodenominados copresidentes. Prisioneros políticos, exilio, persecución, confiscaciones, cierre de organizaciones y restricciones a las libertades públicas y de prensa forman parte de una realidad inocultable.

Mientras miles de nicaragüenses han sido forzados al exilio, Centroamérica continúa haciendo negocios con Managua como si se tratara de un gobierno democrático más.

En 2024, Nicaragua exportó aproximadamente US$476.3 millones a El Salvador y US$410.9 millones a Honduras, según datos de comercio internacional. En conjunto, son casi US$900 millones en mercancías. No son simples operaciones comerciales: detrás están empresas, empleos, consumidores, cadenas de suministro y mercados. Ahí comienza el dilema moral.

Honduras y El Salvador se presentan ante el mundo como gobiernos democráticos. Nasry Asfura gobierna Honduras desde una plataforma política distinta al orteguismo, mientras Nayib Bukele ha construido una poderosa imagen internacional de liderazgo y ruptura con la política tradicional, aunque ya fuertemente cuestionada por la oposición real, por su pose dual y su estridencia autopublicitaria.

Mantener relaciones diplomáticas con Nicaragua no constituye, por sí mismo, complicidad. Los Estados mantienen vínculos incluso con gobiernos autoritarios. El problema surge cuando los intereses comerciales se convierten en una razón para guardar silencio ante la represión.

Debería existir una línea roja y llamarse Nicaragua.

La historia ofrece una advertencia. Durante el primer período sandinista, entre 1979 y 1990, Nicaragua quedó atrapada en una guerra, polarización internacional y justificado aislamiento económico. La pérdida de crédito, las políticas erráticas de los nueve comandantes y el conflicto geopolítico terminaron golpeando la producción, el empleo y el nivel de vida.

Hoy Nicaragua no está comercialmente aislada. El régimen ha conseguido combinar represión política con una economía que mantiene importantes vínculos comerciales internacionales (asociación con los compadres de la élite empresarial).

En 2024, las exportaciones totales de mercancías y zona franca alcanzaron aproximadamente US$7,717.2 millones. El Salvador y Honduras figuran entre los principales mercados centroamericanos para los productos nicaragüenses.

Ese ha sido uno de los triunfos silenciosos del régimen: conseguir que la economía continúe funcionando mientras la democracia permanece ahorcada.

Y aquí está la pregunta que Honduras, El Salvador y toda Centroamérica deben responder: ¿puede un gobierno democrático mantener relaciones económicas con una dictadura y, al mismo tiempo, exigirle respeto por los derechos humanos?

La respuesta no tiene por qué ser romper el comercio. Costa Rica demuestra que es posible mantener relaciones diplomáticas con Nicaragua mientras se cuestiona públicamente al régimen de Ortega y se reclama el restablecimiento de la democracia. Y Panamá, por su parte, fue sede en junio de la Asamblea General de la OEA, cuyo eje fue el multilateralismo en defensa de la democracia y la estabilidad hemisférica.

Nadie propone destruir cadenas de suministro, perjudicar empresas o castigar consumidores. Pueden buscarse alternativas graduales que reduzcan la dependencia mientras se exige respeto a la democracia y a los derechos humanos, sobre todo de los presos políticos y sus angustiados familiares.

Porque si casi 900 millones de dólares en comercio bilateral pesan más en la conciencia diplomática que el sufrimiento de un pueblo, entonces el problema ya no es solamente económico. Es moral.

El diplomático, ex preso político y exiliado Mauricio Díaz sostuvo recientemente en una conferencia en Guatemala que la región atraviesa un período complejo. Sobre el control que Ortega ejerce en los organismos regionales, afirmó que Ortega ha pretendido controlar los órganos de la integración imponiendo candidatos a su medida.

“El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) ha sido desnaturalizado al no abordar los problemas regionales en materia de democracia, derechos humanos y paz: ni una palabra sobre las crisis, ni sobre los abusos de poder y corrupción en otros Estados miembros”, expuso.

Llegará el juicio de la historia: ¿negocios o democracia? Hoy, mientras el país permanece atemorizado y desangrado, la respuesta parece ser hacer negocios y callar.

Tienen la palabra los gobiernos de Honduras y El Salvador. Y será oportuno exponer este comportamiento de ambas presidencias a la Alianza Escudo de las Américas, al Departamento de Estado y al propio presidente Donald Trump. O bien, que ellas interroguen a ambos gobiernos.

El autor es nicaragüense exiliado en Estados Unidos, escritor y columnista internacional. Vocero en el exterior del Partido Liberal Independiente (PLI-Histórico e Internacional).