El Ministerio Público sostiene que el imputado mantenía una conexión ilegal que provocó cuantiosas pérdidas económicas al sistema eléctrico nacional.
Santo Domingo, República Dominicana.– Un tribunal de la provincia Barahona dictó auto de apertura a juicio contra un hombre acusado de cometer fraude eléctrico en perjuicio del Estado dominicano y de la empresa distribuidora Edesur Dominicana, causando pérdidas superiores a los 18 millones de pesos.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona tras acoger una solicitud presentada por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).
El procesado, identificado como Leonel Emilio Novas de León, fue investigado luego de una denuncia presentada por Edesur Dominicana que permitió a las autoridades realizar un allanamiento en una propiedad ubicada en el sector El Manantial, de Santa Elena, provincia Barahona.
Durante la audiencia, los fiscales Freddy Guzmán Liberato y Ángel A. Arias Méndez presentaron las pruebas que sustentan la acusación, logrando que el juez Daniel Emilio Medina Pimentel ordenara la apertura a juicio del imputado.
De acuerdo con la acusación, Novas de León fue sorprendido en flagrante delito, presuntamente violando disposiciones de la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07, las cuales sancionan el hurto de energía eléctrica, la manipulación de sistemas de medición y las conexiones clandestinas o ilegales.
Durante el operativo realizado por las autoridades fueron encontrados tres transformadores de 100 KVA instalados en el lugar, así como una estructura que mantenía una conexión directa e irregular al circuito eléctrico de Edesur Dominicana.
Las investigaciones establecen que mediante este sistema ilegal se produjo un consumo estimado de 1,892,745 kilovatios hora (KWH), equivalente a pérdidas económicas calculadas en RD$18,188,241.90 para la empresa distribuidora.
El Ministerio Público sostuvo que este tipo de prácticas representan un grave perjuicio económico para el sistema eléctrico nacional y afectan directamente los esfuerzos dirigidos a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio energético.
Los representantes de la PGASE reiteraron que continuarán fortaleciendo las acciones de persecución contra el fraude eléctrico en todas sus modalidades, debido a las consecuencias económicas y de seguridad que generan estas conexiones irregulares.
Asimismo, advirtieron que las instalaciones clandestinas representan un riesgo para las comunidades cercanas, ya que pueden provocar accidentes eléctricos, incendios y daños a la infraestructura energética.
Con la apertura a juicio, el caso pasará a la siguiente etapa judicial, donde se determinará la responsabilidad penal del acusado conforme a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.