Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes

En mi libro “Los Estados Unidos en el Derrocamiento de Trujillo”, Tumbaron al Jefe, cuya investigación publiqué originalmente en 1985 y presenté revisada y ampliada en 1999, examiné una cuestión que hoy vuelve a adquirir actualidad ante los acontecimientos venezolanos: la intervención de Estados Unidos en la caída de un régimen gobernante y en la definición del poder que habrá de sustituirlo.

Han transcurrido más de cuarenta años desde aquella primera publicación.

Guardando las distancias históricas, las más recientes declaraciones de Marco Rubio sobre Venezuela me recuerdan cuánto se discutió, negoció y decidió alrededor del destino dominicano antes y después de la muerte de Trujillo.

No se trata de equiparar personajes ni de suponer que la historia se repite exactamente.

Se trata de reconocer una preocupación persistente de la política exterior estadounidense: quién ocupará el poder después de una ruptura y qué garantías ofrecerá a Washington.

En la introducción de mi libro expliqué que la investigación buscaba presentar «los motivos y los procedimientos que se manifestaron desde el extranjero en el plan para eliminar al célebre dictador dominicano».

Para ello recurrí a documentación oficial norteamericana, al informe del comité del Senado que investigó las actividades de inteligencia para el derrocamiento de gobernantes extranjeros y a materiales obtenidos durante mis visitas a los Archivos Nacionales y a la Biblioteca Presidencial Eisenhower.

La pregunta nunca fue solamente cómo terminó Trujillo. También era por qué Washington, después de convivir durante décadas con su régimen, decidió favorecer su desplazamiento y qué orden político deseaba para la República Dominicana.

El capítulo II recoge un plan de contingencia de abril de 1960, citado por el informe senatorial, que vinculaba la remoción de Trujillo con la existencia de un sucesor adecuado y con garantías de respaldo estadounidense. La preocupación por el reemplazo estaba presente antes del desenlace.

En el capítulo III, al examinar las vacilaciones posteriores al fracaso de Bahía de Cochinos, reproduje una formulación todavía más explícita del criterio atribuido al presidente Kennedy: «los Estados Unidos no deben iniciar el derrocamiento de Trujillo antes de que sepamos qué tipo de gobierno lo sucedería».

Ese pasaje ayuda a comprender lo que ahora expresa Rubio. La política de una gran potencia no concluye cuando logra apartar a un adversario. Procura influir en la sucesión, en las instituciones que van a organizarla y en las condiciones bajo las cuales el nuevo poder podrá desenvolverse.

Hay en Tumbaron al Jefe un testimonio particularmente revelador. En el texto de las transcripciones de los testimonios dados en la mesa redonda sobre mi libro de 1985, incorporada a la edición de 1999, Manuel de Ovín Filpo explicó que los conspiradores habían ofrecido seguridades sobre la continuidad de Joaquín Balaguer como presidente, la convocatoria posterior de elecciones y el nombramiento de Juan Tomás Díaz como jefe del Ejército. Según su relato, esas previsiones tranquilizaban a los norteamericanos frente al temor de otra Cuba.

Importa distinguir el testimonio de un participante de una conclusión del historiador. Pero el testimonio permite apreciar cómo los dominicanos involucrados en la conspiración procuraban vencer las reservas de Washington mediante compromisos sobre el gobierno futuro.

El problema del día después estaba dentro del problema del derrocamiento.

Stephen G. Rabe, en su estudio «Eisenhower and the Overthrow of Rafael Trujillo», publicado en 1986, refuerza ese punto al examinar documentos de la Biblioteca Eisenhower. Su análisis muestra la combinación de gestiones para obtener una salida negociada, contactos clandestinos con opositores y preocupación por la orientación del gobierno sucesor. Rabe distingue, además, la evidencia sobre la ayuda a los conspiradores de lo que puede probarse acerca de una autorización presidencial concreta para el asesinato. Esa distinción importa: el rigor documental fortalece el argumento histórico.

Por eso dediqué el capítulo V a «Dictadores, Intervenciones y Soberanía Mediatizada». Allí examiné la presión diplomática y militar estadounidense, las negociaciones alrededor de Balaguer, la formación del Consejo de Estado y el papel de las sanciones y de la OEA. La desaparición del dictador no había resuelto la cuestión de la autonomía nacional.

La documentación diplomática publicada por el propio Departamento de Estado confirma esa relación entre reorganización interna y normalización exterior: a finales de 1961 se discutían conjuntamente un gobierno provisional, las elecciones, el levantamiento de sanciones y el restablecimiento de relaciones.

La transición dominicana se desarrollaba bajo una fuerte influencia estadounidense, aunque también bajo el impulso de fuerzas nacionales con aspiraciones propias.

En esa historia, Venezuela ocupa un lugar que hoy resulta especialmente significativo.

En Tumbaron al Jefe recogí el apoyo de Rómulo Betancourt, junto con Fidel Castro, a las expediciones de junio de 1959 contra la dictadura dominicana.

Michael R. Hall también señala el respaldo material y moral de los gobiernos venezolano y cubano.

Fueron las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo: una acción organizada desde el exilio, con apoyo exterior, cuyo sacrificio contribuyó a impulsar la resistencia interna.

El 24 de junio de 1960, agentes del régimen de Trujillo atentaron contra Betancourt en Caracas.

El presidente venezolano sobrevivió, herido. El atentado convirtió la agresión contra Venezuela en una cuestión central del sistema interamericano y aceleró el aislamiento dominicano.

En agosto, el gobierno de Betancourt, por medio de su canciller Marcos Falcón Briceño, impulsó las sanciones diplomáticas y económicas aprobadas por la OEA.

La presión venezolana también alcanzó a Washington. Como explica Rabe, Betancourt y otros dirigentes democráticos latinoamericanos exigían coherencia: Estados Unidos no podía reclamar una política hemisférica contra Castro mientras protegía a Trujillo.

Venezuela no fue, por tanto, un actor secundario; contribuyó a modificar el costo político de la tolerancia estadounidense hacia la dictadura dominicana.

La ironía histórica es considerable. La Venezuela que apoyó una expedición contra Trujillo y promovió sanciones para aislar su régimen aparece ahora como escenario de una transición sobre la cual Washington ejerce presión económica y política.

Los papeles han cambiado, pero reaparece la relación entre conflicto interno, apoyo extranjero, sanciones y soberanía.

Sesenta y cinco años después, Rubio describe abiertamente los instrumentos con los cuales Washington influye en Venezuela.

Según sus declaraciones del 26 de octubre de 2016 divulgadas por el servicio de Prensa del Departamento de Estado, las autorizaciones económicas y el alivio de sanciones están vinculados al cumplimiento de compromisos políticos. Habla Rubio de reformas del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, de plazos acordados y de exigencias dirigidas a las autoridades interinas.

Es razonable exigir instituciones capaces de garantizar elecciones auténticas. Una autoridad electoral sometida a una facción puede convertir el voto en una formalidad. Pero también es necesario preguntarse quién define la transición, quién verifica sus condiciones y cuándo recuperarán plenamente los venezolanos la facultad de decidir.

El secretario de Estado Rubio sostiene que juzga a las autoridades interinas por sus acciones y por el cumplimiento de los compromisos. Esa posición revela otro mecanismo conocido: Washington puede negociar con figuras procedentes del régimen que pretende transformar, porque conservan capacidad de mando.

El prestigio de una oposición y el control efectivo del Estado son realidades diferentes. María Corina Machado puede representar aspiraciones de cambio y, al mismo tiempo, discrepar de acuerdos que Estados Unidos considera convenientes. Las declaraciones de Rubio sobre sus críticas al arreglo petrolero muestran esa distancia entre los intereses de un interlocutor venezolano y los cálculos de la potencia que conduce las negociaciones.

El petróleo establece una diferencia fundamental respecto de nuestra experiencia. Rubio explica que determinados ingresos petroleros pasan por una cuenta controlada por el Tesoro estadounidense y defiende acuerdos que ofrecen ventajas estratégicas a su país. Sus argumentos combinan recuperación económica venezolana, inversión y seguridad energética norteamericana.

La analogía histórica no consiste en afirmar que el petróleo venezolano y la economía dominicana de 1961 sean equivalentes. Consiste en advertir que los instrumentos económicos pueden determinar el margen de decisión política de un país.

En nuestro caso, el producto decisivo era el azúcar. En el apartado «La Cuota Azucarera Cubana» de Tumbaron al Jefe examiné una contradicción: al recortar las compras a Cuba, Estados Unidos abrió oportunidades para el azúcar dominicano, precisamente cuando buscaba presionar a Trujillo. Los intereses comerciales, la legislación y los apoyos del dictador en el Congreso dificultaban una política uniforme. Washington tampoco era una sola voluntad sin disputas internas.

Michael R. Hall desarrolla ese mecanismo en Sugar and Power in the Dominican Republic: Eisenhower, Kennedy, and the Trujillos, publicado en 2000.

El acceso al mercado estadounidense ofrecía precios superiores a los del mercado mundial. Por eso, conceder una cuota, limitarla o quitarle su beneficio preferencial tenía consecuencias directas sobre los ingresos del país y sobre la capacidad de quienes gobernaban.

Hall explica que Eisenhower impuso en septiembre de 1960 un gravamen especial de dos centavos por libra sobre la cuota adicional dominicana procedente de la redistribución de la cubana. Durante el primer trimestre de 1961, el gravamen aumentó a dos centavos y medio. El azúcar podía seguir entrando, pero se le sustraía la ventaja del precio preferencial. Venezuela, entretanto, objetaba que continuaran las compras: Falcón Briceño consideraba que aun sin esa ventaja económica Trujillo obtenía una victoria política.

Aquí aparece el antecedente financiero que vuelve más preciso el paralelo. Según Hall, unos 22,6 millones de dólares recaudados mediante esos gravámenes especiales durante el último trimestre de 1960 y el primero de 1961 ingresaron al Tesoro de Estados Unidos, sin una disposición inicial que asegurara su devolución. No era la totalidad del ingreso azucarero dominicano depositada en una cuenta intervenida: eran recursos sustraídos mediante una carga punitiva sobre determinadas ventas. Pero Washington conservaba esos fondos mientras las autoridades dominicanas reclamaban recuperarlos.

La muerte de Trujillo no puso fin automáticamente a esa disputa. El Consejo de Estado heredó el problema. Una directiva del Departamento de Estado fechada el 15 de mayo de 1962, publicada en FRUS, propuso utilizar fondos de contingencia de la AID equivalentes a unos 22 millones de dólares en gravámenes azucareros y comunicar la decisión confidencialmente al presidente Rafael Bonnelly. La solución económica formaba parte de un programa político para sostener al Consejo y preparar las elecciones.

Esa misma directiva contemplaba procurar un aplazamiento electoral si se advertía que los resultados serían contrarios a los intereses estadounidenses, e intentar orientar en ese sentido a la misión de la OEA. Era una previsión del documento, no la prueba de que se ejecutara. Pero muestra hasta dónde podía llegar la tensión entre promover elecciones y desear un resultado políticamente aceptable para Washington.

Hall añade que el 7 de diciembre de 1962 se anunció una aportación especial de 23,75 millones de dólares, canalizada por la Alianza para el Progreso y destinada a proyectos económicos y sociales, que presenta como compensación por los fondos retenidos. Conviene conservar la distinción entre las cifras y los mecanismos: la restitución reclamada se encauzó mediante asistencia, con decisiones sobre su destino, y no simplemente como el pago ordinario de una exportación.

Ahí se fortalece el vínculo con las declaraciones de Rubio. Entonces, Washington podía condicionar el acceso al mercado, sustraer el beneficio preferencial del azúcar y negociar una compensación. Ahora, según explica el secretario de Estado, las ventas petroleras venezolanas generan ingresos sometidos a un mecanismo de control y desembolso estadounidense. No son instrumentos jurídicos idénticos, pero ambos muestran cómo el manejo de recursos esenciales puede convertirse en poder sobre una transición.

El azúcar dominicano y el petróleo venezolano permiten así comprender algo más que una coincidencia diplomática: la presión política adquiere eficacia cuando alcanza los ingresos con los cuales un país paga sus obligaciones, sostiene su actividad económica y trata de reconstruir sus instituciones.

Tampoco debemos borrar a los protagonistas nacionales. En la introducción de Tumbaron al Jefe dejé expresamente establecido que la participación extranjera no restaba mérito a los dominicanos que combatieron la tiranía. Reconocer el poder de Washington no exige desconocer el valor, las iniciativas ni los sacrificios de quienes lucharon por la libertad.

Respeto al pueblo venezolano

Ese mismo respeto merece el pueblo venezolano. Su futuro no puede reducirse a una negociación entre funcionarios extranjeros y autoridades locales.

Deseo que Venezuela alcance una convivencia democrática y que pueda reconstruirse sin nuevas tragedias. La cooperación estadounidense podría contribuir a ese resultado. Su valor deberá medirse por la independencia de las instituciones que ayude a establecer y por el respeto a las decisiones que adopten los ciudadanos.

La investigación que publiqué hace más de cuarenta años me enseñó a mirar más allá del momento en que cae un gobernante. El destino de un pueblo también se juega en los acuerdos que preparan la sucesión, en los compromisos que sobreviven a la crisis y en la capacidad nacional para gobernarse después.

De Trujillo a Venezuela, esa es la pregunta que permanece: ¿cuándo deja una transición de depender de quienes la condicionan desde fuera y pasa a pertenecer plenamente a su pueblo?

Referencias

Víctor Grimaldi, Tumbaron al Jefe. Los Estados Unidos en el Derrocamiento de Trujillo, edición revisada y ampliada, febrero de 1999: «A manera de introducción»; capítulos II, III y V; anexo B, exposición de Manuel de Ovín Filpo. Citas cotejadas con el archivo proporcionado por el autor.

Marco Rubio, declaraciones sobre Venezuela, 26 de octubre de 2026, transcripción proporcionada por el autor:
https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/10/secretary-of-state-marco-rubio-on-venezuela/

Foreign Relations of the United States, 1961–1963, volumen XII, documentos 330 y 336:
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v12/d330
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v12/d336

Michael R. Hall, Sugar and Power in the Dominican Republic: Eisenhower, Kennedy, and the Trujillos, Greenwood Press, 2000, capítulos 4 y 5, especialmente pp. 90–101, 111, 121–124 y 129–131.

Stephen G. Rabe, «Eisenhower and the Overthrow of Rafael Trujillo», Conflict Quarterly, invierno de 1986, pp. 34–44.

FRUS, 1961–1963, volumen XII, documento 344:
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v12/d344