Por: Víctor Manuel Grimaldi Céspedes

Los que estamos vivos podemos contar nuestra historia porque tuvimos la oportunidad de nacer.

Esa certeza invita a pensar también en las generaciones posibles que no llegaron a ser concebidas y en las vidas cuya gestación fue interrumpida.

Son realidades diferentes, pero ambas forman parte de una reflexión sobre el poder que la humanidad ha adquirido para intervenir en la transmisión de la vida.

Al recordar el nacimiento de la píldora anticonceptiva, debemos considerar el descubrimiento científico, sus beneficios médicos, sus riesgos y sus consecuencias sociales.

También las políticas que convirtieron la natalidad en una variable económica y, en ocasiones, sometieron la capacidad reproductiva de las personas a decisiones de gobiernos e instituciones.

Conviene establecer desde el principio una distinción: impedir una concepción no equivale a interrumpir un embarazo.

La anticoncepción, la esterilización y el aborto son procedimientos diferentes.

Tampoco podemos asignar una cifra cierta a las personas que habrían nacido bajo otras circunstancias. La reflexión moral sobre esas posibilidades de vida debe acompañarse de precisión histórica y científica.

El 15 de octubre se cumplieron setenta y cinco años de un acontecimiento ocurrido en Ciudad de México que terminaría influyendo en millones de familias. En 1951, Luis Ernesto Miramontes logró sintetizar la noretisterona, conocida en inglés como norethindrone, en los laboratorios de Syntex, trabajando con Carl Djerassi y George Rosenkranz. Fue un paso decisivo hacia la anticoncepción oral.

La historia tiene raíces americanas. Una de sus materias primas fue la diosgenina, presente en especies de ñame silvestre mexicano conocidas como barbasco. Mediante transformaciones químicas, ese compuesto vegetal permitió elaborar sustancias esteroideas de importancia farmacéutica. La píldora no estaba escondida, lista para utilizarse, dentro de un tubérculo: fue producto de investigación y trabajo industrial.

Las investigaciones anteriores de Russell Marker habían contribuido a convertir recursos vegetales mexicanos en una base para fabricar hormonas a menor costo. Miramontes participó en una trayectoria colectiva que situó a México en el centro de una transformación mundial.

El problema era obtener un compuesto con actividad semejante a la progesterona que resultara práctico por vía oral. La progesterona natural se metabolizaba rápidamente, lo que dificultaba entonces su utilización con ese propósito. La noretisterona ofreció una alternativa mediante modificaciones de la estructura molecular.

Para comprender su importancia hay que observar el ciclo menstrual. El hipotálamo y la hipófisis participan en la regulación de los ovarios mediante señales hormonales. La hormona foliculoestimulante, FSH, interviene en la maduración folicular; un aumento pronunciado de la hormona luteinizante, LH, desencadena la ovulación.

Mientras madura el folículo, los estrógenos favorecen la reconstrucción del endometrio, el revestimiento interior del útero. Después de la ovulación, el folículo se transforma en cuerpo lúteo y aumenta la producción de progesterona, que prepara ese tejido para una posible implantación.

Si se produce la fecundación, el embrión comienza sus divisiones celulares mientras avanza hacia el útero. Si no se establece un embarazo, el cuerpo lúteo involuciona, disminuyen las hormonas y se desprende la capa funcional del endometrio: aparece la menstruación.

Las ilustraciones suelen representar un ciclo de veintiocho días, pero ese esquema no es un calendario obligatorio. La ovulación puede variar. El ovocito suele conservar capacidad de fecundación durante doce a veinticuatro horas, mientras los espermatozoides pueden sobrevivir hasta cinco días. Por eso, la fertilidad no se limita a una fecha fija.

Las píldoras combinadas actúan principalmente inhibiendo la ovulación y también espesando el moco cervical. Las que contienen solamente progestágeno tienen efectos que dependen de su formulación. Estas acciones anticonceptivas no deben confundirse con las de los medicamentos utilizados para interrumpir un embarazo.

La primera píldora aprobada en Estados Unidos como anticonceptivo, Enovid, en 1960, contenía noretinodrel y mestranol. El noretinodrel estaba relacionado con la noretisterona, pero era una molécula distinta. Reconocer el mérito de Miramontes exige conservar también estas diferencias.

Sin embargo, una historia completa debe examinar quiénes participaron en las pruebas y bajo qué condiciones. Puerto Rico ocupa un lugar central. En abril de 1956 comenzaron en Río Piedras ensayos de gran escala de la píldora. La reconstrucción histórica de PBS documenta controversias sobre la información proporcionada a las participantes y la atención prestada a sus efectos adversos. Muchas mujeres buscaban evitar nuevos embarazos, pero eso no resolvía las obligaciones éticas de los investigadores.

La isla tenía, además, una historia de promoción de la esterilización femenina, conocida popularmente como «la operación». Un estudio demográfico estimó que, en 1965, aproximadamente un tercio de las madres puertorriqueñas de veinte a cuarenta y nueve años estaban esterilizadas. Es importante conservar ese denominador: no se trataba de un tercio de toda la población femenina.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos recoge que empresas y funcionarios estadounidenses habían alentado durante años esa práctica en Puerto Rico. La elevada frecuencia de esterilizaciones no demuestra que todas fueran forzadas; sí exige examinar el consentimiento, la información sobre su carácter permanente y las presiones económicas e institucionales. La decisión de una mujer no puede evaluarse separándola por completo de sus condiciones de vida.

También deben exponerse los problemas de salud asociados a las pastillas. Pueden producir náuseas, cefaleas, sensibilidad mamaria, cambios de ánimo y alteraciones del sangrado. Las formulaciones con estrógeno incrementan el riesgo de trombosis y, en determinadas circunstancias, de accidente cerebrovascular o infarto. Son complicaciones infrecuentes, pero potencialmente graves; los riesgos no son iguales para todas las mujeres ni para todas las formulaciones.

La relación con el cáncer requiere igualmente precisión. El Instituto Nacional del Cáncer estadounidense describe una asociación entre el uso actual o reciente de anticonceptivos orales y un aumento modesto del riesgo de cáncer de mama, así como una asociación del uso prolongado con cáncer cervical. Al mismo tiempo, documenta una reducción del riesgo de cáncer de ovario y endometrio. Omitir cualquiera de estas dos caras deformaría la información.

Estas hormonas también tienen aplicaciones terapéuticas, entre ellas el alivio de ciertos trastornos menstruales y síntomas de endometriosis. La píldora no causa esterilidad permanente: la fecundidad suele recuperarse rápidamente al suspenderla. La crítica responsable necesita datos completos y evaluación médica individual, especialmente cuando se habla de riesgos.

El asunto adquirió otra dimensión cuando los gobiernos lo incorporaron a sus estrategias económicas. El 25 de junio de 1965, en San Francisco, durante la conmemoración del vigésimo aniversario de las Naciones Unidas, Lyndon B. Johnson afirmó, en traducción: «menos de cinco dólares invertidos en control de la población valen cien dólares invertidos en crecimiento económico». La comparación documentada era esa, no la de un dólar frente a cien.

La frase expresaba una manera de interpretar la pobreza: reducir el crecimiento demográfico podía presentarse como una inversión extraordinariamente rentable. Pero esa lógica invita a una pregunta moral y política: ¿hasta qué punto se estaba combatiendo la pobreza mediante mejores condiciones de vida y hasta qué punto se buscaba reducir el número de futuros pobres?

Robert McNamara, secretario de Defensa de Kennedy y Johnson y posteriormente presidente del Banco Mundial entre 1968 y 1981, convirtió la cuestión demográfica en una prioridad institucional. La historia oficial del Banco señala que consideraba el rápido crecimiento de la población una barrera fundamental para el progreso económico. Bajo su presidencia, la institución inició en 1970 su financiamiento de planificación familiar en Jamaica. El primer préstamo fue de dos millones de dólares.

La frase de los cinco dólares corresponde a Johnson; el impulso financiero internacional tuvo en McNamara uno de sus promotores. Esa relación histórica no autoriza a atribuirles indistintamente todas las políticas posteriores ni a identificar cualquier programa de planificación familiar con una campaña de aborto.

Cuando se habla de programas masivos que recurrieron al aborto, el caso de China exige especial atención. La aplicación de su política del hijo único dio lugar a denuncias de abortos y esterilizaciones forzadas. En 2013, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas expresó su preocupación por informes de esas prácticas, incluso contra adolescentes, ejecutadas por funcionarios locales de planificación familiar.

Aquí la cuestión rebasa la controversia sobre la anticoncepción voluntaria. Una autoridad que obliga a interrumpir un embarazo o impone una esterilización invade la integridad corporal y la libertad familiar. La existencia de esos abusos está documentada; cualquier afirmación sobre su número debe, además, distinguir las intervenciones forzadas de las voluntarias. Las cifras generales de abortos no prueban, por sí solas, cuántos fueron impuestos.

En medio del entusiasmo por la regulación técnica de la natalidad, Pablo VI publicó, el 25 de julio de 1968, la encíclica Humanae vitae. Reafirmó la oposición católica a la anticoncepción deliberada, a la esterilización directa y al aborto procurado, dentro de una reflexión sobre el matrimonio y la paternidad responsable.

En su apartado 17 advirtió sobre la infidelidad, la degradación moral, el riesgo de tratar a la mujer como objeto y el poder que esos métodos podían poner en manos de autoridades sin límites éticos. También admitió tratamientos necesarios para curar enfermedades cuando su efecto sobre la fecundidad no fuera directamente buscado, y el recurso a períodos infecundos por motivos justificados.

Desde una lectura católica, su advertencia sobre la imposición estatal adquiere una dimensión profética a la luz de los abusos posteriores. Esa valoración no obliga a sostener que anticipó cada programa concreto, ni que toda consecuencia social de la píldora demuestra automáticamente sus temores. Su fuerza está en haber señalado un peligro: que la capacidad técnica de regular los nacimientos terminara convertida en poder sobre las personas.

La discusión sigue siendo profundamente humana. Las mujeres merecen información completa, atención médica y libertad frente a las presiones de sus parejas, de las instituciones y de los gobiernos. Los hijos tampoco pueden reducirse a una cifra de gasto, a un obstáculo estadístico o a una variable subordinada al rendimiento económico.

Quienes estamos vivos conocemos el valor de haber recibido una oportunidad. Desde esa experiencia podemos reflexionar sobre las vidas posibles que nunca fueron concebidas y, de manera distinta, sobre aquellas cuya gestación fue interrumpida. La historia no permite contar todos los futuros que no ocurrieron; la conciencia sí puede preguntarse qué idea del ser humano orienta nuestras decisiones.

Setenta y cinco años después del trabajo de Miramontes, reconocer su contribución científica es compatible con examinar los riesgos, las injusticias y las decisiones políticas que acompañaron aquella transformación. La ciencia amplió nuestras posibilidades de intervenir en la reproducción. Nuestra responsabilidad consiste en impedir que ese poder se ejerza sin verdad, sin consentimiento y sin respeto por la dignidad humana.