Por: Emilia Santos Frias

La 82.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ponderó a la República Dominicana como Estado que favorece el ejercicio próspero de la libertad de prensa. En el cónclave realizado del 22 al 25 del mes y año en curso en Bogotá, Colombia, se analizaron riesgos y violencia contra periodistas en las Américas, sostenibilidad de los medios e impacto de la inteligencia artificial. Al tiempo de alertar acerca del retroceso democrático global. Asimismo, el acoso judicial o censura digital en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

De igual forma, el impacto ético y económico de la inteligencia artificial en los medios de comunicación y la sostenibilidad de la prensa independiente, el acceso a la información y las trabas en fuentes públicas. Con hincapié en la seguridad de las y los periodistas. Así como los entornos digitales, en ellos, el uso de plataformas con apariencia de medios de comunicación utilizados para fines que riñen con la ética, moral y buenas costumbres, entre ellos, difamar o chantajear.

¡Enhorabuena! Saludamos esta resolución que fortalece el ejercicio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana, máxime ahora que estrenamos un nuevo Código Penal, tras más de 142 años de debate. Poseedor de más de 70 nuevos tipos penales adaptados a este siglo de la conectividad: violencia de género, ciberacoso, ciberbullying, suplantación de identidad digital y difusión no consentida de contenido íntimo, estafas piramidales con criptomonedas.

En ese orden, captación ilegal de dinero y fraudes inmobiliarios, sustracción de celulares, desaparición forzada, genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, endurecimiento de sanciones por corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y malversación de fondos.

Pero consideró como un desafío las disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública (…) por sus posibles efectos restrictivos en la investigación periodística, la denuncia de asuntos de interés público y la crítica a funcionarios y otras personas con responsabilidades. Sin embargo, la SIP fue enfática al considerar que existe un creciente deterioro del ecosistema informativo digital, por lo que citó varios casos de periodistas dominicanos que durante el año han sido víctimas de violencia en el cumplimiento de su labor informativa. Lo mismo que la falta de acceso a las fuentes oficiales y a la información pública.

“La desinformación, el contenido sensacionalista y las publicaciones deliberadamente lesivas han ganado presencia en la conversación pública y, en determinados espacios digitales, compiten por atención y alcance con contenidos producidos bajo estándares profesionales de verificación…, la expansión de plataformas, canales y cuentas digitales que ha ampliado el pluralismo informativo, además ha facilitado el uso de una apariencia periodística para difamar, intimidar, presionar o incluso chantajear a ciudadanos, empresarios, funcionarios y otras personas”.

La SIP destacó jurisprudencias del Tribunal Constitucional dominicano acerca de permanencia de información periodística en plataformas digitales, consideradas informaciones provenientes de fuentes oficiales y de interés público, relevante para el equilibrio entre libertad de prensa, protección de datos y derecho al olvido, del cual se hizo alusión en escritos anteriores.

Como se ha indicado, aunque en nuestro país lidera el robustecimiento del ejercicio de la libertad de prensa entre naciones hermanas, esta se encuentra amenazada por censura indirecta, desafíos tecnológicos, dificultades para el acceso a fuentes públicas, agresiones aisladas que sufren periodistas en coberturas y riesgos potenciales derivados de la buena norma y modificaciones legales, caso el nuevo Código Penal.

Hasta la próxima entrega.