Por Freddy P. Galarza
“La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado dominicano”.
Es de gran importancia que las instituciones del Estado, cada cierto tiempo, sean auditadas por la Cámara de Cuentas, o que los incumbentes de las mismas, al ser nombrados, se decidan a ejercer ese derecho, incluyendo su declaración jurada.
Se ha hecho una práctica en el país que la Cámara de Cuentas actúa, en la mayoría de las veces, por presión de las denuncias públicas y no cuando se producen cambios de funcionarios en las instituciones del Estado, que, en mi opinión, debe ser una norma.
Los propios incumbentes pueden tomar la iniciativa de solicitar auditorías tan pronto son nombrados en esas dependencias, por pequeñas que estas sean. Así pueden corregir y evitarían las numerosas denuncias que se hacen de desfalcos, corrupción, abultamiento de las nóminas, nepotismo, entre otras situaciones que se producen y se mantienen en silencio.
A nivel de las 32 provincias del país, una gran parte de las entidades del Estado manejan un presupuesto anual para el desempeño de los servicios que deben ofrecer al público, como los ayuntamientos, Medio Ambiente, Gobernación, Obras Públicas, Oficinas de Turismo, Agricultura, Inapa, Indri, entre otras, que deben ser supervisadas cada vez que se realizan cambios de administración.
El funcionario público responsable, para bien de su gestión en cada una de las dependencias del Estado, lo primero que debe estar en su agenda es poner la casa en orden, comenzando con los recursos con que cuenta y cómo encontró dicha institución al momento de tomar posesión de su cargo.
Es una rendición de cuentas que despejará futuras quejas y denuncias a las que estamos acostumbrados a escuchar en esas instituciones del Estado, principalmente en provincias del país, donde, mayormente, se dan casos de que sus gerentes entran en chancletas y salen millonarios, sin poder justificar los bienes adquiridos en tan poco tiempo.
La Cámara de Cuentas, que se maneja con cierta independencia y que es la llamada a fiscalizar los fondos públicos y cómo se gasta el dinero de los contribuyentes dominicanos, debe exigirles a cada titular nombrado en una institución que esta sea auditada y la presentación de declaración de bienes, antes de enfrentar los nuevos desafíos que les esperan dentro de sus nuevas responsabilidades.
