Por: Víctor Manuel Grimaldi Céspedes

El sistema capitalista en el que vivimos merece una crítica profunda cuando deja al consumidor sin alternativas suficientes, al trabajador sin protección adecuada y al pequeño productor en una posición de desventaja.

Resulta difícil aceptar una organización económica que exige sacrificios a quienes menos tienen mientras presenta los privilegios de los más poderosos como si fueran inevitables.

Esta crítica tampoco supone una defensa del socialismo.

Mi posición es clara: el socialismo es peor cuando, bajo la promesa de liberar al trabajador, lo somete a un Estado que concentra la propiedad, el empleo y el poder político.

Si para corregir el dominio de los multimillonarios se entrega toda la economía a una burocracia sin contrapesos, la dependencia se vuelve todavía más difícil de combatir.

Mi preocupación nace de una pregunta elemental: ¿para quién debe funcionar la economía?

Si su éxito se mide por la acumulación de unos pocos, aunque los demás vivan endeudados, inseguros o exhaustos, entonces estamos utilizando una medida equivocada del progreso.

Y si se pretende justificar la falta de libertad en nombre de una supuesta igualdad, también se está sacrificando a la persona en beneficio de un sistema.

El consumidor aparece en la publicidad como un soberano. Todo parece hacerse por él: las ofertas, las innovaciones, los servicios y las facilidades de pago.

Sin embargo, su soberanía termina donde empiezan la necesidad y la falta de alternativas.

Quien necesita comer, pagar una vivienda o mantener encendida la luz no puede retirarse indefinidamente del mercado para esperar mejores condiciones.

Una necesidad indispensable puede convertirse en un instrumento de sometimiento cuando quien la satisface tiene poder para imponer las reglas.

También al trabajador se le habla de libertad. Pero la libertad de contratar debe examinarse junto con la capacidad efectiva de negociar.

No se sientan en condiciones equivalentes quien puede esperar meses para cubrir una plaza y quien necesita cobrar esta semana para alimentar a sus hijos.

Un contrato firmado puede ser legal y, aun así, expresar una profunda desigualdad de poder.

El pequeño productor conoce otra dimensión de ese desequilibrio. Puede asumir el esfuerzo de sembrar, fabricar o abrir un negocio y descubrir que el acceso al crédito, al transporte y a los compradores está condicionado por actores mucho más fuertes.

Cuando otros fijan cuánto le pagan, cuándo le pagan y qué cargos debe aceptar, su independencia se vuelve frágil. Tiene una empresa a su nombre, pero escaso control sobre las condiciones de su supervivencia.

Por eso resulta insuficiente repetir que todos deben emprender. Emprender exige oportunidades reales.

No basta con exhortar a una persona a competir si debe hacerlo frente a poderes capaces de cerrar los canales de distribución o resistir pérdidas que a ella la arruinarían. La competencia necesita instituciones que impidan que el fuerte suprima las posibilidades del pequeño.

Mi objeción se dirige a una estructura que permite convertir la riqueza en poder sobre las vidas ajenas.

Una fortuna adquiere una dimensión política cuando proporciona capacidad para influir en las normas, condicionar decisiones públicas o eludir responsabilidades que otros no pueden evitar.

En esas condiciones, la desigualdad económica amenaza también la igualdad ciudadana.

El Estado debe responder ante ese problema. Pero su intervención también necesita límites y controles.

Un Estado capturado por intereses privados puede proteger monopolios, repartir ventajas y trasladar costos a la población.

Y una burocracia sin controles puede reproducir el abuso bajo otro nombre.

La transformación exige someter tanto el poder económico como el poder público a obligaciones verificables y a una vigilancia democrática efectiva.

Aquí radica mi objeción más profunda al socialismo que convierte al Estado en dueño de la vida económica: el ciudadano puede quedar sometido a una autoridad que actúa simultáneamente como patrono, proveedor, regulador y juez.

Si además esa autoridad impide la oposición política, ¿ante quién reclama el trabajador? ¿Cómo se organiza un sindicato independiente? ¿Qué posibilidad tiene el pequeño productor de defender su autonomía?

La propiedad proclamada como colectiva no garantiza por sí sola que cada ciudadano tenga poder sobre ella. Sin elecciones libres, transparencia y controles efectivos, administrar los bienes en nombre del pueblo puede convertirse en una fórmula para que una minoría decida por todos.

El privilegio cambia de manos y de vocabulario, pero conserva su capacidad de someter.

Por eso considero peor una solución que agrega la concentración del poder político a la concentración del poder económico.

Mi rechazo a ese socialismo tampoco justifica los abusos del capitalismo.

Cada sistema debe responder por el trato que dispensa a las personas; los defectos del adversario no justifican los propios.

Cambiar totalmente esta lógica significa establecer prioridades distintas.

El trabajo debe permitir una vida digna. El consumidor debe poder reclamar y obtener reparación.

El pequeño productor debe disponer de crédito accesible, contratos equilibrados y oportunidades de llegar al mercado.

Los servicios esenciales deben organizarse de manera que la necesidad humana no sea una ocasión para imponer condiciones abusivas.

Significa, además, fortalecer la negociación colectiva, sancionar las prácticas anticompetitivas y abrir espacio a cooperativas y otras formas de propiedad compartida. La participación de los trabajadores en los resultados y en las decisiones de las empresas merece formar parte de esa discusión.

Quienes contribuyen a crear riqueza deben tener una voz efectiva sobre las condiciones en que la producen.

La responsabilidad debe alcanzar también a los grandes propietarios.

Resulta moralmente indefendible reclamar libertad absoluta para obtener beneficios y protección pública incondicional cuando llegan las pérdidas.

Si una intervención estatal es necesaria para proteger a la sociedad, debe exigir responsabilidades y condiciones que impidan convertir el rescate en un privilegio permanente.

Desde una conciencia cristiana, la persona tiene una dignidad que ningún balance financiero puede concederle ni quitarle. El trabajo compromete tiempo, salud, inteligencia y vida. Tratarlo exclusivamente como un costo que debe reducirse significa olvidar al ser humano que existe detrás de cada cifra.

Hay que cambiar profundamente el sistema allí donde organiza la prosperidad de unos sobre la inseguridad de otros.

Esa transformación debe preservar la libertad de emprender, la propiedad legítima, el pluralismo político y el derecho a disentir, mientras establece límites efectivos al abuso.

Debe expresarse en leyes, instituciones y formas de participación capaces de modificar la distribución del poder. La preocupación necesita convertirse en una voluntad política sostenida.

Una sociedad debe poder juzgar su economía por la vida que hace posible: si permite trabajar sin humillación, producir sin sometimiento, consumir sin engaño y envejecer sin abandono. Cuando esas condiciones faltan, el crecimiento de las grandes fortunas no resuelve el fracaso.

El capitalismo no puede exigirnos resignación ante la injusticia. El socialismo no puede pedirnos que entreguemos la libertad como precio de una promesa de justicia. Una sociedad digna debe exigir ambas: justicia y libertad.

La economía es una creación humana. Tenemos el derecho y el deber de cambiar sus reglas cuando dejan de servir al bien común.