Por Emiliano Reyes Espejo
El autor es periodista
Ha causado gran impacto en sectores sensibles, especialmente entre expertos y especialistas ambientales, así como en la población en general, el decreto 615-26 del presidente Luis Abinader, destinado a “combatir los delitos contra los parques nacionales y castigar con dureza las agresiones a los recursos naturales”.
La medida llega justo cuando se encienden las alarmas por la deforestación en el territorio nacional y en momentos en que se multiplican los incendios en nuestras montañas estratégicas.
“Solo en los últimos 10 años, se estima que República Dominicana ha perdido entre 200 mil y 300 mil hectáreas de bosque, lo que representa entre un 9 % y un 14 % de su cobertura boscosa total”, advierten organismos internacionales de vigilancia forestal, según informaciones recogidas por la prensa local.
La situación es preocupante, al margen de fenómenos como El Niño, que, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), podría extenderse hasta febrero de 2027 y provocar peligrosas sequías en el país.
Los informes recogidos por la prensa proyectan una reducción de las precipitaciones de hasta un 20 %, lo que intensificaría la crisis hídrica y afectaría la disponibilidad de agua.
De hecho, ya registramos una alerta. Olmedo Caba, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), acaba de informar que “las presas están entre un 55 y 60 % de sus capacidades a nivel general”.
¿Qué implica eso? Que habrá que racionalizar el agua, no solo la destinada al consumo humano, sino también la utilizada para riego y actividades industriales.
En ese sentido, el Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE) mantiene la racionalización del despacho de agua para la agricultura y el consumo debido a un déficit de lluvias pronosticado para el trimestre, situación que podría extenderse.
Es decir, no fueron solamente los fuegos forestales los que provocaron las alarmas y preocupaciones. El país enfrenta, además, una persistente sequía y la acción de sectores que, por diversas razones, dañan los bosques.
El decreto está cojo
¿Fue esta preocupante realidad la que impulsó el decreto que busca combatir los delitos forestales en los parques nacionales? Es posible.
Pero ¿falta algo para completar el decreto del presidente Abinader? ¿Acaso está cojo y le falta “una pata” a esta disposición que puede marcar el inicio de una lucha frontal contra el llamado “terrorismo forestal”?
Creemos que sí. Y nos explicamos.
Esta medida contra lo que podríamos denominar “terrorismo de montaña”, emitida por el presidente Abinader, necesita un componente socioeconómico que podría generar un impacto positivo en la vida de muchas personas residentes en las zonas montañosas.
El deterioro de las montañas es un fenómeno progresivo. Ante esa realidad, creemos que ha llegado el momento de aplicar con determinación la medida presidencial, independientemente del vendaval de críticas que ha generado.
Diez años de pérdidas de bosques
Según datos de vigilancia forestal citados por el autor, República Dominicana acumula años de pérdida de bosques y cobertura arbórea.
Esos registros señalan reducciones del bosque primario húmedo y pérdidas de cobertura arbórea relacionadas con diferentes actividades humanas y fenómenos naturales.
Entre los factores señalados figuran la agricultura permanente e itinerante, los asentamientos y las infraestructuras, la explotación forestal, los incendios y otros trastornos naturales.
Estas cifras deberían llevarnos a una reflexión mucho más profunda sobre el futuro de nuestros recursos naturales.
Expansión agrícola y tala ilegal
La expansión agrícola y la tala ilegal figuran entre las causas señaladas de la deforestación en el país.
La expansión de la frontera agrícola, la ganadería, determinadas prácticas de agricultura de subsistencia y la extracción ilegal de madera o producción de carbón vegetal ejercen presión sobre los bosques.
A esto se suman los incendios forestales, que reducen la capa vegetal y afectan incluso áreas protegidas, así como la construcción de viviendas, caminos y otras infraestructuras.
La deforestación tiene consecuencias que terminamos pagando todos: escasez de agua, reducción de los caudales de los ríos, disminución de las reservas de las presas, erosión de los suelos, mayor vulnerabilidad frente a deslizamientos e inundaciones y destrucción de hábitats de especies nativas.
Críticas y apoyos
El decreto 615-26 del presidente Abinader, mediante el cual se declara de alto interés nacional el combate al denominado “terrorismo ambiental” y se procura fortalecer la persecución de delitos en parques nacionales, ha generado críticas y respaldos.
Parte de los cuestionamientos se concentra en la posible redundancia normativa y en la necesidad de mayores recursos para garantizar su aplicación.
Sectores políticos han planteado que algunas de las conductas perseguidas ya se encuentran contempladas en legislaciones como la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas.
Otros cuestionamientos apuntan hacia la necesidad de acompañar las disposiciones legales con inversión, equipamiento, tecnología de vigilancia y mejores condiciones para guardaparques, guardabosques y bomberos forestales.
También existe la preocupación de que cualquier iniciativa de esta naturaleza pueda quedarse en el papel si no está acompañada de una fiscalización permanente y transparente que reduzca los espacios de impunidad.
Particularmente, creemos que este decreto merece un sólido respaldo de todos los sectores. Sin embargo, entendemos que está incompleto, que “le falta una pata”: un componente de impacto social que beneficie a sectores históricamente olvidados de las zonas rurales.
¿A qué nos referimos específicamente?
Proponemos complementar la política establecida mediante el decreto 615-26 con cuatro acciones concretas:
- Crear una comisión especial de reforestación. Establecer un organismo, bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargado de implementar programas masivos de reforestación en áreas boscosas degradadas.
- Crear brigadas de jóvenes rurales. Dotar a esa estructura de recursos económicos, logísticos y tecnológicos para contratar jóvenes residentes en comunidades rurales y montañosas que participen en jornadas permanentes de reforestación. De esta manera, la política ambiental tendría también un impacto social y económico mediante la generación de empleos.
- Establecer un Programa Nacional de Viveros Forestales. Estos viveros suplirían las plantas requeridas por los programas de reforestación y podrían incorporar alianzas entre el Estado, empresas e instituciones interesadas en financiar proyectos de recuperación forestal, dentro del marco establecido por las leyes dominicanas.
- Buscar cooperación internacional. Gestionar asistencia y asesoramiento técnico de países con experiencias relevantes en programas de reforestación y recuperación ambiental, estudiando aquellos modelos que puedan adaptarse a las condiciones de República Dominicana.
De esta manera, la respuesta frente a los delitos ambientales no estaría limitada a perseguir y sancionar a quienes destruyen nuestros recursos naturales.
También permitiría incorporar a miles de jóvenes rurales a la tarea de recuperar las montañas, proteger el agua y preservar los bosques de los que dependerán las próximas generaciones.