Por: Lic. Frank Hernández
No es una ley es hacer cumplir las leyes y para eso se debe de formar individuos con integridad, valores y que hagan honor a su uniforme.
Después de siete meses de estudios, consultas y debates, el Senado de la República aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una de las piezas legislativas más importantes dentro del proceso de reforma policial que impulsa el Estado dominicano.
La iniciativa busca transformar la institución, fortalecer la carrera policial, establecer mayores controles sobre el uso de la fuerza y crear mecanismos que garanticen una actuación más transparente y profesional.
La aprobación de esta ley ocurre en un contexto de profunda preocupación social por diversos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales.
El más reciente hecho fué la muerte del joven Darlin Mercado Reyes en Herrera, Santo Domingo Oeste, provocó indignación nacional, manifestaciones ciudadanas y un intenso debate sobre la necesidad de acelerar una verdadera transformación de la Policía Nacional.
Precisamente, uno de los principales objetivos de la reforma es evitar que hechos similares vuelvan a repetirse mediante reglas claras, mayor supervisión y un régimen disciplinario más riguroso.
Uno de los capítulos más importantes de la nueva legislación regula el uso de la fuerza por parte de los miembros de la institución.
La ley establece que solo podrá utilizarse cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida, preservar el orden público, impedir la comisión de delitos o cumplir decisiones judiciales.
Asimismo, dispone que los agentes deberán escoger siempre el medio menos lesivo posible, privilegiando la protección de la integridad física de las personas.
La iniciativa también fortalece la responsabilidad de los mandos superiores. Los oficiales que dirijan operativos tendrán el deber de supervisar que sus subordinados cumplan los protocolos establecidos y no podrán tolerar abusos antes, durante o después de cualquier intervención policial.
Este aspecto representa un cambio importante, pues durante años muchas denuncias se concentraban únicamente en el agente ejecutor, dejando fuera la responsabilidad de quienes dirigían las operaciones.
Otro avance significativo es la regulación de los registros preventivos.
El proyecto autoriza a los agentes a registrar personas, vehículos y pertenencias únicamente bajo circunstancias justificadas y respetando en todo momento la dignidad humana.
Además, cada procedimiento deberá realizarse con la cámara corporal del agente encendida, mientras el ciudadano tendrá pleno derecho a grabar la actuación policial con su teléfono u otro dispositivo.
La ley también incorpora sanciones severas para quienes violen estos principios. Será considerada una falta grave impedir que un ciudadano grabe un procedimiento policial o manipular sus equipos electrónicos para borrar evidencias.
Esta disposición fortalece la transparencia institucional y reconoce que las grabaciones realizadas por los ciudadanos se han convertido en una herramienta importante para documentar tanto buenas actuaciones policiales como posibles abusos de autoridad.
No obstante, la aprobación de una ley, por sí sola, no garantiza una reforma efectiva. La historia demuestra que muchas instituciones cuentan con excelentes marcos legales, pero fracasan cuando las normas no se cumplen o cuando falta voluntad para aplicar sanciones a quienes las violan.
La verdadera reforma policial deberá reflejarse en las calles, en el comportamiento cotidiano de cada agente, en la calidad de la formación recibida, en la transparencia de las investigaciones internas y en el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión.
La ciudadanía no espera únicamente nuevos artículos legales; espera una institución que actúe con profesionalismo, respeto y apego absoluto a los derechos humanos.
Asimismo, será indispensable mejorar las condiciones laborales de los policías. Un proceso de transformación requiere agentes mejor preparados, con salarios dignos, equipos adecuados, capacitación continua y oportunidades reales de desarrollo profesional.
La reforma debe ser integral, pues no basta con exigir disciplina sin ofrecer condiciones que dignifiquen el servicio policial.
La confianza entre la población y la Policía Nacional es uno de los pilares fundamentales para combatir la delincuencia.
Cuando los ciudadanos confían en sus agentes, cooperan con las investigaciones, denuncian los delitos y participan activamente en la prevención del crimen. Por el contrario, cuando predomina la desconfianza, aumenta el distanciamiento entre la autoridad y la sociedad.
La aprobación del proyecto por el Senado constituye un paso trascendental dentro del proceso de modernización institucional. Sin embargo, el verdadero éxito de esta reforma dependerá de su implementación, del compromiso de las autoridades y de la vigilancia permanente de la sociedad para garantizar que sus disposiciones se conviertan en una realidad.
Más que una nueva ley, la República Dominicana necesita una nueva cultura policial, basada en la legalidad, la ética, la transparencia y el respeto a la dignidad humana. Solo así podrá recuperarse plenamente la confianza de los ciudadanos y consolidarse una institución moderna, profesional y comprometida con la seguridad pública.
El autor es: Ciencias Sociales, Historiador, Ensayista y Columnista.