Por Pablo Vicente
Recientemente tuve la oportunidad de participar en el Seminario de Alto Nivel denominado “El fortalecimiento del sistema de protección social y la inclusión laboral en la República Dominicana: una prioridad estratégica para el desarrollo social inclusivo y sostenible”, la verdad que el seminario fue un espacio de reflexión convocado para analizar los avances y desafíos que enfrenta el país en materia de protección social. Durante el encuentro, el representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó dos grandes desafíos estructurales: el envejecimiento poblacional y la persistente informalidad laboral, factores que amenazan la sostenibilidad y la cobertura de los sistemas de seguridad social.
El envejecimiento de la población dominicana es una realidad ineludible. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), más del 13% de los dominicanos tiene 60 años o más, y se estima que para el año 2050 este grupo representará cerca de una cuarta parte de la población total. Este cambio demográfico, plantea nuevos retos para el Estado en materia de pensiones, salud y cuidados de largo plazo.
La protección social, concebida como el conjunto de políticas que buscan reducir la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad a lo largo del ciclo de vida, debe adaptarse a este nuevo contexto. Sin embargo, persisten brechas significativas: amplios sectores de la población permanecen fuera del sistema formal de cotización, debido a que más del 55% de los trabajadores se encuentran en condiciones de informalidad laboral, lo que limita su acceso a pensiones y beneficios sociales.
El representante de la CEPAL subrayó que el vínculo entre envejecimiento e informalidad representa un doble desafío. Por un lado, el envejecimiento incrementa la demanda de servicios y prestaciones sociales; por otro, la informalidad reduce las fuentes de financiamiento necesarias para sostener dichos servicios. Esta combinación puede comprometer la sostenibilidad del sistema y aumentar las brechas de desigualdad en el futuro.
Ante este panorama, urge fortalecer la articulación interinstitucional del sistema de protección social, ampliando su cobertura y asegurando su sostenibilidad financiera. Se requiere avanzar hacia políticas que promuevan la formalización laboral, incentiven la cotización y fortalezcan los programas dirigidos a las personas mayores, incluyendo servicios de salud especializados, cuidados integrales y oportunidades de participación activa.
Asimismo, resulta necesario impulsar un nuevo pacto social intergeneracional, que garantice que el progreso económico y social del país beneficie a todas las edades. La protección social no debe limitarse a la asistencia, sino orientarse a la inclusión, la equidad y la dignidad humana.
En definitiva, la República Dominicana tiene ante sí el desafío de reformar y modernizar su sistema de protección social para responder de manera integral a los cambios demográficos y laborales. Solo así se podrá avanzar hacia un modelo de desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible, donde el envejecimiento sea visto no como un problema, sino como una etapa de vida con derechos garantizados y oportunidades reales de bienestar.