Productores agrícolas de Polo anuncian demanda contra constructora COGUSA, el BID y Obras Públicas por daños a sus propiedades

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Denuncian que maquinarias pesadas irrumpieron de forma arbitraria en sus terrenos, destruyendo plantaciones de aguacate, cítricos y víveres.

Los afectados ya constituyeron un cuerpo de abogados para proceder legalmente ante los tribunales competentes.

POLO, Barahona: Propietarios de predios agrícolas de las comunidades de Los Arroyos, Bretón y Mazaco anunciaron de manera conjunta que procederán legalmente ante los tribunales competentes contra la empresa Constructora COGUSA, el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), debido a los severos daños ocasionados a sus terrenos durante los trabajos de intervención del tramo carretero Polo-El Higuero.

Según las denuncias de los productores de la zona, sus propiedades han resultado seriamente afectadas por las obras en ejecución. Los denunciantes enfatizaron que en ningún momento han otorgado autorización ni consentimiento legal a la empresa constructora para ingresar o intervenir sus terrenos. La construcción de la citada carretera es ejecutada por COGUSA, bajo el financiamiento del BID en acuerdo directo con el Ministerio de Obras Públicas.

"Sin contar con ningún tipo de permiso, maquinarias pesadas irrumpieron de forma arbitraria en nuestras propiedades, destruyendo por completo producciones agrícolas de aguacates, cítricos, víveres y otros rubros de gran valor para el sustento de nuestras familias", expresaron indignados algunos de los afectados.

Acciones legales en marcha

Informaciones obtenidas de primera mano confirman que varios de los propietarios perjudicados ya han constituido formalmente un equipo de abogados. Los profesionales del derecho se encuentran preparando los expedientes correspondientes para interponer las demandas judiciales en contra de las tres instituciones involucradas, exigiendo la reparación de los daños y el respeto a la propiedad privada.

Los agricultores y comunitarios hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes y a los representantes de los organismos involucrados para que asuman la responsabilidad por los perjuicios causados, advirtiendo que llevarán el proceso legal hasta las últimas consecuencias.

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