Un reciente debate sobre presuntas irregularidades en el sistema cooperativo dominicano ha puesto nuevamente bajo la lupa las decisiones adoptadas durante la gestión de Franco de los Santos al frente del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
Entre los señalamientos más relevantes figura el rápido incremento de nuevas cooperativas entre 2021 y 2023, periodo en el cual se aprobaron más de 1,600 entidades, una cifra sin precedentes en la historia del cooperativismo nacional. Antes de ese lapso, desde 1963 hasta 2020, apenas se habían incorporado unas 874.
De acuerdo con especialistas del sector, este crecimiento acelerado coincidió con la firma de un acuerdo entre el IDECOOP, el Banco Agrícola y el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), mediante el cual se estableció una línea de crédito de RD$600 millones a tasa cero para cooperativas agropecuarias. El convenio, rubricado en 2021 por Franco de los Santos, tenía como objetivo canalizar fondos a pequeños y medianos productores, pero hoy es citado como el punto de partida de un proceso de expansión que careció de controles efectivos.
“Lo que se buscaba era dinamizar el campo y fortalecer la asociatividad rural, pero la magnitud del crecimiento y la falta de seguimiento técnico generaron un ecosistema cooperativo difícil de supervisar”, señaló una fuente consultada vinculada al sector financiero solidario.
Analistas del área coinciden en que el problema no se limita al financiamiento, sino también a la ausencia de mecanismos de verificación sobre las cooperativas incorporadas, muchas de las cuales habrían sido creadas con propósitos ajenos a los principios cooperativos.
En medio de las denuncias públicas, diversos actores del cooperativismo dominicano han pedido que Franco de los Santos rinda cuentas sobre las aprobaciones y desembolsos realizados durante su gestión, especialmente en torno al acuerdo con el Banco Agrícola. También demandan una revisión integral de los mecanismos que permitieron la creación masiva de cooperativas en tan corto tiempo.
Mientras tanto, expertos advierten que el debate no debe centrarse en un conflicto político, sino en una revisión estructural del modelo de supervisión y fortalecimiento institucional del IDECOOP, clave para garantizar la transparencia y la sostenibilidad del movimiento cooperativo dominicano.