Distrito Nacional, República Dominicana.– La magistrada Fátima Rodríguez, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso este viernes la puesta en libertad de Camilo Joga Febrillet, conocido como “Piloto”, quien enfrentaba acusaciones por presunta violencia de género, incluyendo amenazas de muerte contra su víctima.
Durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción, el Ministerio Público presentó pruebas documentales y testimoniales, así como antecedentes vinculados al imputado, con el objetivo de sustentar la gravedad de los hechos imputados y el eventual riesgo que, según su argumentación, representaría para la seguridad e integridad de la denunciante.
Sin embargo, el tribunal decidió no imponer medida de coerción privativa de libertad, otorgándole la libertad bajo condiciones establecidas en el dispositivo judicial.
La decisión ha generado preocupación debido a que, conforme a lo expuesto en audiencia, el imputado cuenta con antecedentes relacionados con violencia de género, elemento que fue planteado como parte del sustento para solicitar una medida más severa.
El caso se produce en un contexto nacional en el que la violencia contra la mujer continúa siendo una de las problemáticas sociales más alarmantes en la República Dominicana.
Especialistas han señalado que las decisiones adoptadas en este tipo de procesos tienen un impacto directo en la percepción de protección que las víctimas depositan en el sistema de justicia, así como en la confianza ciudadana respecto a la efectividad de las medidas preventivas.
Los representantes legales de la víctima reiteraron su respeto institucional hacia el Poder Judicial, pero manifestaron inquietud por las posibles implicaciones de la decisión en términos de prevención, seguridad y garantía de no repetición.
Asimismo, informaron que evaluarán las vías legales correspondientes contempladas en el Código Procesal Penal, con el propósito de salvaguardar los derechos de la víctima y procurar su protección integral.
La violencia de género sigue siendo uno de los mayores desafíos del sistema judicial dominicano, donde cada decisión judicial adquiere una dimensión que trasciende el ámbito procesal y repercute en el debate público sobre la protección efectiva de las mujeres.