El movimiento cívico no partidista, hace un llamado a los actores económicos, al gobierno, y al sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos a evitar que personas y recursos provenientes del narcotráfico se inserten en la economía y el sistema político dominicano. Este llamado a raíz de las últimas informaciones referentes a figuras de altas esferas del empresariado y con estrechos vínculos con el poder político, principalmente, con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que actualmente lidera el Gobierno dominicano, vinculadas con actividades de narcotráfico y lavado de activo, y que han generado justificadas preocupaciones en la sociedad dominicana sobre la eficacia de los mecanismos de control del Estado, tanto de los organismos especializados de supervisión, como de los sujetos obligados, financieros y no financieros, en el marco de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, llamados a evitar que personas vinculadas con estas actividades ilícitas penetren a la actividad económica nacional. Asimismo, es urgente que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos fortalezcan los controles en sus mecanismos de afiliación y recepción de financiamiento privado, directo e indirecto, para evitar la afectación del sistema de partidos dominicano.
Participación Ciudadana, en este mismo orden, reitera su llamado a que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como candidatos de manera individual, sean considerados sujetos obligados no financieros en el marco de la Ley 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, lo que les obligaría a realizar debidas diligencias ampliadas sobre el origen de fondos de las personas que realizan aportes económicos privados para las campañas electorales, lo que dificultaría el acceso de fondos productos del narcotráfico, y de otros delitos precedentes.
En referencia al actual partido de gobierno (PRM), si bien ha emitido un comunicado oficial desligándose de las actividades ilícitas de los miembros y vinculados a esa organización política, alegando la responsabilidad penal individual de los actos que se imputan a estas personas, y de otras que ya han admitido y recibido condenas; entendemos que tiene cuota de responsabilidad en permitir el acceso a sus filas y/o al financiamiento directo e indirecto de sus actividades político-electorales, por lo que deberá tomar medidas drásticas para evitar situaciones tan escandalosas como la que hoy sufre, debido a los innumerables casos destapados en los últimos años, en su mayoría vinculados a esa organización política, como el Exdiputado Miguel Gutiérrez del PRM, condenado a 16 años de prisión en los Estados Unidos, la ex diputada Rosa Amalia Pilarte, también es exlegisladora de ese partido en la provincia de La Vega y condenada a cinco años de prisión; los legisladores Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix, y además alcaldes y regidores de ese partido, como el regidor del DN Edickson Herrera, o casos más recientes que involucran a Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, solicitados en extradición o requeridos por el gobierno de los Estados Unidos con fines, y que, además, desarrollaban actividades económicas y empresariales con relativa normalidad sin levantar alertas en los sistemas de control.
En muchos de los casos, las actividades sospechosas de parte de los hoy investigados, o condenados, formaban parte del vox populi, o rumor público, en las comunidades y círculos en los que se desenvolvían, lo que debió ser de conocimiento de sus dirigentes locales.
Por tales razones reclamamos al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, integrado por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, la magistrada Procuradora General de la República, el Ministro de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, y la Dirección Nacional de Control de Drogas, para que hagan uso del poder reglamentario que le otorga la ley, y clasifiquen a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a los candidatos, como sujetos obligados no financieros, con todos los efectos que dispone la ley.