Santo Domingo.- El abogado Manuel de Jesús Grisanty Vicioso denunció una situación que, a su juicio, afecta la seguridad jurídica, la autoridad de las decisiones judiciales y el principio de tutela judicial efectiva en la República Dominicana.
Grisanty Vicioso explicó que actuaba en representación de la parte perseguiente en un proceso de ejecución civil y que, previo a la diligencia, fueron obtenidas todas las autorizaciones legales requeridas, incluyendo la autorización de fuerza pública emitida por el Departamento de Ejecuciones Civiles y Auxilios Judiciales de la Fiscalía del Distrito Nacional, así como el auto judicial correspondiente.
Según sostuvo, la medida autorizaba el traslado, la apertura de puertas y las actuaciones necesarias para ejecutar una decisión emitida por el tribunal competente.
No obstante, afirmó que al momento de llevarse a cabo la diligencia, el fiscal actuante dispuso la paralización de la ejecución, decisión que considera excede las funciones atribuidas al Ministerio Público cuando actúa como órgano de auxilio para garantizar el orden público durante estos procedimientos.
Previo a la emisión del comunicado, Grisanty Vicioso manifestó en su cuenta de X que la ejecución de las decisiones judiciales no puede quedar sujeta a criterios improvisados durante el desarrollo de una diligencia.
“Cuando existe una orden judicial y una autorización legalmente emitida, el Estado debe garantizar su cumplimiento, el orden público y la seguridad jurídica”, expresó.
El jurista indicó que en el caso que representa se habían obtenido todas las autorizaciones necesarias para ejecutar la decisión judicial, pero que la medida fue paralizada por una actuación que considera irregular y que será sometida a investigación por las vías institucionales correspondientes.
“El Ministerio Público presta auxilio y resguarda el orden; no sustituye al juez ni revisa la legalidad de una orden judicial emitida por un tribunal competente. Defender la ejecución de lo juzgado es defender el Estado de Derecho”, manifestó.
Asimismo, advirtió que este tipo de actuaciones podría generar un precedente preocupante al permitir que una decisión judicial válida, acompañada de una autorización formal de fuerza pública, quede sin efecto por una determinación administrativa adoptada en el lugar de la diligencia.
A juicio del abogado, la ejecución de las decisiones judiciales constituye una parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva.
“Una sentencia o una autorización judicial pierde eficacia si, al momento de ejecutarse, una autoridad distinta al juez puede impedir su cumplimiento sin acudir a los mecanismos procesales establecidos por la ley”, afirmó.
Grisanty Vicioso anunció que serán apoderadas las instancias disciplinarias, administrativas y de control institucional correspondientes para investigar los hechos, determinar si existió alguna actuación irregular y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse conforme al ordenamiento jurídico.
“Apoderaremos las instancias disciplinarias y administrativas correspondientes. Lo haremos con respeto, responsabilidad y confianza en que las instituciones investigarán los hechos y corregirán cualquier desviación del debido proceso”, expresó.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades competentes a garantizar el respeto al Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el debido proceso y el cumplimiento efectivo de las decisiones emitidas por los tribunales de la República Dominicana.