Santo Domingo. — Organizaciones y ciudadanos preocupados por el deterioro del discurso público en República Dominicana han hecho un llamado urgente al Estado para que actúe frente al uso irresponsable de los medios de comunicación por parte de personas con antecedentes penales, quienes, según denuncian, difaman impunemente a figuras públicas y privadas sin enfrentar consecuencias legales.
El reclamo fue dirigido a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y a la procuraodra general, Yeni Berenice Reynoso y al presidente de la República, Luis Abinader, a quienes exhortan a intervenir ante lo que describen como una práctica creciente de linchamiento mediático protagonizado por personas con historial judicial, entre ellas Claudina Pérez Ramírez (“La Tora”) y Antonio Carbone.
Los denunciantes aseguran que estas figuras continúan utilizando espacios radiales, televisivos y digitales para realizar señalamientos graves sin pruebas, afectando la honra de empresarios, servidores públicos y ciudadanos comunes. Sostienen que la inacción de las autoridades ha permitido que este comportamiento se normalice, debilitando la credibilidad de los medios y socavando derechos fundamentales.
“Es necesario que se haga valer el marco legal vigente. No se trata de censurar opiniones, sino de establecer límites cuando se traspasa la línea del derecho a la información para entrar en territorio de difamación y descrédito personal”, expresaron en su comunicado.
Reclaman la aplicación efectiva del Código Penal, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, así como la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, todas vigentes en el país y diseñadas para proteger el honor y la dignidad de las personas en medios tradicionales y plataformas digitales.
Además, proponen medidas como la revocación del acceso a medios de comunicación para quienes utilicen estos espacios de manera sistemática para atacar a terceros, especialmente cuando existen antecedentes judiciales relacionados.
“El Estado no puede seguir siendo espectador mientras se vulnera la reputación de las personas desde cabinas y pantallas. El silencio institucional frente a este tipo de violencia simbólica envía un mensaje de impunidad”, indicaron.
La declaración cierra con un mensaje contundente: “Defender el honor es defender la justicia. La ley debe aplicarse sin excepciones ni privilegios”, en un esfuerzo por sensibilizar a la sociedad y motivar una respuesta firme por parte de las instituciones competentes.