El ocultamiento no requiere borrar cada documento, pues basta con narrar la pobreza sin mencionar a sus acreedores y presentar las intervenciones como auxilio, omitiendo sus intereses.

Por Rafael Méndez

NOTA DEL AUTOR: Este es el primero de una serie de artículos sobre el costo que pagan los pueblos por atreverse a ser libres, a partir de la historia de Haití y de las responsabilidades que los poderosos han procurado ocultar o desdibujar. La serie examinará cómo el castigo impuesto a la emancipación haitiana constituye un antecedente de los mecanismos de coerción económica y financiera utilizados contra países que desafían a las potencias dominantes, así como el papel de la manipulación informativa, amplificada hoy por las tecnologías digitales. Desde esa perspectiva, abordaremos las experiencias de Cuba, Venezuela, Irán y Rusia, atendiendo a sus diferencias históricas y a las particularidades de las sanciones, los bloqueos y las campañas mediáticas dirigidas contra ellos.

Haití conquistó su libertad, pero tuvo que pagar a quienes se la habían negado, de modo que una de las mayores hazañas emancipadoras de la humanidad terminó sometida a una exigencia monstruosa: compensar a los antiguos colonos por las pérdidas ocasionadas por la independencia. Ahí comienza una explicación indispensable de su empobrecimiento, aunque los relatos sobre el fracaso haitiano suelen pasar de la rebelión de los esclavizados a la miseria, dejando fuera a quienes cobraron por reconocer su libertad.

Por eso, cuando se presenta a Haití como un pueblo incapaz de gobernarse, corresponde preguntar cuánto de esa supuesta incapacidad fue construido mediante amenazas, endeudamiento e intervenciones, porque describir las consecuencias sin examinar sus causas convierte la historia en coartada. La tesis que aquí sostengo es que el precio impuesto a la emancipación contribuyó a debilitar al país que después sería señalado por su debilidad, mientras sus acreedores preservaban sus ganancias y sus potencias tutelares proclamaban propósitos civilizadores.

Desde esa perspectiva, Haití parece no haber tenido «paz entre las pestañas», tomando prestada la expresión con que Pedro Mir retrató el sufrimiento campesino dominicano en Hay un país en el mundo. Sin embargo, esa imagen debe conducirnos hacia responsabilidades identificables, porque atribuir las desgracias haitianas a una maldición, a su cultura o al color de su población permite eludir las decisiones políticas y económicas que restringieron sus posibilidades de desarrollo.

La libertad que los antiguos amos pusieron a cobrar

Para comprender ese recorrido conviene precisar que, mediante el Tratado de Basilea, firmado el 22 de julio de 1795, España cedió a Francia la parte oriental de la isla de Santo Domingo, pues la occidental ya era colonia francesa. Aquel acuerdo muestra cómo las potencias negociaban territorios y poblaciones desde Europa, mientras en Saint-Domingue, desde 1791, una rebelión de personas esclavizadas venía disputando en el terreno lo que ningún tratado colonial estaba dispuesto a reconocerles: el derecho a ser libres.

Cuando Jean-Jacques Dessalines proclamó la independencia el primero de enero de 1804, culminó la revolución que dio origen a la primera república negra del mundo, después de que Toussaint Louverture hubiera desempeñado un papel decisivo en la lucha. Su trascendencia desbordaba el territorio liberado, porque demostraba que quienes eran tratados como propiedad podían derrotar al poder colonial y fundar un Estado, una posibilidad que inquietaba a sociedades cuyos dirigentes todavía poseían esclavos.

El contubernio de los poderosos

Al conquistar su independencia, Haití heredó las tierras y los conocimientos agrícolas de una colonia extraordinariamente lucrativa, aunque también una infraestructura devastada por la guerra y una economía organizada alrededor de la explotación esclavista, de modo que su desafío consistía en reconstruir la producción bajo condiciones de libertad. Sin embargo, las potencias que habían obtenido beneficios de aquel sistema se resistieron a reconocer al nuevo Estado, mientras Francia procuraba cerrarle mercados y mantener abierta la amenaza de reconquista.

En ese contexto, Estados Unidos prohibió el comercio con Haití en 1806, mientras agentes franceses consiguieron restricciones en colonias neerlandesas y danesas, aunque sin eliminar los intercambios clandestinos; por su parte, Gran Bretaña combinó la negativa al reconocimiento diplomático con un comercio favorable a sus intereses. Así, entre prohibiciones, presiones y aprovechamiento mercantil, Haití tuvo que negociar su supervivencia en condiciones desiguales, mientras el reconocimiento estadounidense de su independencia no llegaría hasta 1862.

A esas dificultades se añadió la indemnización que Francia impuso en 1825, bajo la amenaza de una escuadra: 150 millones de francos, posteriormente reducidos a 90 millones, destinados a compensar a los antiguos colonos. De manera que quienes habían sufrido la esclavitud y sus descendientes quedaron obligados a financiar las reclamaciones de quienes se habían beneficiado de ella, mientras los préstamos contratados para cumplir aquella exigencia añadían intereses y nuevas dependencias, desviando recursos indispensables para atender las necesidades nacionales.

Entretanto, la distribución de tierras impulsada por Pétion y la resistencia campesina a regresar a las plantaciones favorecieron una agricultura de pequeñas propiedades, que representaba también una conquista de autonomía, aunque su posterior fragmentación y la falta de inversión limitaron sus posibilidades productivas. A ello se sumaron las concesiones y exportaciones de madera destinadas a obtener ingresos para pagar la deuda, junto al desmonte agrícola y, posteriormente, la demanda de combustible, procesos que agravaron la erosión y debilitaron las bases del desarrollo.

Del cobro colonial a la tutela extranjera

Más adelante, la intervención estadounidense hizo visible otra forma de subordinación, cuando en diciembre de 1914 fuerzas norteamericanas trasladaron a Nueva York 500,000 dólares en oro desde el banco nacional haitiano, invocando su protección. Al año siguiente comenzó una ocupación militar que se prolongó hasta 1934 e incluyó control financiero e imposiciones políticas, por lo que la potencia que decía llevar estabilidad también restringía la capacidad del pueblo haitiano para decidir sobre sus instituciones y sus recursos.

Ahora bien, reconocer esa responsabilidad externa exige también examinar a los gobernantes y grupos privilegiados haitianos que han reprimido a su población, depredado recursos o subordinado el interés colectivo a su permanencia en el poder. La injerencia extranjera y la responsabilidad interna pueden alimentarse mutuamente, de manera que reivindicar al pueblo haitiano supone cuestionar tanto a quienes lo someten desde fuera como a quienes, desde dentro, convierten su sufrimiento en oportunidad de enriquecimiento y dominación.

Por eso, el ocultamiento no requiere borrar cada documento, pues basta con narrar la pobreza sin mencionar a sus acreedores y presentar las intervenciones como auxilio, omitiendo sus intereses. Incluso la Presidencia francesa reconoció, en una declaración del 17 de abril de 2025, que aquella indemnización puso precio a la libertad haitiana; sin embargo, admitir la injusticia abre una pregunta que la memoria por sí sola no resuelve: qué responsabilidades y medidas reparadoras deben derivarse de ese reconocimiento.

En consecuencia, devolverle a Haití su historia significa reconocer su contribución a la libertad humana y defender su derecho a construir instituciones propias, con cooperación respetuosa y rendición de cuentas. Para nosotros, los dominicanos, esa comprensión puede convivir con la defensa de nuestra soberanía, porque compartir una isla no obliga a renunciar a derechos nacionales ni autoriza a despreciar al vecino. Haití merece dejar de pagar por haberse atrevido a ser libre.