Exigen a Carolina Mejia el pago de deuda

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Advierten que no permitirán que la fundación pase a mano de los poderosos

La Fundación de Saneamiento Ambiental Comunitario (Funsaco), eleva su más enérgica voz de protesta para denunciar ante la opinión pública nacional la deuda que por más de RD$25, 118,408.25 de pesos, tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional con nuestra institución, la cual se ha ido acumulando al negarse a pagar los últimos meses. Pretendiendo con esto, doblegar la voluntad de la organización y obligarla a firmar un ADENDUM al Contrato de Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, sin la mediación de una discusión y análisis previo donde se puedan conocer los términos de referencia del mismo.

El anteriormente mencionado ADENDUM en algunos de sus párrafos vulnera los derechos fundamentales de participación en una posible licitación pública o continuidad en la prestación de servicios, lo que eliminaría la participación de la comunidades de sectores desposeídos en el cabildo.

Hacemos provecho de esta ocasión para informar a toda la sociedad, que la Fundación tiene sus origines en el marco de un Convenio Internacional entre el Estado Dominicano y la Unión Europea, a través de un Proyecto Piloto que se ejecutó para el saneamiento ambiental y el combate a la pobreza en diecisiete barrios marginales de Santo Domingo (SABAMAR) con una inversión de 21 millones ochocientos mil Euros por parte de la UNIÓN EUROPEA. Cinco millones cuatrocientos mil Euros por parte del Estado Dominicano y Un millón cuatrocientos mil Euros por parte de las comunidades.

En tal sentido, nos permitimos hacer un llamado a las autoridades a la reflexión y rectificar para que le paguen la deuda a la Fundación y así contribuir con la paz, tranquilidad y sosiego de centenares de familias cuyo sustento depende de las operaciones y funcionamiento de la Fundación. Pues en caso contrario, las autoridades se estarían colocando al margen del estado de derecho vigente en el país como la Constitución y las leyes. Al tiempo de eliminar la sostenibilidad de un Convenio Internacional y romper con la política de descentralización e inversión pública para el desarrollo, y su mitigación a la deuda social acumulada con los sectores marginales de la sociedad, pautada en las cumbres mundiales de las cuales el país se ha hecho signatario.

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