SANTO DOMINGO.- El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) entregó este lunes en el Palacio Nacional más de 1,000 firmas recolectadas mediante una campaña ciudadana que solicita al presidente Luis Abinader la derogación del protocolo migratorio implementado en hospitales públicos del país.
Los representantes de la organización sostienen que los centros de salud deben mantenerse como espacios seguros donde prevalezcan el derecho a la salud, la atención médica oportuna y la protección de la vida humana, sin importar la condición migratoria de las personas.
La comisión que realizó la entrega estuvo integrada por Pablo Mella, del Centro Montalvo; Abraham Apolinario, de Cáritas Arquidiocesana; Yildalina Tatem, activista feminista; Lía Concepción, del Colectivo Migración y Derechos Humanos; y la periodista Ana Mitila Lora.
Respaldo de organizaciones sociales
La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 70 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Cáritas Arquidiocesana, Participación Ciudadana, Casa Abierta, CIPAF, CONAMUCA, CE-MUJER, Foro Ciudadano, Médicos del Mundo, OBMICA y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Durante la entrega del documento, los representantes del colectivo expresaron que los hospitales no deben convertirse en espacios para la aplicación de políticas migratorias.
“Una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria. Cuando una mujer embarazada, una madre recién parida o una familia con niños evita acudir al hospital por miedo, se pone en riesgo la vida y la salud pública”, señalaron.
Preocupación por el acceso a la salud
El CMDH considera que la presencia de agentes migratorios en centros hospitalarios puede limitar el acceso a servicios de salud, especialmente para mujeres embarazadas, niños, personas migrantes haitianas y dominicanos de ascendencia haitiana.
Asimismo, sostienen que la medida puede generar temor y desalentar la búsqueda de atención médica oportuna, con consecuencias negativas para la salud pública.
Los firmantes recordaron que la Constitución dominicana reconoce la salud como un derecho fundamental y establece la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso universal y no discriminatorio a los servicios sanitarios.
Llamado al diálogo
Aunque reconocieron la facultad del Estado para gestionar la política migratoria, los representantes del colectivo insistieron en que dicha gestión debe respetar los derechos fundamentales.
“La gestión migratoria no puede realizarse dentro de los espacios donde se protege la vida. Los hospitales deben ser lugares seguros para todas las personas que se encuentren en territorio dominicano”, expresaron.
Finalmente, el Colectivo Migración y Derechos Humanos llamó al Gobierno a retirar el protocolo migratorio en hospitales, sacar a los agentes migratorios de los centros de salud y abrir un proceso de diálogo con organizaciones sociales, personal sanitario y organismos especializados para construir políticas compatibles con la dignidad humana, la salud pública y la no discriminación.
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