Sabaneta, Santiago Rodríguez.- El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Casimiro Antonio Marte, afirmó que la comunicadora Claudia Pérez, conocida como La Tora, está realizando acusaciones sin evidencias, lo que a su juicio constituye un acto de difamación.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una actividad celebrada con motivo del Día de las Madres en el municipio de Sabaneta, donde el legislador fue consultado por periodistas sobre la controversia generada en torno a las disposiciones relacionadas con la difamación y la injuria en el nuevo Código Penal.
“La Tora es mi amiga, pero está difamando personas sin pruebas. Hay que tener cuidado con eso. Yo no quisiera que a ella la condenaran nunca”, expresó Marte.
El senador sostuvo que las acusaciones sin fundamento pueden provocar daños que trascienden a la persona señalada.
“No es solamente a mí que me hace daño; afecta a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a mis nietos y a mis vecinos. Por eso hay que tener cuidado con la difamación”, manifestó.
Durante el intercambio con los medios, Marte explicó que las disposiciones relacionadas con estos delitos se encuentran actualmente bajo análisis y que el Congreso Nacional estudia propuestas de modificación.
“Esa ley tiene aproximadamente un año en revisión. Ya se presentó una propuesta de modificación y nosotros la vamos a evaluar para determinar los cambios que sean necesarios”, indicó.
Al ser preguntado sobre la posibilidad de introducir cambios a la legislación vigente, respondió que las modificaciones pueden realizarse si existe consenso legislativo para ello.
Las declaraciones del legislador se producen en medio del debate generado por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una normativa que incorpora decenas de nuevas figuras delictivas y que ha motivado posiciones encontradas en distintos sectores de la sociedad.
Diversas organizaciones vinculadas a la comunicación, la libertad de expresión y la sociedad civil han manifestado preocupaciones sobre algunos artículos relacionados con la difamación y la ofensa, argumentando que podrían afectar el ejercicio del periodismo y la crítica hacia funcionarios públicos.
Por su parte, sectores favorables a la legislación sostienen que las disposiciones buscan proteger el derecho al honor y la reputación de las personas frente a acusaciones carentes de pruebas.