SANTO DOMINGO. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicitó al Congreso Nacional posponer la entrada en vigencia de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, con el propósito de revisar disposiciones que, a su juicio, podrían afectar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de empresa y el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.
La organización aclaró que su planteamiento no busca derogar el Código Penal ni eliminar las sanciones destinadas a proteger el honor, la intimidad y la dignidad de las personas, sino modificar artículos específicos cuya redacción considera susceptible de generar efectos inhibidores sobre el ejercicio del periodismo y la actividad de los medios de comunicación.
ADOCCO expresó preocupación por las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y por la amplitud de algunos tipos penales, al entender que podrían incentivar la autocensura entre periodistas, directores, propietarios de medios y empresas dedicadas a la comunicación.
Según la entidad, la posibilidad de imponer sanciones penales a empresas periodísticas por contenidos informativos, sin establecer criterios diferenciados que reconozcan el ejercicio legítimo del periodismo, podría limitar las investigaciones sobre asuntos de interés público y afectar el debate democrático.
La organización sostuvo que la Ley 74-25 debe armonizarse con las garantías constitucionales sobre libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información, de manera que la responsabilidad penal recaiga únicamente sobre quienes actúen con dolo comprobado y no de forma automática sobre las empresas periodísticas.
ADOCCO indicó que su propuesta se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y el ejercicio de una prensa libre e independiente.
Asimismo, llamó al Congreso Nacional a abrir un proceso de diálogo con la participación de legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, gremios periodísticos, universidades, empresas de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para consensuar las modificaciones antes de que el Código Penal entre en vigor.
La entidad advirtió que, de no recibir respuesta a su solicitud, iniciará una jornada de protestas con un plantón en el Parque Independencia, previsto 30 días antes de la entrada en vigencia de la ley.
Finalmente, ADOCCO sostuvo que una breve postergación permitiría realizar los ajustes necesarios para fortalecer la seguridad jurídica y garantizar un marco legal que proteja tanto los derechos individuales como el pleno ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información.