Por: Pablo Vicente

A partir de las elecciones de 2028, la Cámara de Diputados pasará de 190 a 170 miembros, tras la reforma constitucional de octubre de 2024. La eliminación de veinte escaños territoriales plantea una pregunta clave: ¿menos diputados significan una democracia de mayor calidad?

La reducción puede presentarse como una forma de racionalizar el Estado y disminuir costos. Sin embargo, la eficiencia no depende solo del número de legisladores, sino de su capacidad para defender los intereses ciudadanos, fiscalizar al Poder Ejecutivo y aprobar leyes pertinentes.

La nueva Cámara tendrá 158 diputados territoriales, cinco nacionales por acumulación de votos y siete representantes de la comunidad dominicana en el exterior. La Junta Central Electoral (JCE) deberá distribuir los escaños territoriales conforme a la Constitución y las disposiciones aplicables al proceso electoral de 2028.

La redistribución no será una operación meramente matemática. Cada escaño está vinculado a una comunidad, a sus necesidades y a su participación en las decisiones nacionales. Por eso, las medidas que adopte la JCE deben sustentarse en criterios objetivos, transparentes y verificables.

La Constitución garantiza que ninguna provincia tenga menos de dos diputados y establece que los 158 escaños territoriales se distribuyan proporcionalmente. Para 2028 se tomará como referencia el padrón de las elecciones congresuales de mayo de 2024. La JCE deberá aplicar estos criterios con rigor técnico, evitando decisiones que puedan generar dudas sobre la imparcialidad del proceso.

Uno de los principales riesgos es el debilitamiento de la pluralidad política. Al disminuir los escaños disponibles en determinadas circunscripciones, los partidos minoritarios y las fuerzas emergentes podrían enfrentar mayores dificultades para alcanzar posiciones en el Congreso. Por ello, es necesario examinar cuidadosamente la delimitación territorial, el método de asignación y sus efectos sobre la proporcionalidad electoral.

El debate no debe centrarse únicamente en qué provincias perderán diputados, sino en el modelo de Congreso que queremos. Un órgano legislativo más pequeño no garantiza mayor eficiencia, así como uno más numeroso tampoco asegura una democracia de mejor calidad. Lo determinante es que sus integrantes ejerzan sus funciones con independencia, responsabilidad y compromiso con el interés público.

En este escenario, la JCE tiene el desafío de conducir el proceso con transparencia y comunicación oportuna. Explicar la metodología, publicar las proyecciones y facilitar el acceso a la información permitirá que la ciudadanía y las organizaciones políticas comprendan las decisiones adoptadas y puedan evaluarlas sobre bases objetivas.

Las elecciones de 2028 pondrán a prueba la capacidad de las instituciones para gestionar este cambio sin menoscabar la pluralidad política ni la confianza ciudadana. La reducción de veinte diputaciones puede contribuir a reorganizar el Estado, pero sus resultados deberán evaluarse más allá del ahorro económico.

La calidad de una democracia no se mide por la cantidad de legisladores, sino por la capacidad de sus instituciones para garantizar la participación política, proteger el pluralismo y responder eficazmente a las demandas de la sociedad. Ese debe ser el criterio fundamental al redibujar el mapa electoral dominicano.

El autor es especialista en derecho electoral, catedrático universitario y presidente de FUJUDEL.

Correo: fujudel@gmail.com