SAN JUAN, Puerto Rico — La madre de una adolescente que falleció después de que los médicos en la República Dominicana retrasaran su tratamiento contra el cáncer debido a que estaba embarazada, está desafiando la estricta prohibición del aborto en el país.
Grupos de la sociedad civil, incluyendo una organización cristiana, se sumaron al recurso legal, argumentando que la prohibición viola los derechos a la vida, la salud, la dignidad y la igualdad, y que dichas protecciones deberían extenderse a las niñas y mujeres embarazadas.
El recurso fue presentado el miércoles ante el Tribunal Constitucional del país.
La República Dominicana tiene una de las prohibiciones de aborto más estrictas de la región, penalizándolo sin excepciones e independientemente de las circunstancias. Las mujeres enfrentan hasta dos años de prisión por abortar, mientras que los médicos o parteras podrían enfrentar de cinco a 20 años.
"Mi hija murió porque se le negó la atención médica que necesitaba. Ninguna otra madre debería tener que pasar por esto", expresó Rosa Herminia Hernández en un comunicado.
Rosaura Almonte falleció en 2012 de leucemia cuando tenía tres semanas de embarazo. Tenía 16 años, según el documento judicial.
El recurso legal busca que se permita el aborto en casos de violación o incesto; cuando la vida o la salud de la mujer o niña esté en peligro; o cuando el feto presente anomalías mortales.
"Esta acción busca algo muy simple: que ninguna mujer o niña tenga que elegir entre su vida, su salud y la ley", indicó la abogada Patricia Santana Nina en un comunicado.
Se registraron al menos 67.455 abortos desde 2019 hasta finales de 2024 en el sector de salud pública, de acuerdo con datos del gobierno. No se hizo distinción entre abortos espontáneos e inducidos.
Mientras tanto, desde junio de 2017 hasta octubre de 2022, los fiscales presentaron 62 casos penales por aborto y 16 casos por intento de aborto. La Procuraduría General de la República dejó de publicar estos datos desde noviembre de 2022.
"¿Es legítimo mantener una amenaza penal permanente contra las mujeres en emergencias médicas únicamente para expresar legalmente una postura moral?", señala la impugnación presentada el miércoles.
En 2023, una mujer con tres hijos, uno de los cuales fue producto de una violación, sufrió un aborto espontáneo e incompleto mientras estaba embarazada, según el recurso. El documento destaca que las autoridades la detuvieron durante 10 días en condiciones inhumanas a pesar de su estado, y añade que no recibió la atención médica adecuada.
"La mujer acudió a un centro de salud en busca de atención y terminó siendo privada de su libertad", indicó.
Activistas de derechos humanos afirman que a menudo son los propios proveedores de salud quienes denuncian a las mujeres ante las autoridades.
No existen estadísticas confiables sobre cuántas mujeres en la República Dominicana han muerto durante o después de un aborto clandestino.
En 2024, al menos 585 niñas de entre 11 y 14 años se convirtieron en madres, según datos del gobierno. Por otra parte, se denunciaron al menos 681 violaciones entre enero y julio de 2025, aunque los activistas señalan que la cifra de casos no denunciados es mucho mayor.
El recurso advirtió que la prohibición agrava las desigualdades existentes: las mujeres con recursos pueden buscar atención médica privada dentro o fuera del país, mientras que aquellas empobrecidas enfrentan mayores riesgos de salud y están más expuestas a ser procesadas penalmente.
"Las mujeres que son perseguidas suelen compartir condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, precariedad laboral, bajo nivel educativo o estatus migratorio", se lee en la impugnación.
