Participación Ciudadana presentó el séptimo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, dedicado exclusivamente al caso SENASA, también denominado “Caso Santiago Hazim y compartes”.
El objetivo del documento es facilitar a la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de un proceso penal de alto impacto público. El informe destaca que el caso afectó la salud del sector más vulnerable de la población y que “hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una”.
Hasta 2020 SENASA era descrito como un modelo de gestión. Según el informe, “su deterioro comenzó desde el inicio de la gestión de Santiago Hazim”. Las denuncias posteriormente dieron lugar a una investigación del Ministerio Público, cuya solicitud de medidas de coerción tiene 537 páginas. Participación Ciudadana elaboró una síntesis de 32 páginas para facilitar el acceso a la información.
Información proveniente del expediente del Ministerio Público
De manera explícita, el informe aclara que la síntesis se redacta “única y exclusivamente partiendo del contenido de la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público”, por lo que los hechos, valoraciones, cifras y calificativos jurídicos contenidos en los hallazgos corresponden al expediente penal y no constituyen valoraciones propias de Participación Ciudadana.
Principales hallazgos contenidos en el expediente
Según la acusación presentada por el Ministerio Público:
se “creó una estructura de crimen organizado”
se “obstruyó la transparencia interna”
se “crearon programas especiales fraudulentos para recibir sobornos”
se “adulteraron y falsearon los estados financieros”
y se “distrajeron fondos del SENASA, comprometiendo la solvencia de la institución”
El expediente atribuye sobornos por más de 4 mil millones de pesos y la creación de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos.
Programas utilizados para el desvío de fondos
El Ministerio Público documenta que a través del programa NUTRISALUD y otros contratos se configuró un esquema continuo de sobornos que incluyó:
entregas iniciales de RD$100 millones
transferencias por RD$529,068,000.00
nuevas entregas en efectivo por RD$536,000,000.00
pagos totales de sobornos por RD$1,165,000,000.00 hasta 2024
Asimismo, el expediente recoge la afirmación de que “a Hazim no le importaba la eficacia de la inversión en estos programas”, destacando la ausencia de evaluaciones sobre su impacto sanitario.
Privatización irregular y sobornos por servicios de atención primaria
La acusación señala que servicios de atención primaria fueron “monopolizados” por un mismo grupo empresarial mediante contratos, adendas y pagos capitaros sin mecanismos adecuados de fiscalización. Este esquema habría generado sobornos adicionales por RD$1,621,337,217.15.
Manipulación del Bordereau y de los estados financieros
El expediente sostiene que durante la gestión de Santiago Hazim se “alteraron los estados financieros con la intención de ocultar la situación financiera real”. Se describe un subregistro sistemático de reservas técnicas que falseó los reportes enviados al regulador.
Una comisión interna encontró posteriormente una diferencia oculta superior a RD$14,340,821,883.00, desmontando los estados enviados previamente.
Enriquecimiento ilícito y patrimonio
La investigación atribuye ingresos ilícitos al imputado Santiago Hazim por aproximadamente RD$2,881,337,217.15, e incluye la adquisición de bienes de lujo a través de empresas, intermediarios y mecanismos destinados a ocultar el origen de los fondos.
Calificación jurídica atribuida en el expediente
El Ministerio Público sostiene que los hechos:
“constituyen actos típicos, antijurídicos y culpables”
y los subsume en delitos tales como:
corrupción
coalición de funcionarios
prevaricación
asociación de malhechores
soborno
estafa contra el Estado
desfalco
falsificación
lavado de activos