Oliver Batía afirma que cuatro sentencias ordenan reajustar pensiones y pagar retroactivos; las reclamaciones de sus representados ascienden a más de RD$53 millones.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El ministro de Hacienda y Economía, Magín Javier Díaz, y el director general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, Juan Rosa, podrían enfrentar acciones judiciales por el alegado incumplimiento de decisiones relacionadas con el reajuste de pensiones y el pago de diferencias retroactivas, según advirtió el abogado Oliver Moisés Batía Burgos, del Centro Jurídico e Inversiones Batía Ramos.
“Mensualmente, el Estado está acumulando una deuda de RD$743,136 por concepto de retroactivo en beneficio de mis cuatro clientes. Además de eso, las sentencias mandan a pagar un 1 % de interés mensual sobre ese retroactivo”, declaró Batía.
El jurista explicó que el 1 de octubre de 2026 fueron instrumentados cuatro mandamientos de pago y puesta en mora, a requerimiento de Manuel Emilio Pérez Suárez, Carlos Jeremías Santana Montás, Juan Bautista Moreno Castro y Leocadio Valentín Lebrón Jiménez.
Según Batía, los actos conceden un plazo de cinco días hábiles para procurar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
El abogado sostuvo que, una vez agotado ese plazo, contempla ejercer nuevas acciones por el alegado incumplimiento, siguiendo las vías correspondientes a la calidad y jurisdicción de cada funcionario.
En el caso del ministro Magín Díaz, indicó que una eventual acción podría llevar el proceso ante la Suprema Corte de Justicia, mientras que el procedimiento relacionado con Jubilaciones y Pensiones seguiría la jurisdicción que corresponda.
Batía enfatizó que cualquier responsabilidad penal o patrimonial y la eventual imposición de sanciones deberán ser determinadas por los tribunales competentes.
Cuatro pensionados reclaman sus derechos
“Estamos hablando de cuatro personas de la tercera edad que dedicaron más de 30 y, en algunos casos, más de 35 años de su vida al servicio del Estado. Han tenido que acudir hasta las últimas instancias judiciales para lograr el reconocimiento de sus derechos y, aun después de obtener esas sentencias, siguen sin recibir sus retroactivos”, expresó.
Agregó que “detrás de cada expediente hay una persona que merece vivir esta etapa de su vida con dignidad y tranquilidad, sin tener que seguir luchando por lo que le corresponde”.
Las sentencias
Entre las decisiones identificadas por la representación legal figura la sentencia 0030-02-2026-SSEN-00186, del 26 de marzo de 2026, correspondiente a Santana Montás, cuyo recurso de casación, de acuerdo con los documentos citados, fue rechazado mediante la SCJ-TS-26-1444, del 31 de julio de 2026.
También figura la sentencia 0030-1643-2025-SSEN-00286, del 25 de abril de 2025, correspondiente a Moreno Castro, respecto de la cual se cita la decisión SCJ-TS-25-4238, del 26 de noviembre de 2025.
En el expediente de Lebrón Jiménez aparece la sentencia 0030-1643-2023-SSEN-00912, del 31 de octubre de 2023, y la decisión de casación SCJ-TS-25-0329, del 28 de marzo de 2025.
Para Pérez Suárez, el dispositivo aportado corresponde a la sentencia 0030-1643-2024-SSEN-00833, del 25 de octubre de 2024.
“Hemos hecho los cuatro actos de puesta en mora y mandamiento de pago para la ejecución de las sentencias. Este es el paso previo a las acciones que ejerceremos por el incumplimiento de decisiones judiciales firmes”, manifestó Batía.
Reclaman más de RD$53 millones
Las liquidaciones incorporadas a los cuatro actos, calculadas al 30 de septiembre de 2026, establecen reclamaciones por RD$18,610,958.65 para Carlos Jeremías Santana Montás; RD$11,723,895.17 para Leocadio Valentín Lebrón Jiménez; RD$7,519,357.75 para Juan Bautista Moreno Castro, y RD$15,209,422.46 para Manuel Emilio Pérez Suárez.
En conjunto, las reclamaciones ascienden a RD$53,063,634.03.
Batía explicó que las diferencias reclamadas se remontan a diciembre de 2020 y sostuvo que el monto continúa incrementándose mensualmente.
“Estamos ante sentencias que adquirieron autoridad de cosa juzgada. No estamos solicitando un favor administrativo; estamos exigiendo el cumplimiento de decisiones de los tribunales”, sostuvo.
El abogado indicó que, si persiste el alegado incumplimiento, contempla presentar acciones con constitución en actor civil. La eventual responsabilidad de los funcionarios señalados y la procedencia de cualquier sanción deberán ser establecidas por los órganos judiciales competentes
