La decisión establece responsabilidad solidaria por el incumplimiento de una sentencia de reincorporación laboral y dispone una penalidad de RD$5,000 por cada día de retraso, una vez vencido el plazo establecido por el tribunal.
SANTO DOMINGO, RD. – La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) condenó solidariamente al Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) y a su director general, Erick Alberto Guzmán Núñez, al pago de RD$1.5 millones a favor de una empleada de carrera administrativa, como reparación por los daños derivados del incumplimiento de una sentencia judicial que ordenaba su reincorporación laboral.
La decisión, identificada con el número 0030-02-2026-SSEN-00667, fue dictada el 1 de octubre de 2026, según informó la firma Centro Jurídico e Inversiones Batía Ramos, SRL, cuyo equipo de abogados representó a la demandante.
El fallo también contempla una penalidad de RD$5,000 diarios por el retraso en el cumplimiento de la orden de reincorporación, bajo las condiciones establecidas por el tribunal.
Empleada reclamó cumplimiento de sentencia de 2023
La beneficiaria de la decisión es Beata María Pérez Miliano, servidora pública de carrera administrativa que había obtenido una sentencia favorable para regresar a su puesto de trabajo.
De acuerdo con la información suministrada por sus representantes legales, el TSA determinó que el INPOSDOM y su director incumplieron la Sentencia núm. 0030-1642-2023-SSEN-00681, del 15 de noviembre de 2023.
Aquella decisión ordenaba la reincorporación de la empleada, así como el pago de los salarios y beneficios dejados de percibir.
Posteriormente, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por el INPOSDOM mediante la Sentencia núm. SCJ-TS-25-1544, del 30 de mayo de 2025, según los datos aportados por la representación jurídica de Pérez Miliano.
Los abogados sostienen que, pese a ese resultado, la institución no había ejecutado la orden judicial.
Director del INPOSDOM enfrenta responsabilidad solidaria
Uno de los aspectos centrales de la nueva decisión es la condena solidaria contra la institución y su director general.
Esto significa que, conforme a lo comunicado por la parte demandante, la obligación indemnizatoria fue impuesta tanto al organismo público como a su titular.
El abogado Oliver Moisés Batía Burgos, quien encabezó la representación legal junto con Ángelo Ramos Santana, considera que el fallo constituye un precedente importante para exigir el cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de la Administración pública.
“Con esta sentencia el Tribunal Superior Administrativo, a través de la Primera Sala, abre la puerta del nuevo derecho de ejecución de sentencias”, expresó Batía.
El jurista relacionó la decisión con el artículo 148 de la Constitución dominicana, que aborda la responsabilidad civil de las entidades públicas y sus funcionarios.
Aunque la condena es solidaria, la información suministrada no permite afirmar que el director deba pagar necesariamente la totalidad de la indemnización con recursos personales. El alcance de esa responsabilidad dependerá del contenido íntegro de la sentencia y de su ejecución.
Penalidad de RD$5,000 por cada día de incumplimiento
Además de la indemnización, el TSA dispuso una astreinte de RD$5,000 por cada día de retraso en la reincorporación de Pérez Miliano.
Según la información divulgada, la penalidad comenzará a computarse una vez transcurridos 30 días desde la notificación de la sentencia, si persiste el incumplimiento.
La orden de reincorporación contempla que la empleada regrese a su puesto con el mismo cargo y salario correspondientes a su condición de servidora pública de carrera administrativa.
La astreinte constituye una medida económica coercitiva destinada a incentivar el cumplimiento de una obligación judicial, por lo que debe distinguirse de la indemnización de RD$1.5 millones.
Abogado denuncia dificultades para ejecutar sentencias
Batía afirmó que numerosos profesionales del derecho enfrentan dificultades para lograr que las instituciones públicas cumplan las decisiones favorables obtenidas por sus representados.
“Varios colegas cuentan con procedimientos que, después de que logran sus sentencias, solo les queda guardarlas y engancharlas en un cuadro”, manifestó.
El abogado aseguró que existen más de 700 sentencias pendientes de ejecución relacionadas con actuaciones de funcionarios, ministros y directores de instituciones públicas. Esta cifra corresponde a una afirmación del jurista y no ha sido corroborada de manera independiente.
También cuestionó que determinadas autoridades invoquen la inembargabilidad de los bienes estatales como obstáculo para ejecutar las decisiones judiciales.
A juicio de Batía, el pronunciamiento del TSA puede contribuir a fortalecer los mecanismos de responsabilidad de los funcionarios frente al incumplimiento de órdenes judiciales.
Alcance de la decisión judicial
La sentencia divulgada por los abogados plantea un asunto relevante para el derecho administrativo dominicano: la responsabilidad que puede derivarse del incumplimiento de decisiones judiciales firmes por parte de organismos públicos y sus autoridades.
Sin embargo, para determinar si constituye jurisprudencia vinculante o un precedente novedoso frente a decisiones anteriores, es necesario examinar el texto íntegro del fallo y los criterios jurisprudenciales existentes.
La información recibida tampoco precisa si la decisión del 1 de octubre ha sido recurrida o si ha adquirido firmeza.
Por el momento, el caso coloca nuevamente en discusión los mecanismos disponibles para garantizar que las sentencias dictadas contra instituciones estatales se cumplan efectivamente.
