La Procuraduría y Migración detectaron impedimentos de salida vinculados a procesos concluidos, registros antiguos y errores administrativos. La depuración abarca expedientes acumulados desde 1990.

Santo Domingo, República Dominicana. Más de 56 mil registros de impedimentos de salida y alertas migratorias fueron retirados del sistema dominicano después de que una revisión conjunta de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Migración (DGM) identificara restricciones que carecían de respaldo judicial vigente o cuyos propósitos legales ya se habían cumplido.

En total, las autoridades informaron el levantamiento de 56,140 controles migratorios, una medida que busca evitar que ciudadanos continúen enfrentando limitaciones para viajar al extranjero por expedientes desactualizados o errores administrativos.

La depuración fue solicitada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, con el propósito de mantener activos únicamente los impedimentos de salida y las alertas que cuenten con sustento judicial.

Restricciones acumuladas durante más de tres décadas

La revisión comprendió registros incorporados al sistema migratorio entre 1990 y 2026, período durante el cual se acumularon expedientes que no habían sido actualizados de oficio.

Según las autoridades, el análisis permitió detectar casos relacionados con procesos judiciales concluidos, restricciones que ya habían cumplido su finalidad y registros administrativos que no identificaban adecuadamente a las personas.

Estas situaciones podían provocar que ciudadanos continuaran sujetos a controles migratorios pese a que habían desaparecido las razones legales que originalmente justificaron su aplicación.

El proceso de depuración fue desarrollado durante más de seis meses por una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio Público y la Dirección General de Migración.

Tres tipos de registros fueron priorizados

La Procuraduría requirió que se levantaran las restricciones correspondientes a tres categorías principales: los registros individualizados sin base legal, los registros históricos que no identificaban debidamente a las personas y aquellos impedimentos cuyos objetivos legales ya habían sido cumplidos.

La instrucción establece que estos controles deben ser retirados independientemente de la institución o autoridad que originalmente los incorporara al sistema.

Con esta medida, las autoridades procuran corregir deficiencias administrativas que podían afectar el ejercicio del derecho constitucional al libre tránsito.

¿Quién responde por las restricciones que permanecieron activas?

La eliminación de los registros también plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión que permitieron mantener restricciones durante años sin una actualización oportuna.

Aunque las autoridades informaron la cantidad de controles retirados, el anuncio no detalla cuántas personas intentaron viajar y fueron detenidas en los aeropuertos por esos registros, ni establece si se produjeron reclamaciones por posibles perjuicios económicos.

Tampoco se ha precisado cuántos impedimentos correspondían a errores administrativos y cuántos a procesos judiciales que ya habían concluido.

Estos aspectos resultan relevantes para determinar el alcance real de las consecuencias que pudo generar la falta de actualización de la base de datos.

Preparan nuevo sistema para diciembre

La Procuraduría y Migración anunciaron que continuarán revisando los registros hasta completar la depuración.

Paralelamente, trabajan en un nuevo sistema de interoperabilidad que permitirá coordinar la colocación y el levantamiento de impedimentos de salida entre ambas instituciones.

La entrada en funcionamiento de esa plataforma está prevista para diciembre de 2026.

Las autoridades señalaron que el procedimiento se desarrolla conforme a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y las disposiciones constitucionales que protegen la libertad personal y el libre tránsito.

La actualización busca impedir que decisiones judiciales ya cumplidas o registros sin fundamento legal continúen restringiendo la posibilidad de viajar de los ciudadanos.