Por Doctor Ramón Ceballo
La nueva ofensiva económica del presidente Donald Trump, no distingue aliados. En medio de su retórica proteccionista, su propuesta de imponer un arancel del 10% a todas las importaciones hacia Estados Unidos, incluyendo las provenientes de países socios como República Dominicana.
Como si eso no bastara, su gobierno ha decidido reactivar un plan para gravar las remesas internacionales, lo que afectaría severamente a miles de familias dominicanas que dependen del dinero enviado por sus seres queridos desde territorio estadounidense.
República Dominicana exporta cada año más de 7,000 millones de dólares a Estados Unidos, principalmente en productos textiles, tabaco, productos agrícolas, instrumentos médicos y electrónicos. Con un arancel del 10%, muchos de estos productos perderían competitividad, y se verían afectadas zonas francas, pequeñas industrias y empleos locales.
El país no solo exporta bienes, también recibe un flujo constante de remesas que, en 2024, superaron los 10,756 millones de dólares. Estas transferencias son el principal sostén económico de millones de hogares, especialmente en comunidades vulnerables del Cibao, el sur profundo y barrios marginados del Gran Santo Domingo.
Un impuesto sobre las remesas reduciría el dinero que efectivamente reciben las familias, afectando el consumo, la educación de los hijos, el acceso a salud y, por supuesto, la demanda interna. Se trata de una medida regresiva que golpea directamente a los más pobres.
A este panorama se suma un componente migratorio y humanitario de alto impacto: el riesgo de deportación de unos 270 mil dominicanos en condiciones de vulnerabilidad que residen en Estados Unidos, y la posible suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 500 mil haitianos.
Si ambas comunidades son forzadas a regresar al Caribe, República Dominicana enfrentaría una presión social y económica sin precedentes, con la necesidad de responder a un aumento abrupto de población en situación precaria.
Lo más preocupante es la indiferencia del gobierno de Trump ante la profunda crisis haitiana, lo que deja sola a la República Dominicana ante un problema regional que supera sus capacidades.
Donald Trump ha insistido en que “América debe proteger su industria”, pero sus políticas proteccionistas, lejos de castigar a los grandes competidores como China, terminan afectando a naciones aliadas, pequeñas y dependientes de la economía estadounidense.
Países como República Dominicana, que han construido relaciones comerciales estables y legítimas bajo acuerdos como el DR-CAFTA, se verían ahora penalizados por un giro político sin diálogo.
Esto envía un mensaje preocupante pues demuestra que Estados Unidos ya no es un socio comercial predecible. Cualquier tratado, por más firmado que esté, puede ser ignorado por la voluntad de un liderazgo populista que privilegia el espectáculo electoral por encima de las relaciones internacionales.
Las medidas anunciadas por Trump no solo afectan a República Dominicana, sino que pueden desatar una reacción en cadena en Centroamérica y el Caribe, generando inestabilidad regional, debilitando economías dependientes de las exportaciones y ampliando las brechas sociales.
La verdad es que ante este escenario, el gobierno dominicano debe asumir una postura firme, diplomática pero clara, articulando una estrategia que fortalezca las relaciones bilaterales con sectores del Congreso estadounidense que defienden el libre comercio y la cooperación regional.
Al mismo tiempo, se hace urgente diversificar los destinos de exportación, con mayor énfasis en Europa, América del Sur y el Caribe, así como impulsar la formalización y digitalización de las remesas para reducir el impacto de cualquier gravamen.
Además, el país debe activar con determinación los mecanismos del DR-CAFTA como instrumento legal para proteger sus intereses comerciales ante posibles medidas arbitrarias.
Es cierto que el regreso de Trump, con sus medidas económicas punitivas y su indiferencia ante los problemas humanitarios que afectan a la región, representa una amenaza seria para la estabilidad de República Dominicana.
Aranceles a nuestras exportaciones, impuestos a las remesas y un posible desborde migratorio significan menos empleos, menos ingresos y más presión social.
No se trata de alarmismo, sino de anticipación. La economía dominicana debe prepararse para enfrentar un escenario en el que su principal socio comercial actúe no como aliado, sino como adversario económico. Y en ese contexto, el país necesita liderazgo, unidad y visión estratégica.