Por Marcos Dominici
La historia no se improvisa, pero tampoco se somete a las emociones del momento. Examinar con cuidado el trayecto de las relaciones domínico-haitianas evidencia que nuestro devenir como nación no ha sido una desdichada narrativa, sino el fruto de un pulso institucional y territorial que arrastra más de trescientos años de evolución.
Como dominicanos, estamos obligados a despojarnos de la ligereza analítica y asumir el pasado con la madurez y la firmeza que exige la preservación de la soberanía nacional.
El análisis de este periplo insular depara una verdad incontrovertible: la República Dominicana nació y se ha sostenido bajo el imperio del derecho y la defensa intransigente de sus fronteras.
Desde los Tratados de Nimega y Ryswick, pasando por la precisión del Tratado de Aranjuez en 1777, la geografía nos impuso una dualidad irreversible. Fuimos el escenario donde dos proyectos de civilización y de cultura diametralmente opuestos tuvieron que aprender a colindar.
La gesta de 1844 no hizo más que ratificar en el campo de batalla lo que la identidad dominicana ya había madurado: el derecho inalienable a existir de forma libre, independiente y soberana.
El verdadero termómetro de nuestra madurez política reside en la diplomacia postindependencia. El Tratado de Paz y Amistad de 1874, junto a los acuerdos fronterizos de 1929 y 1936, demuestran que el Estado dominicano ha sabido actuar con pragmatismo patriótico, sellando con la ley lo que la espada defendió.
La frontera que hoy custodiamos, más allá de ser una línea imaginaria o una concesión graciosa, es un límite legal sagrado, refrendado por convenios internacionales ante el escrutinio del mundo.
Hoy, cuando el siglo XXI plantea desafíos que ya no son de demarcación de tierras, sino de presión migratoria, comercio desordenado y seguridad, el mandato histórico sigue siendo el mismo. Las relaciones binacionales deben gestionarse bajo el estricto apego a nuestra Constitución y a las leyes, con la mirada fija en el interés nacional.
La vecindad es una condición geográfica inevitable; la vulneración de nuestra soberanía, no.
Miremos el legado documental como el andamiaje jurídico que nos sostiene. El equilibrio de la isla depende de la fortaleza institucional de la República Dominicana.
Ser nacionalista en estos tiempos no es alimentar la estridencia estéril, sino exigir el cumplimiento de la ley y recordar que cada tratado firmado con la tinta de nuestros próceres es un compromiso eterno con el porvenir de la patria.
La República Dominicana tiene una sola dirección: la de su autodeterminación indoblegable.
El autor es analista y especialista en temas internacionales. Reside en Santo Domingo.
