Por: Maylene Cotto Andino

Para todos los hermanos y hermanas de la República Dominicana, trabajadores de museos, bibliotecas y archivos, que rescatan día a día el patrimonio documental de su bello país.

Hay países que conservan su historia en grandes monumentos, y otros que también la guardan en lugares mucho más frágiles: en un papel envejecido, en una fotografía, en una carta, en un protocolo notarial, en un registro, en un mapa, en una grabación o en un manuscrito que ha sobrevivido durante generaciones. La República Dominicana posee ambas formas de memoria. Y protegerlas no debería ser entendido como un gesto de nostalgia, sino como una responsabilidad hacia el presente y, sobre todo, hacia el futuro.

El patrimonio documental tiene una particularidad: muchas veces desconocemos su verdadero valor hasta que desaparece. Un documento perdido no siempre puede reconstruirse; una colección fragmentada pierde parte de su significado; un manuscrito deteriorado puede borrar para siempre nombres, voces y acontecimientos que ninguna otra fuente conserva. Por ello, preservar no significa simplemente almacenar. Significa identificar, catalogar, conservar, digitalizar cuando sea necesario, investigar y hacer accesible el conocimiento sin comprometer la integridad de los originales.

La propia Constitución de la República Dominicana, en su versión vigente proclamada el 27 de octubre de 2024, establece en su artículo 64 el derecho a la cultura y dispone que el patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, se encuentra bajo la salvaguarda del Estado, al que corresponde garantizar su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. No estamos, por tanto, únicamente ante una cuestión cultural: estamos ante un compromiso constitucional con la memoria colectiva.

Ese mandato adquiere una dimensión todavía más concreta mediante la estupenda Ley General de Archivos de la República Dominicana, núm. 481-08, de 11 de diciembre de 2008, que organiza el Sistema Nacional de Archivos y establece las bases para la gestión, conservación y protección de los acervos documentales y de la que muchos países, incluyendo el mío, Puerto Rico, deberían tomar ejemplo. Su Reglamento de aplicación, aprobado mediante el Decreto núm. 129-10, define expresamente el patrimonio documental dominicano e incluye, entre otros, los documentos conservados en el Archivo General de la Nación, los producidos o recibidos por los poderes públicos, organismos municipales y provinciales, universidades públicas, notarías, registros públicos de instituciones eclesiásticas y determinados archivos privados integrados en el Sistema Nacional de Archivos.

La protección de estos documentos tampoco constituye una preocupación exclusivamente dominicana. La UNESCO adoptó en 2015 la Recommendation concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in Digital Form, un instrumento internacional específicamente dedicado a esta materia. En él se recuerda que el patrimonio documental constituye un testimonio del desarrollo del pensamiento, de los acontecimientos humanos, de las lenguas y de las culturas, y se insta a los Estados a identificar los fondos en riesgo, fortalecer las instituciones encargadas de la memoria, garantizar su preservación y favorecer su acceso. La Recomendación advierte, además, de un desafío contemporáneo que ya no podemos ignorar: la conservación del patrimonio nacido digitalmente.

Porque hoy proteger la memoria significa cuidar un manuscrito de hace siglos, pero también preservar fotografías digitales, bases de datos, archivos audiovisuales y documentos electrónicos que pueden perderse silenciosamente por obsolescencia tecnológica, ausencia de copias de seguridad o sistemas inadecuados de conservación.

A esta responsabilidad se añade la lucha contra la salida y transferencia ilícitas de bienes culturales. La República Dominicana es Estado Parte de la Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, adoptada por la UNESCO en París en 1970; el país depositó su instrumento correspondiente el 7 de marzo de 1973. Este marco internacional recuerda que proteger el patrimonio también supone impedir que piezas vinculadas a la historia de una nación desaparezcan de su contexto mediante el tráfico ilícito.

Y la República Dominicana posee ejemplos extraordinarios de la trascendencia universal de sus documentos. En 2009, la UNESCO incorporó al Memory of the World Register el Documentary Heritage on the Resistance and Struggle for Human Rights in the Dominican Republic, 1930–1961. Esta colección preserva testimonios relacionados con la resistencia frente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y con las luchas por la democracia, la libertad y los derechos humanos. Muy valiente, por cierto. Su reconocimiento demuestra algo esencial: un archivo dominicano puede formar parte, al mismo tiempo, de la memoria de un país y de la memoria de la humanidad.

Pero ninguna legislación será suficiente si la sociedad contempla el patrimonio como algo distante. Hay que acercarlo a las escuelas y universidades, fomentar la investigación, apoyar a archivos y bibliotecas, continuar los procesos de digitalización y formar profesionales capaces de conservar tanto los soportes tradicionales como los digitales. También es necesario recordar que existen colecciones privadas, familiares, parroquiales, fotográficas y documentales cuyo valor histórico quizá todavía no haya sido estudiado suficientemente.

Proteger el patrimonio no significa encerrarlo. Significa conservarlo para poder conocerlo. Significa permitir que las generaciones futuras encuentren las huellas que nosotros encontramos y también aquellas que estamos produciendo hoy. Porque una nación puede reconstruir un edificio, volver a imprimir un libro e incluso reproducir una fotografía. Pero hay documentos cuya desaparición deja un silencio imposible de llenar. Y cuando se pierde definitivamente una parte de la memoria de un pueblo, no desaparece solamente un papel: desaparece una parte de aquello que ese pueblo fue, de aquello que es y de aquello que podrá contar de sí mismo mañana. Por eso llega un momento en que proteger el patrimonio deja de ser únicamente importante. Se hace indispensable.