Afirma que una omisión procesal que expone al Estado al pago de RD$2,693.9 millones debe ser investigada para establecer responsabilidades

Santiago.– El miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Raúl Martínez, solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) abrir una investigación para determinar responsabilidades por la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales en un proceso judicial relacionado con terrenos ubicados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.

Martínez reaccionó a una investigación publicada por Diario Libre, según la cual el Estado dominicano deberá pagar RD$2,693.9 millones por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos, luego de que la inactividad procesal de los abogados de Bienes Nacionales provocara la perención del recurso de casación mediante el cual la institución buscaba impugnar la condena.

El dirigente político consideró que, debido a la magnitud de los recursos públicos involucrados, el caso no debe ser tratado simplemente como un error procesal.

Reclamó establecer quiénes tenían bajo su responsabilidad el expediente, cuáles mecanismos de supervisión existían y por qué habría transcurrido el plazo legal sin realizarse las actuaciones necesarias para mantener vigente el recurso.

“Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió”, planteó Martínez.

Diferencia superior a RD$2,500 millones

De acuerdo con las informaciones citadas por Martínez, el Tribunal Superior Administrativo había establecido en RD$2,693,994,196.50 el monto a pagar a los sucesores de los antiguos propietarios de los terrenos.

Bienes Nacionales objetaba esa valoración y sostenía que el balance pendiente, debidamente actualizado, ascendía aproximadamente a RD$120.2 millones.

Sin embargo, esos argumentos no pudieron ser examinados por la Suprema Corte de Justicia debido a la perención del recurso de casación.

Martínez sostuvo que la diferencia entre ambos montos hace todavía más necesaria una investigación administrativa independiente, debido a que el Estado habría quedado impedido de discutir judicialmente una diferencia superior a RD$2,500 millones.

Pide determinar responsabilidades

Según la denuncia del dirigente opositor, la sentencia TC/0771/26, dictada por el Tribunal Constitucional el 17 de agosto de 2026, confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia que había declarado extinguido el recurso.

Martínez afirmó que durante tres años no se habría realizado la actuación procesal requerida para impulsar el expediente.

Ante esta situación, consideró que la DIGEIG debe establecer quiénes eran los funcionarios, abogados y responsables administrativos encargados del seguimiento del proceso durante ese período y determinar si existieron fallas de supervisión, negligencia u otras conductas que pudieran generar responsabilidad administrativa.

También pidió establecer si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron informadas oportunamente sobre la situación del expediente y cuáles controles institucionales existían para proteger los intereses patrimoniales del Estado.

“Los recursos del Estado son recursos de los ciudadanos. No es admisible que miles de millones de pesos puedan perderse por una actuación procesal y que simplemente se pase la página sin determinar qué ocurrió y quién tenía la responsabilidad de impedirlo”, expresó.

Martínez exhortó finalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental a actuar de oficio y presentar públicamente los resultados de cualquier investigación que realice sobre el caso.

“Este caso requiere respuestas. El país tiene derecho a saber cómo un expediente en el que estaban comprometidos casi RD$2,700 millones pudo permanecer durante años sin la actuación procesal necesaria para defender los intereses del Estado”, concluyó.