POR: JUAN PABLO BOURDIERD
Cuando en enero de 2025, Donald Trump, el primer mandatario de Estados Unidos, ratificó la Orden Ejecutiva 14176, denominada "Desclasificación de documentos vinculados a los homicidios del presidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy y el reverendo Dr. Martin Luther King Jr.", historia y relatos contados por expertos se sumergieron en un nuevo episodio. Desde aquel momento, miles de libros se volvieron anticuados y numerosas verdades oficiales empezaron a caer.
La publicación de más de 80,000 documentos previamente clasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy no solo reavivó teorías conspirativas, sino que expuso con crudeza los entresijos del espionaje internacional en plena Guerra Fría. Entre ellos, destacan archivos que vinculan a Lee Harvey Oswald con Moscú y con amenazas provenientes del gobierno cubano.
Aunque estos documentos no revelan un “secreto final” sobre el magnicidio, ofrecen una mirada detallada sobre el clima geopolítico de la época. Las tensiones entre potencias, la paranoia nuclear y la infiltración de agentes encubiertos se entrelazan en un relato que mezcla política exterior con estrategia militar.
Uno de los archivos más intrigantes es una carta enviada desde Barcelona, que ha captado la atención de historiadores por su posible conexión con el asesinato de Kennedy. Aun así, la mayoría de los documentos desclasificados se centran en vigilancia diplomática, transcripciones de llamadas y perfiles psicológicos de líderes cubanos, sin ofrecer pruebas concluyentes.
Esta apertura documental, más allá de lo estadounidense, marca un antes y un después para todos los países que alguna vez interactuaron con la hegemonía de Washington. La desclasificación de archivos se convierte en una herramienta de revisión histórica global, que puede reconfigurar narrativas nacionales y derribar mitos largamente sostenidos.
En el caso de República Dominicana, podrían citarse archivos altamente sensibles. Por ejemplo, los documentos del régimen de Rafael Leónidas Trujillo (1930–1961), que incluyen operaciones del SIM, persecuciones a opositores y atentados internacionales, como el fallido asesinato a Rómulo Betancourt en Venezuela.
Asimismo, hay registros relacionados con la intervención militar estadounidense de 1965: informes de la CIA, actas del Consejo de Estado y documentos que explican el respaldo de EE.UU. al gobierno provisional de Joaquín Balaguer. Todo ello forma parte de una historia compartida que aún busca justicia y verdad.
También podrían emerger archivos sobre violaciones a derechos humanos durante los “Doce Años” de Balaguer (1966–1978), casos de corrupción político-empresarial, represión a movimientos estudiantiles o sindicales, e incluso documentos relacionados con el fallo del Tribunal Constitucional dominicano (TC/0168/13) sobre la nacionalidad de descendientes haitianos.
Tras esta liberación masiva de información, muchas figuras históricas se ven revalorizadas o cuestionadas. Algunos intelectuales reafirman la culpabilidad de actores previamente absueltos por la historia, mientras otros defienden su inocencia, respaldados ahora por nuevas evidencias documentales.
Lo que ha hecho Donald Trump con la Orden Ejecutiva 14176 no es solo un acto de gobierno: es una patada a la historia tal como la conocíamos. Su decisión obliga a repensar lo que creemos saber, y plantea una incómoda pero necesaria pregunta: ¿cuántas verdades ocultas aún duermen en los archivos del poder?
El autor-Periodista.