Por Freddy P. Galarza
El cambio de contadores que realizan brigadas de Edenorte, Edesur y otras distribuidoras de electricidad en miles de viviendas ha sido una debacle para el bolsillo de muchos dominicanos pobres y de clase media, con la llegada de un desproporcionado aumento en sus facturas.
Las quejas contra las mencionadas distribuidoras cada vez van en aumento en todas las sucursales de las ciudades del país, donde, en algunos lugares, personas en su desesperada situación han protagonizado protestas en busca de ser escuchadas.
Desde hace unos meses, las brigadas de las empresas eléctricas están dedicadas al cambio de los contadores supuestamente en desuso, argumentando que los mismos han caducado, lo que ha provocado, según la opinión de muchos usuarios del servicio, la sospecha de que los mismos han sido arreglados para que se produzca el aumento en el consumo.
Usted solamente tiene que darse una vueltecita por cualquiera de las oficinas de las empresas distribuidoras de electricidad. Encontrará el grito de la gente ante los abusos de estas empresas que, estratégicamente, deberían estar en manos del Estado dominicano. Nunca debería pasar al control privado la distribución de la energía eléctrica.
Personas que pagaban 2 mil pesos mensuales, de repente, han recibido facturas de 12 mil pesos, para poner un solo ejemplo ante las tantas denuncias que a diario salen por las redes, sin que las autoridades, Pro Consumidor y la pantalla llamada Protecom solucionen de forma colectiva dicha situación.
La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad es una dependencia de la Superintendencia de Electricidad (SIE), creada mediante el artículo 121 de la Ley General de Electricidad, Ley 125-01, supuestamente para actuar como mediadora entre usuarios y empresas, pero son tantas las quejas recibidas de parte de la población que pocos pueden resolver su situación.
El proceso de reclamación es un poco agotador porque el cliente, antes de acudir a Protecom, tiene que presentar su reclamo directamente ante su empresa distribuidora de electricidad y, en segunda instancia, si esta no responde en un plazo de 10 días laborables, o si la respuesta es declarada improcedente y el usuario no está conforme, este puede elevar el caso a PROTECOM para su revisión.
Para muchos trabajadores y empleados resulta un poco tedioso tener que sacar parte de su horario de trabajo para lidiar con estas reclamaciones que, en algunos casos, pueden desvanecerse por agotamiento de la parte interesada.
Los abusos de Edenorte, Edesur y Edeeste no se detendrán con una simple reclamación si la gente no se organiza para reclamar sus derechos de forma colectiva al Gobierno y a estas distribuidoras eléctricas, donde, según señalamientos que deberían investigarse, algunos políticos dominicanos estarían asociados a dichas empresas.
Quiero hacer un llamado a los supervisores y brigadas de las distribuidoras de electricidad para que no se presten a posibles maniobras de manipulación de los contadores, como sospechan algunos usuarios, ni a instrucciones irregulares de quienes dirigen el negocio eléctrico dominicano.

