Ana Inoa-periodista
Desde hace años, algunos sectores insisten en la regularización de trabajadores haitianos a través de permisos temporales. Pero, ¿cuántos años puede durar un permiso “temporal” sin que se convierta en una permanencia de facto? ¿Dónde está el control real sobre estos permisos, su renovación, vencimiento o revocación? La respuesta es clara: no hay línea de seguimiento ni consecuencias visibles. Es un espejismo legal que encubre una realidad fuera de control.
Permisos que no se supervisan, se normalizan. Y mientras eso ocurre, la informalidad gana terreno en las ciudades, en los campos y en los bordes más frágiles del Estado dominicano.
Empresarios: los rostros de la doble moral
Es inconcebible que muchos de los mismos empresarios que hoy alzan la voz exigiendo control fronterizo y endurecimiento migratorio sean los que, tras bambalinas, sostienen la informalidad. Pagan en efectivo a empleados sin documentos, los alojan en construcciones, villas, fincas, apartamentos turísticos o negocios donde no se les exige ni un contrato, ni una cédula, ni una residencia. Esa es la verdadera crisis: la hipocresía estructural.
Para nadie es un secreto que los Hospitales públicos con hasta un 35% de partos atendidos a madres haitianas, aulas saturadas con estudiantes sin documentación, planes sociales con carga creciente y un sistema de salud desbordado por demandas que exceden su capacidad. El presupuesto nacional se ve cada vez más presionado por servicios que benefician a una población no registrada ni tributante. Y ante eso, nos preguntamos… ¿Por qué no se transparenta cuánto cuesta al Estado dominicano sostener este modelo permisivo? ¿Por qué seguimos evitando el debate con cifras sobre la mesa?
Se ha instalado una visión distorsionada de los derechos humanos, en la que exigir legalidad es sinónimo de xenofobia. Nada más lejos de la verdad. Una política migratoria firme no niega derechos, los ordena. Establece quién entra, cómo entra, cuánto tiempo puede quedarse y bajo qué condiciones. Para muestra un botón, Estados Unidos lo hace, España lo hace, Canadá lo hace. El que no cumple, es vetado o deportado. ¿Qué impide que la República Dominicana actúe con la misma claridad?
En países con realidades migratorias complejas, las leyes no son opcionales ni sugerencias. Australia, por ejemplo, ha blindado su frontera con sistemas de puntos, supervisión estricta y sanciones a quienes contraten mano de obra ilegal. En Canadá, el permiso de trabajo está atado a un empleador formal y una duración específica; si se incumple, se cancela. ¿Por qué no aprender de lo que funciona en lugar de seguir repitiendo el fracaso con justificaciones débiles?
Mientras la República Dominicana no envíe una señal firme y sostenida de que tiene el control de su frontera, de su política migratoria y de sus sanciones, seguirá siendo territorio fértil para el desorden. No basta con operativos momentáneos ni con discursos aislados. Se necesita una estrategia integral, firme, sin excepciones y con consecuencias reales para quienes violen la ley, incluyendo empresarios y funcionarios.
Si Estados Unidos veta a quienes afectan su armonía y presupuesto. ¿Y la República Dominicana? ¿Cuándo trazará, sin temor ni doble discurso, una línea clara, nacionalista y funcional en materia migratoria? Le dejamos estas preguntas al aire para ver si el gobierno nos da una respuesta que pueda satisfacer al país.
