El Dr. Carlos Díaz «Picasso», presidente del Proyecto Avanza República Dominicana, plantea que los inmuebles recuperados del narcotráfico sean transferidos a organizaciones comunitarias para desarrollar programas sociales.
Santo Domingo, República Dominicana. — El presidente del Proyecto Avanza República Dominicana (PAREDOM), Dr. Carlos Díaz «Picasso», presentó una propuesta dirigida al Gobierno dominicano para transformar los inmuebles utilizados como puntos de venta de drogas en espacios destinados a la educación, el deporte, la cultura y el desarrollo comunitario.
La iniciativa, denominada «De puntos de drogas a puntos sociales», plantea que los inmuebles recuperados legalmente mediante procedimientos judiciales puedan ser transferidos definitivamente a iglesias, clubes deportivos y culturales, juntas de vecinos, fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro que desarrollen actividades de beneficio colectivo.
Díaz explicó que la propuesta procura complementar la persecución del microtráfico con una estrategia de recuperación de espacios para ponerlos al servicio de las comunidades.
El presidente de PAREDOM considera que, además de enfrentar las actividades delictivas, las instituciones públicas deben evaluar mecanismos que permitan transformar los lugares utilizados para comercializar sustancias ilícitas en centros donde se promuevan oportunidades de formación, convivencia y desarrollo social.
LOS PROPIETARIOS TENDRÁN DERECHO A DEFENDER SUS INMUEBLES
Uno de los componentes principales de la iniciativa es la participación de los propietarios en los procedimientos judiciales relacionados con los inmuebles donde funcionen puntos de drogas.
Díaz plantea que, independientemente de que el inmueble sea ocupado por su propietario o se encuentre alquilado a terceros, las autoridades deberán investigar las circunstancias de cada caso y garantizar el derecho de defensa de quienes ostenten legítimamente su titularidad.
La conservación o pérdida del derecho de propiedad deberá ser determinada mediante decisión judicial, conforme a la legislación dominicana.
La propuesta establece que ningún propietario debe perder automáticamente su inmueble por el hecho de que allí se desarrollen actividades ilícitas, especialmente cuando no haya participado en ellas y esté protegido por los derechos reconocidos a terceros de buena fe.
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PRESENTARÍAN PROPUESTAS PARA RECIBIR LOS INMUEBLES
El presidente de PAREDOM plantea que los inmuebles que pasen definitivamente a propiedad del Estado puedan ser adjudicados a organizaciones sociales mediante un procedimiento público de selección.
Las entidades interesadas deberán presentar proyectos que expliquen el uso previsto de la propiedad, los servicios que ofrecerán, la población beneficiaria y los mecanismos para garantizar su mantenimiento.
La propuesta contempla dar preferencia a las organizaciones que operen en las comunidades donde se encuentren los inmuebles, aunque sin excluir a otras instituciones que presenten iniciativas viables y de impacto social.
Entre los posibles usos figuran centros de capacitación, bibliotecas, espacios deportivos, centros culturales, programas de orientación familiar y servicios de asistencia comunitaria.
TRANSFERENCIA DEFINITIVA CON GARANTÍAS DE USO SOCIAL
Díaz propone que la adjudicación de estos inmuebles no se limite a préstamos temporales, sino que permita transferir definitivamente la propiedad a las organizaciones seleccionadas.
Sin embargo, estas transferencias estarían sujetas a condiciones legales que impidan vender, hipotecar o utilizar las propiedades para beneficios particulares, así como a mecanismos de supervisión y reversión en caso de incumplimiento de sus fines sociales.
PAREDOM PLANTEA UTILIZAR LOS MECANISMOS LEGALES DEL ESTADO
El Dr. Carlos Díaz «Picasso» señaló la necesidad de que la propuesta sea examinada por las autoridades competentes, incluyendo las instituciones responsables de la persecución del narcotráfico, la administración de bienes decomisados y el Congreso Nacional.
La iniciativa contempla evaluar las disposiciones de la Ley 340-22, sobre extinción de dominio, y la Ley 60-23, sobre administración de bienes incautados, decomisados y sujetos a extinción de dominio, para determinar si resulta necesaria alguna modificación legislativa que permita adjudicar gratuitamente estas propiedades a organizaciones comunitarias.
PAREDOM plantea que la ejecución corresponda a las instituciones estatales facultadas por la legislación dominicana, garantizando transparencia, debido proceso y respeto al derecho de propiedad.
La propuesta «De puntos de drogas a puntos sociales» busca establecer una alternativa institucional para que los inmuebles recuperados legalmente de actividades vinculadas al narcotráfico puedan destinarse permanentemente a servicios que beneficien a las comunidades dominicanas.
