Por Emiliano Reyes Espejo
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El oscuro umbral se cierne, no sólo sobre la productiva provincia de San José de Ocoa; el mal se irradia a toda la región Sur.
Me referí con anterioridad al peligro que implica el descubrimiento de plantaciones de marihuana en las fértiles montañas de Ocoa. A raíz de este enfoque nos llegaron observaciones en varios sentidos. Primero, nos enrostran que no diéramos los créditos merecidos, que fuimos parcos en no reconocer el trabajo de inteligencia que realiza la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) frente a la delicada situación; y segundo, que limité la narrativa a una provincia cuando el mal se enseñorea en toda la región.
“Tú no tienes idea de lo que ocurre en el Sur Profundo (Barahona, Bahoruco, Tamayo, Vicente Noble y otras comunidades fronterizas)”, refirieron. Por allí no sólo se normaliza el tráfico y uso de drogas, sino también el trasiego de armas provenientes del cercano Haití. En estas zonas ya ha comenzado a imponerse el factor fuerza —con la indiferencia de las policías locales—, se impone la extorsión y la apropiación de manera ilícita de tierras de propiedad privada, mientras comienza a prevalecer en estas comunidades un ambiente de temor entre sus pobladores y hasta en las propias autoridades.
“La región Sur de la República Dominicana es una de las principales rutas utilizadas por el narcotráfico internacional para introducir sustancias narcóticas desde Sudamérica”, subrayan datos de fácil acceso en las redes. “Zonas costeras estratégicas, como la provincia de Barahona y las costas de Baní (provincia Peravia), son focos críticos para el trasiego de grandes cargamentos”, precisan.
Narcotráfico en el Sur
Según observadores, “los cárteles internacionales, principalmente procedentes de Colombia y Venezuela, utilizan lanchas rápidas (‘go-fast’) o avionetas para arrojar o descargar narcóticos en el litoral Sur”. Igualmente, los informes señalan que el mayor volumen incautado corresponde a cocaína y marihuana, especialmente en la costa de Barahona, la cual es considerada puerta “de acceso frecuente debido a su extensa y apartada geografía”.
Los reportes sobre los más recientes decomisos realizados en la zona, y que recogimos de diferentes fuentes periodísticas y de las redes, establecen que instituciones como la DNCD, la Armada y la Fuerza Aérea “han incautado cientos de paquetes de narcóticos en alta mar y en operaciones terrestres en Baní”.
Llamó la atención la reciente intervención de la DNCD en zonas montañosas de difícil acceso en San José de Ocoa, donde se han localizado grandes cantidades de plantas de marihuana.
Los relatos hablan también de incursiones de avionetas en la zona, desde las cuales se lanzan paquetes presuntamente de cocaína. “Se han reportado, asimismo, persecuciones de más de 8 horas frente a las costas dominicanas para interceptar lanchas rápidas que intentaban ingresar al país”.
Pago en especie e impacto en el consumo
En referencia a estos hechos, una reseña aparecida en el periódico El Día destaca en un titular: “El Sur y Barahona son las puertas por las que entra más droga al país”. “La región Sur, específicamente Barahona, es por donde ingresa más droga a la República Dominicana, debido a la cercanía y la facilidad para llegar desde Sudamérica y países del área”.
La situación se complica debido a que en ese mundo los cargamentos de drogas y los servicios de logística “se pagan en especie y a través de criptomonedas o redes complejas de lavado de dinero en efectivo”. Al parecer, los carteles de las drogas usan en la región Sur la modalidad, específicamente en Barahona, Pedernales y Baní, de “pago en especie (con la misma droga)”.
Eso explica el auge de “los puntos de drogas” en ciudades y municipios de la zona. Según explican los entendidos en la materia, “en lugar de arriesgar grandes sumas de dinero en efectivo, los carteles sudamericanos (colombianos y venezolanos) pagan a las redes locales dominicanas entregándoles un porcentaje del cargamento de cocaína o marihuana interceptado o transportado”.
“Estas redes locales (‘contactos criollos’) venden su parte del cargamento dentro de las provincias del Sur y otros puntos del país”, explican conocedores del problema, y agregan que “esto convierte la droga en efectivo de manera interna, alimentando directamente los puntos de microtráfico locales”.
También se estipula que “el dinero tras la venta de la droga se reintroduce en el Sur y el resto del país mediante la compra de bienes raíces, negocios de entretenimiento (discotecas, bares), dealers de vehículos y proyectos turísticos o comerciales”.
Informes especializados precisan que estas redes “utilizan testaferros para distanciar el origen del dinero del narcotráfico transnacional”.
La presencia de estos testaferros está creando un problema adicional: se están armando y no se limitan, en algunos casos, a lavar el dinero de las drogas sino que, además, se dedican a usar la fuerza, crear terror y temor para entonces apropiarse de bienes legítimos, específicamente terrenos. No sólo fomentan el tráfico de armas, sino que también cometen un crimen adicional: desvían a jóvenes talentos de la región de sus propósitos de superación mediante los estudios o el trabajo digno y los condenan a vivir atados a los estupefacientes.
“La criminalidad en la región Sur de la República Dominicana se caracteriza principalmente por conflictos sociales, microtráfico de drogas y riñas locales, a pesar de que el país muestra una reducción general en su tasa acumulada de homicidios”. En ese sentido, las autoridades policiales realizaron operativos “en provincias como Barahona, donde incautaron armas de fuego artesanales, sustancias controladas y armas blancas”.
Temidos “caciques locales”
Se agrega a esta realidad la existencia de los “caciques locales”, los cuales, a base de dinero, terminan asumiendo influencia y control en municipios y comunidades de la zona.
Estos caciques son especies de “supra jefes” que imponen sus voluntades frente a los demás ciudadanos, los cuales, por temor y para preservar sus vidas, evitan enfrentarlos. Igual ocurre con las autoridades municipales, policiales y judiciales. A nadie se le ocurre hacer frente a estos señores, a los cuales, “a base de billetes”, se les tiene como “personas honorables” a las que hay que respetar.
Todo el mundo sabe de dónde salen las fortunas de estos personajes y dónde están los puntos de venta de las drogas, pero la gente “mira para otro lado” porque “no quiere problemas”.
En Barahona, Bahoruco, los bateyes cañeros y Tamayo se pueden observar estos especímenes operando casi abiertamente. Entre estos han hecho presencia ex altos jefes militares y poderosos sindicatos de camioneros, los cuales han comenzado a tomar terrenos de propiedad privada, simulando compras ficticias a personas que carecen de títulos, pero que realmente son parte de esas redes opacas que operan en la zona.
Al igual que ocurre en la provincia San José de Ocoa, las autoridades deben afinar su labor de inteligencia en esta parte del Sur Profundo para prevenir que estos caciques se afiancen más de la cuenta y adquieran tanta fuerza que luego se dificulte afrontarlos sin que ello implique la ocurrencia de muertes inocentes.
No obstante, tranquiliza que el presidente Luis Abinader haya dado el mandato a la DNCD “de atacar el crimen organizado sin importar de quién se trate”. Y esa contundente orden incluye, obviamente, a las provincias, municipios y bateyes cañeros del Sur Profundo.
El autor es periodista.
