Por José Armando Toribio
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- En los últimos días, las actuaciones de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional, Dicrim, han dejado una sucesión de muertes que obliga a mirar este fenómeno más allá de las cifras y los informes policiales, porque detrás de cada nombre hay una familia que recibe una llamada, una madre que pierde un hijo, unos hijos que quedan sin padre y también agentes que regresan a sus hogares después de enfrentar situaciones de enorme peligro.
Cuando se habla de un supuesto intercambio de disparos, muchas veces la discusión termina reducida a si la persona fallecida era buscada por la justicia o si los agentes actuaron correctamente, pero pocas veces nos detenemos a pensar en el drama humano que queda después de cada operativo, en el dolor de quienes pierden a un ser querido y en las comunidades que observan cómo la violencia continúa cobrándose vidas.
En Santiago, la muerte de Cristofer Almonte Díaz, alias Niño, de apenas 19 años, es uno de esos casos que conmueven por su juventud. Según la versión policial, el joven era buscado por su presunta vinculación con un homicidio y murió durante una intervención del Dicrim, pero más allá del expediente y de las circunstancias que deberán ser esclarecidas, queda una familia enfrentando una pérdida que ya no tiene vuelta atrás.
Y aquí vale preguntarse por qué la lucha contra la delincuencia no puede detenerse. Basta mirar el reciente caso que ha estremecido a la sociedad dominicana: la esposa del merenguero y compositor Julián Oro Duro habría sido ultimada durante un hecho ocurrido en la residencia de la pareja, luego de que varios delincuentes supuestamente penetraron al lugar con la intención de robar. Una tragedia de esta naturaleza demuestra que la delincuencia no distingue hogares, profesiones ni familias y que, cuando los criminales actúan con violencia, cualquier ciudadano puede convertirse en víctima.
Lo mismo ocurre con los casos reportados en otras provincias, como los de Jorge Luis Tissol Báez, Jhoan Omar Leonardo Rodríguez y Rolando Torres Vásquez, personas señaladas por las autoridades en investigaciones o hechos delictivos y que terminaron perdiendo la vida durante intervenciones policiales. Detrás de cada uno de esos nombres existen historias familiares, personas que los conocieron y hogares que ahora enfrentan las consecuencias de una violencia que parece no tener límites.
Pero también hay que mirar al otro lado, porque detrás del uniforme de un agente del Dicrim también hay una familia que espera que ese hombre o esa mujer regrese con vida. Son policías que salen a investigar, perseguir y detener a personas consideradas peligrosas y que, en determinadas circunstancias, pueden encontrarse frente a individuos armados dispuestos a disparar. Nadie debería ignorar el riesgo que enfrentan quienes tienen la responsabilidad de combatir el crimen.
La sociedad necesita seguridad, pero también necesita justicia y humanidad. No podemos acostumbrarnos a que la muerte sea presentada como la única respuesta posible frente a la delincuencia. Cada intervención policial debe realizarse dentro de la ley y cada muerte debe ser investigada para establecer con claridad qué ocurrió, porque defender a la ciudadanía también significa garantizar que los procedimientos sean transparentes y que cualquier exceso tenga consecuencias.
El gran desafío es que el Dicrim y toda la Policía Nacional puedan hacer su trabajo con mayor inteligencia, preparación, tecnología y respeto a los derechos fundamentales, porque la lucha contra la delincuencia no puede detenerse mientras familias inocentes sigan siendo víctimas. Se necesita una Policía fortalecida, una justicia que funcione y una sociedad que no permanezca indiferente, porque al final no se trata simplemente de contar muertos, sino de evitar que más madres, esposas, hijos y familias tengan que llorar a sus seres queridos víctimas de la violencia.
