Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
El 26 de septiembre de 1985, Listín Diario publicó en su página 4 un titular que conservo: «Bosch Dice Historiadores Deforman la Verdad».
La noticia recogía las palabras de Juan Bosch durante la puesta en circulación de mi libro El Misterio del Golpe de 1963, en el Museo Nacional de Historia y Geografía.
Yo estaba allí.
Bosch cuestionaba a historiadores dominicanos entonces jóvenes que, a su juicio, deformaban la historia de su derrocamiento.
Al volver hoy sobre aquella controversia, dirijo mi mirada a tres nombres: Frank Moya Pons, Roberto Cassá y Bernardo Vega.
El recorte no los identifica como los historiadores aludidos por Bosch.
Mi interés es examinar cómo se ha contado el golpe de 1963 y qué lugar se le ha concedido al pensamiento histórico de don Juan.
Bosch fue el presidente constitucional derrocado el 25 de septiembre de 1963.
Fue también un autor que dedicó buena parte de su vida a interpretar el pasado dominicano y caribeño.
Reducirlo a un cuentista con lagunas intelectuales o académicas ha sido una constante de quienes pretenden desconocer sus aportes a la historiografía dominicana.
Juan Bosch escribió libros magistrales como Composición social dominicana, De Cristóbal Colón a Fidel Castro: el Caribe, frontera imperial, Bolívar y la guerra social y La guerra de la Restauración.
Se puede disentir de sus tesis, sus fuentes y su método. Sus libros, sin embargo, exigen una lectura detenida y una respuesta fundada.
Me pregunto si Cassá, Moya Pons y Vega han concedido a esa obra toda la atención que merece.
Moya Pons publicó en 2010 en Diario Libre un recuento de la vida de Bosch en el que reconoce algunas de sus cualidades y critica aspectos de su trayectoria. Ese texto no constituye un estudio de los cuatro libros históricos que acabo de mencionar. No basta, por tanto, para responder a mi pregunta sobre el reconocimiento de la obra intelectual de don Juan.
Cassá sí se ha ocupado de Composición social dominicana y le ha atribuido méritos, al tiempo que ha señalado límites en su investigación y sus fuentes. Esa valoración puede discutirse sobre el texto.
En cuanto a Vega, su trabajo documental sobre las relaciones entre Kennedy y Bosch y sobre el golpe de 1963 lo sitúa dentro de esta controversia.
Para juzgar lo que cada uno ha reconocido o dejado de reconocer, debemos examinar sus obras concretas.
Hay, además, una discrepancia precisa sobre los hechos.
En El pasado dominicano, publicado en 1986, Moya Pons afirmó que el gobierno dominicano apoyó a guerrilleros haitianos que debían invadir Haití.
En un artículo reciente expuse por qué los documentos estadounidenses conocidos posteriormente obligan, a mi juicio, a distinguir entre la posición de Bosch y las actuaciones clandestinas de determinados militares dominicanos vinculados a los exiliados.
Esa diferencia afecta directamente la responsabilidad que se atribuye al presidente constitucional en vísperas de su derrocamiento.
También debemos preguntarnos cómo narramos la violencia política. Explicar las causas y circunstancias de un asesinato es tarea del historiador. Otra cosa es justificarlo.
El criterio moral que se aplica a la violencia de Trujillo debe poder sostenerse ante la violencia ejercida en nombre de otras causas.
Esta discusión exige precisión incluso cuando la discrepancia es profunda. Cassá criticó por escrito la represión de Stalin y señaló las bases autoritarias del partido único bajo Lenin en su ensayo «A cien años de la Revolución Rusa», publicado en Ecos en 2018. No corresponde afirmar que guardó silencio sobre ambos. Sí corresponde preguntar cómo ha valorado otras experiencias revolucionarias, incluida la cubana, y examinar sus palabras antes de extraer una conclusión.
No reclamo que se acepte la versión de Bosch solo porque vivió los acontecimientos.
Reclamo que se lea al Bosch que investigó, escribió y discutió la historia; que sus afirmaciones y las de sus críticos se confronten con los archivos; y que se distingan las decisiones de un presidente de los actos de militares que podían desobedecerlo.
En 1985, don Juan denunció públicamente versiones del golpe que consideraba falsas.
Más de cuatro décadas después, los documentos permiten volver sobre aquella controversia.
La historia dominicana gana cuando ninguna interpretación queda a salvo de la prueba documental, tampoco la de quienes alcanzaron autoridad para contarla.
