La defensa de la estudiante de Odontología, Kimberly Zayas Martínez, demostró que los fondos eran aportes familiares, muy por debajo de los umbrales de lavado de activos.
Santo Domingo, 10 de noviembre de 2025. El Ministerio Público (MP) ha dejado atrapada en el Caso Calamar a Kimberly Zayas Martínez, una joven estudiante de Odontología que, con apenas 19 años, fue incluida en el aparatoso expediente por recibir simples aportes familiares para sus gastos universitarios.
Durante la exposición de su defensa material el pasado jueves, a cargo de su abogado Carlos Moreno, se denunció la desproporción de la acusación y la falta de pruebas que ha impactado la vida de la joven, cuya única "transacción sospechosa" fue recibir fondos de su hermano para continuar sus estudios superiores.
Una acusación sin sustento
El abogado Carlos Moreno debilitó la acusación ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, quien conoce la fase preliminar. El togado argumentó que la imputación por lavado de activos no solo carece de pruebas, sino que ignora flagrantemente la ley, ya que los montos están muy por debajo de los umbrales mínimos establecidos.
“La vida de una joven fue trastocada por transacciones que ni siquiera rozan los parámetros de operación sospechosa, que inician en los US$10,000. Estamos hablando de una acusación formulada sin cumplir la normativa, solo para engrosar un expediente”, declaró Moreno, subrayando la debilidad alarmante de la postura del Ministerio Público.
Moreno fue enfático al asegurar que en las cuentas de Zayas no existe ningún rastro de ingresos directos relacionados con las fraudulentas cesiones de crédito por pagos de expropiación, uno de los ejes centrales del expediente Calamar.
Detalle de las transacciones
Para dimensionar la falta de relevancia financiera, la defensa detalló las modestas cifras que pusieron a la estudiante bajo la acusación del órgano persecutor:
Total en 5 años: RD$675,000.
Promedio mensual: apenas RD$11,250.00
Los fondos recibidos fueron bancarizados y trazables con conceptos definidos, que cubrían matrícula, transporte y materiales académicos vitales para la carrera de Odontología, que en su mayoría eran aportes familiares. Se trata de operaciones mínimas de hasta RD$5,000 que han sido magnificadas a nivel de crimen organizado.
El vínculo familiar como única condena
El motivo real de la inclusión de la joven, según la defensa, es su vínculo familiar con el imputado Edwin Brito Martínez, su hermano, imputado como autor de cesiones de crédito fraudulentas.
La defensa criticó que la inclusión de una estudiante con fondos de origen comprobado y montos tan mínimos es una maniobra para sumar nombres al expediente, que ya cuenta con 48 imputados. Sin embargo, lo más relevante es que la defensa ha evidenciado una mala formulación de la acusación por parte del Ministerio Público, al no poder sustentar los supuestos ilícitos.
“Se ha utilizado la vida de una estudiante como peón en una compleja partida legal y sesgada”, indicó su abogado.