Santo Domingo. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), bajo la dirección de Adolfo Pérez, dio inicio a la socialización del nuevo Proyecto de Pliego de Condiciones para la contratación del almuerzo escolar de la Jornada Escolar Extendida, correspondiente a los períodos lectivos 2026–2027 y 2027–2028, marcando un antes y un después en la forma en que se contrata este servicio esencial para millones de estudiantes del sistema público.
“El reto más grande ha sido recuperar la confianza”, expresó el director Adolfo Pérez al anunciar el proceso. “Confianza en que cada proceso se realice con transparencia, eficiencia y estricto apego a la ley. Hoy damos un paso importante en esa dirección”, agregó, al invitar a proveedores, organizaciones y ciudadanía a hacer sus observaciones al pliego de referencia INABIE-CCC-LPN-2025-0045, disponible del 12 al 19 de noviembre en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y en el portal de transparencia de la institución.
Uno de los avances más relevantes es el fortalecimiento de los mecanismos de verificación y validación documental. El pliego establece que todas las certificaciones, permisos, contratos y documentos legales serán revisados exhaustivamente por el INABIE durante la evaluación. Si se detectan inconsistencias, la institución podrá requerir aclaraciones sin que esto implique modificar la oferta. En caso de mantenerse las incongruencias o comprobarse falsedad, la propuesta podrá ser rechazada y el oferente podría enfrentar las acciones legales correspondientes. Este cambio cierra el paso a empresas creadas solo para participar en procesos y garantiza que los proveedores cumplan con la normativa vigente.
Otra innovación importante es la exigencia de presentar tres facturas comerciales del último año, demostrando experiencia real en la prestación de servicios alimentarios. Esta medida protege a las MIPYMES auténticas —que tradicionalmente han sido las principales suplidoras del programa— y evita la entrada de empresas sin operaciones reales o sin capacidad técnica para sostener el servicio. Con ello, la gestión reafirma su compromiso con los pequeños y medianos negocios que diariamente trabajan este sector.
El modelo de evaluación técnica también experimenta una transformación significativa. En procesos anteriores, la capacidad instalada (cantidad y tipo de equipos) tenía un peso de 75 puntos, mientras que la inspección técnica del local solo representaba 25. Con ese esquema, el puntaje mínimo habilitante era de apenas 55 puntos, lo que permitía que un oferente pasara a la apertura del Sobre B aun cuando su operación real no cumpliera con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); bastaba con tener el capital suficiente para equipar una cocina. Ese enfoque generaba un sesgo que favorecía más al poder adquisitivo que a la calidad del servicio.
En contraste, el nuevo pliego corrige esa distorsión al otorgar mayor peso a la inspección técnica (45 puntos) y 55 puntos a la capacidad instalada, estableciendo además un nuevo mínimo habilitante de 70 puntos. Esto eleva el estándar y garantiza que ninguna empresa pueda avanzar únicamente por la cantidad de equipos que posea. Para competir, será indispensable demostrar que la cocina funciona correctamente, cumple los requisitos operativos y mantiene condiciones sanitarias adecuadas.
Asimismo, la evaluación de la capacidad instalada fue rediseñada para hacerla más realista y proporcional. Se mantienen las categorías de equipos mínimos, adicionales y opcionales, pero ahora su ponderación es más coherente con el funcionamiento verdadero de una cocina. Ya no se premia la adquisición de equipos excesivamente costosos o no esenciales; por el contrario, se priorizan los elementos básicos que permiten a una MIPYME operar con calidad y eficiencia sin imponer barreras innecesarias.
En la inspección técnica también se introducen mejoras sustanciales. Antes, la visita al local consistía en más de 120 preguntas donde aspectos triviales y aspectos críticos tenían prácticamente el mismo valor. Con el nuevo enfoque, la puntuación prioriza aquellos componentes esenciales para garantizar la inocuidad y la seguridad alimentaria: manejo de residuos, limpieza y desinfección, control de plagas, agua potable e higiene del personal. Se trata de una reforma que responde a la lógica, a la técnica y al compromiso institucional de garantizar que cada ración de comida que recibe un estudiante sea segura, nutritiva y preparada bajo condiciones adecuadas.
Como parte de su política de transparencia, el INABIE abrió este proyecto de pliego a vista pública del 12 al 19 de noviembre de 2025, invitando a proveedores, organizaciones y ciudadanía a presentar observaciones. Todas las recomendaciones serán evaluadas con rigor y podrán ser incorporadas siempre que se ajusten al marco legal de la Ley 340-06 y su Reglamento 416-23.
Con estas mejoras, la gestión de Adolfo Pérez envía un mensaje claro: el Programa de Alimentación Escolar entra en una nueva etapa donde la calidad, la transparencia y la responsabilidad institucional son prioridades innegociables. Las decisiones adoptadas fortalecen el proceso, reducen la discrecionalidad, limitan la participación de empresas sin experiencia y aseguran que las MIPYMES que realmente trabajan este servicio puedan competir en igualdad de condiciones. Más aún, estas medidas garantizan que los estudiantes reciban un almuerzo digno, seguro y oportunamente preparado.
“El trabajo en equipo, la transparencia y la eficiencia serán siempre la base de esta gestión”, reiteró el director. “Juntos, fortaleceremos la calidad del almuerzo escolar que reciben nuestros niños y niñas”.