Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
El 17 de agosto de 1996, apenas un día después de la juramentación presidencial de Leonel Fernández, se produjo en el Palacio Nacional un episodio poco conocido pero revelador de las complejas relaciones entre la soberanía institucional dominicana y los intereses de la cooperación internacional en la década de los noventa.
Aquella mañana, yo, entonces Contralor General de la República, esperaba ser recibido por el recién juramentado presidente.
El día anterior, antes del Tedeum en la Catedral de Santo Domingo, el Presidente me había dicho: “Víctor, debo conversar contigo”.
Mientras aguardaba mi turno el Sábado 17 de agosto de 1996, en el despacho presidencial se encontraba el comisario de la Unión Europea para las relaciones con los países de África, Caribe y Pacífico y responsable del Convenio de Lomé IV, el político portugués João de Deus Rogado Salvador Pinheiro.
Lo acompañaba un alto funcionario criollo, y posteriormente entró y salió también el Procurador General de la República, Abel Rodríguez del Orbe.
Al concluir la audiencia del comisario europeo, ambos visitantes salieron del despacho. En ese momento, el comisario Pinheiro y su acompañante cruzaron miradas conmigo, el Contralor, y la actitud fue interpretada como un gesto frío y cortante.
Aquella mirada no era casual ni inocente: respondía a una tensión previa que había comenzado meses antes y que giraba en torno a la investigación sobre el uso de los fondos de la Unión Europea en el marco del programa Lomé IV en la República Dominicana.
En marzo de 1996, el entonces senador Jaime Fernández Mirabal, quien más tarde sería vicepresidente de la República, había acudido formalmente al despacho de la Contraloría General con una carta firmada solicitando una investigación sobre la utilización de dichos recursos.
La petición se enmarcaba en las atribuciones constitucionales del órgano contralor, cuya misión es fiscalizar el uso de los fondos públicos y de cooperación internacional administrados por el Estado dominicano.
La investigación fue iniciada conforme a la ley, pero desde sus primeras etapas comenzaron a percibirse intentos de obstaculización.
No solo surgieron bloqueos desde sectores internos que manejaban los fondos, sino que también intervino el entonces embajador de la Unión Europea en el país, identificado como Carlos Manai, en un aparente esfuerzo por detener o moderar el curso de la auditoría.
Aquella reacción revelaba hasta qué punto la fiscalización de los recursos provenientes del Convenio de Lomé IV tocaba intereses sensibles tanto en el plano local como en el ámbito internacional.
Concluida la audiencia del comisario europeo, llegó el turno del Contralor General de la República para entrar al despacho presidencial.
El saludo fue cordial, propio de una transición institucional que apenas iniciaba. Sin embargo, la conversación derivó inmediatamente hacia el tema que había generado la tensión.
El presidente Leonel Fernández me comunicó que el comisario europeo estaba molesto conmigo. Ante la sorpresa, el Contralor solicitó explicar directamente la situación: la investigación no respondía a un capricho personal ni a una motivación política, sino al cumplimiento estricto de su responsabilidad institucional, activada por una solicitud formal de un senador de la República que era el 17 de agosto de 1996 el vicepresidente de la República.
En mi libro En la Contraloría reproduzco esa carta del Senador Fernández Mirabal.
El nuevo mandatario escuchó la explicación en un clima de respeto institucional. Comprendía que el asunto trascendía lo administrativo y se situaba en el terreno delicado de las relaciones diplomáticas con la Unión Europea, en un momento en que el país dependía en gran medida de los programas de cooperación internacional para financiar proyectos de desarrollo. No obstante, también entendía que la Contraloría debía actuar con independencia y apego a la ley.
Fue entonces cuando el presidente tomó una decisión que marcaría mi rumbo inmediato.
—Víctor recuerdo que en 1990 tú quería ser Embajador en…
“No Presidente.., no era que yo quería. Recuerde Usted que era una idea de Juan Bosch si gobernaba. Usted Canciller y yo Embajador en Washington”.
El Presidente me informó que continuaría en el cargo de Contralor General de la República por unos días más, hasta que se emitiera el decreto mediante el cual sería designado embajador, jefe de misión de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos.
La medida no representaba una sanción ni una destitución abrupta, sino una reubicación diplomática de alto nivel, coherente con una trayectoria y con la necesidad de manejar con prudencia una situación que involucraba sensibilidades internacionales.
El episodio sintetiza la compleja interacción entre la soberanía fiscalizadora del Estado dominicano, los intereses de la cooperación europea bajo el Convenio de Lomé IV y la prudencia política de un gobierno recién instalado.
En aquella escena del Palacio Nacional convergieron la mirada severa de un comisario europeo preocupado por una investigación incómoda, la firmeza institucional de un órgano de control que cumplía con su deber y la decisión estratégica de un presidente que, al tiempo que preservaba la estabilidad diplomática, proyectaba a su funcionario hacia un escenario hemisférico de mayor alcance.
Así, aquel 17 de agosto de 1996 no fue simplemente un día más en la rutina protocolar del nuevo gobierno, sino un momento en que se pusieron a prueba los límites entre el control interno del gasto público, la influencia de los organismos internacionales y la autonomía de las instituciones dominicanas.
El traslado a la jefatura de misión ante la OEA sellaría ese episodio como una transición cuidadosamente calculada entre la responsabilidad fiscalizadora ejercida en el ámbito nacional y el servicio diplomático en el plano interamericano.