SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Banco de Reservas (Banreservas) rechazó la solicitud de embargo a los fondos de la Junta Central Electoral (JCE), al amparo de la Ley 86-11 y de la Sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, que establece que las entidades de intermediación financiera no pueden inmovilizar fondos públicos, salvo que exista una sentencia con carácter definitivo, condición que, según explicó la institución, no se cumple en el presente caso.
La decisión está relacionada con el proceso judicial iniciado por la sociedad comercial Latin Events, LLC, que procura ejecutar un embargo retentivo contra las cuentas del órgano electoral.
JCE interpone recurso de apelación
La Junta Central Electoral informó que interpuso formalmente un recurso de apelación, mediante el cual citó y emplazó a la empresa Latin Events para comparecer ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La apelación, presentada el 16 de julio de 2026, responde al auto emitido el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de una sentencia extranjera promovida por Latin Events.
JCE niega haber autorizado los servicios reclamados
La institución electoral reiteró que no existe evidencia de que el Pleno ni el presidente de la JCE hayan aprobado o autorizado la contratación de los presuntos servicios que la empresa demandante afirma haber prestado.
Según explicó, este aspecto constituye un elemento esencial que deberá ser evaluado por el juez encargado del proceso de exequátur, al estar vinculado con el cumplimiento de las normas sobre contratación pública.
Defensa de los fondos públicos
La Junta Central Electoral reafirmó su compromiso con la transparencia y aseguró que demostrará ante los tribunales que la obligación reclamada por la sociedad comercial Latin Events nunca fue asumida por la institución.
Asimismo, indicó que continuará ejerciendo las acciones legales correspondientes para preservar el correcto uso de los fondos públicos del Estado dominicano.
