SANTO DOMINGO. La Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (ANIMPA) expresó su preocupación por el proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que las nuevas disposiciones podrían incrementar los costos de producción agropecuaria y repercutir en el precio de los alimentos de la canasta básica.
La organización explicó que un análisis técnico comparativo entre la Ley 225-20, la Ley 98-25 y la propuesta aprobada por el Senado muestra aumentos significativos en las contribuciones especiales que deben pagar las empresas. Según el estudio, en algunos casos los incrementos superarían el 1,000 % respecto a la legislación original, con una contribución máxima de hasta RD$3,000,000 anuales.
El presidente de ANIMPA, Pablo Trinidad Escalante, sostuvo que el impacto de la reforma va más allá de la recaudación fiscal, ya que los importadores y distribuidores de agroinsumos forman parte esencial de la cadena de producción nacional.
"Cuando aumentan de manera desproporcionada los costos operativos de las empresas que abastecen fertilizantes, semillas e insumos agrícolas, ese incremento termina afectando toda la cadena productiva y reduce la capacidad de inversión de los productores", señaló.
Escalante indicó que el sector agropecuario ya enfrenta elevados costos de energía, transporte y materias primas, por lo que nuevas cargas económicas podrían afectar la estabilidad alimentaria del país.
La entidad advirtió que el aumento de los costos de producción terminaría trasladándose gradualmente al consumidor, con posibles incrementos en productos básicos como arroz, habichuelas, plátanos, vegetales, carnes y leche.
Piden diálogo antes de aprobar la reforma
ANIMPA reiteró que respalda las iniciativas orientadas a fortalecer la protección ambiental y modernizar la gestión de los residuos sólidos, pero considera que cualquier modificación legal debe sustentarse en estudios técnicos y en un proceso de diálogo con los sectores involucrados.
En ese sentido, solicitó a la Cámara de Diputados convocar vistas públicas para escuchar a los distintos actores del aparato productivo y realizar un estudio de impacto económico y regulatorio antes de aprobar cambios a la legislación vigente.
Asimismo, propuso revisar la metodología utilizada para calcular las contribuciones especiales, con el propósito de establecer un sistema que incentive el cumplimiento ambiental sin afectar la competitividad de las empresas ni la producción nacional.
ANIMPA reafirmó su disposición de colaborar con las autoridades y el Congreso Nacional en la búsqueda de soluciones que permitan proteger el medio ambiente, fortalecer el sector productivo y preservar el bienestar de las familias dominicanas.