La República Dominicana necesita seguridad. Necesita una Policía Nacional capaz de enfrentar la delincuencia, proteger a las familias y garantizar que los ciudadanos puedan transitar por nuestras calles sin temor. Pero esa legítima aspiración no puede alcanzarse a costa del derecho a la vida ni de las garantías que establece nuestra Constitución.

Las muertes registradas durante intervenciones policiales están provocando interrogantes que el Estado dominicano tiene la obligación de responder.

Durante septiembre de 2026 se reportaron 55 fallecimientos en actuaciones policiales, mientras que en los primeros días de octubre otros 20 ciudadanos perdieron la vida en circunstancias similares, según recuentos periodísticos.

Son cifras que exigen algo más que comunicados oficiales.

Señor presidente Luis Abinader: ¿estamos frente a enfrentamientos armados legítimos o existen casos de ejecuciones extrajudiciales que todavía no han sido esclarecidos?

No corresponde a un periódico dictar sentencias ni declarar culpables a los agentes que participan en estos operativos. Tampoco podemos ignorar que los policías enfrentan delincuentes peligrosos y que tienen derecho a defender sus vidas y las de terceros cuando existe una amenaza real.

Sin embargo, una orden de arresto no es una sentencia de muerte. Una persona acusada de homicidio, robo o cualquier otro delito debe ser detenida y puesta a disposición de la justicia, siempre que las circunstancias permitan realizar esa detención sin recurrir a la fuerza letal.

La delincuencia se combate con firmeza, inteligencia, investigación criminal y respeto a la ley. No mediante castigos que sustituyan a los tribunales.

¿Quién investiga las muertes?

Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de información pública sobre los resultados de las investigaciones.

La Procuraduría General de la República, ante una solicitud periodística, no precisó cuántos casos habían sido investigados, cuántos expedientes permanecían abiertos ni cuántos agentes habían sido sometidos a la justicia.

La reserva de determinadas actuaciones judiciales puede ser legítima. Pero esa reserva no debería impedir que la sociedad conozca estadísticas generales sobre las investigaciones y sus resultados.

Si una intervención policial termina con la muerte de una persona, corresponde determinar cómo ocurrieron los hechos, quién disparó, cuáles armas fueron utilizadas y si existía una amenaza que justificara el empleo de fuerza letal.

Para ello resultan fundamentales las autopsias, los peritajes balísticos, los testimonios y las grabaciones disponibles.

Un informe policial no debe convertirse automáticamente en la conclusión definitiva de una investigación.

Las denuncias de derechos humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana ha llevado sus preocupaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando investigaciones independientes sobre fallecimientos ocurridos durante operativos policiales.

La organización plantea la posibilidad de que algunos casos constituyan ejecuciones extrajudiciales, una calificación que debe establecerse mediante investigaciones rigurosas y pruebas suficientes.

Estas denuncias no pueden despacharse como simples ataques contra la Policía. Tampoco pueden asumirse como hechos judicialmente demostrados antes de que se esclarezcan las circunstancias de cada muerte.

Lo que corresponde es investigar.

Señor presidente, la seguridad también exige transparencia

El presidente Luis Abinader tiene la responsabilidad institucional de promover una política de seguridad compatible con el Estado de derecho.

Eso no significa atribuirle responsabilidad penal por actuaciones individuales que no hayan sido investigadas. Significa exigir que, desde la dirección del Estado, se garantice una respuesta transparente ante hechos de semejante gravedad.

La ciudadanía merece conocer cuántas personas han muerto durante operativos policiales, cuántos casos han sido investigados y cuáles han sido las conclusiones del Ministerio Público.

También merece saber qué medidas se están adoptando para proteger a los agentes, mejorar los procedimientos de detención y evitar muertes innecesarias.

Una Policía profesional no se debilita cuando sus actuaciones son examinadas. Por el contrario, la rendición de cuentas puede fortalecer la confianza ciudadana y proteger a los agentes que cumplen correctamente con su deber.

La justicia no puede sustituirse por las balas

Señor presidente Abinader:

Nuestro país no puede resignarse a que las muertes durante operativos policiales se conviertan en una noticia rutinaria.

Cada fallecimiento exige una explicación sustentada en pruebas. Cada denuncia merece ser examinada. Cada agente que haya actuado legítimamente merece que una investigación objetiva así lo establezca. Y cualquier actuación ilegal debe enfrentar las consecuencias correspondientes.

No queremos una República Dominicana dominada por la delincuencia. Pero tampoco una sociedad donde la sospecha de haber cometido un delito equivalga a perder el derecho a vivir.

La seguridad ciudadana y los derechos humanos no son enemigos. Ambos son obligaciones del Estado.

La pregunta que hoy dirigimos al presidente no pretende anticipar una sentencia. Pretende reclamar una respuesta institucional:

¿Qué está haciendo el Gobierno para garantizar que cada muerte ocurrida durante una intervención policial sea investigada con independencia, transparencia y apego a la ley?

Porque combatir la delincuencia es indispensable. Pero garantizar justicia también lo es.

Y porque en una democracia, ninguna vida debe quedar fuera del alcance de la ley.

El Sol de Las Américas. La verdad siempre brilla.